El 25% del material enviado a analizar no cumplía con las condiciones contratadas. Muchas administraciones, como la Comunidad de Madrid y Puertos del Estado, distribuyeron material de protección sin control del laboratorio. Un dato que refleja el saqueo: el precio de las mascarillas FPP2 en las fábricas chinas durante los primeros meses de la pandemia osciló entre 1,3 euros y dos euros, pero los especuladores consiguieron colarlas a las Administraciones españolas hasta por ocho euros.

Nuevos casos de mascarillas defectuosas importadas de China. Esta vez, de dos autonomías: tras las duras críticas al gobierno central, ahora son la Junta de Andalucía y la Comunidad de Madrid las que tienen que retirar lotes de material (decenas de miles de mascarillas) no aptas para el uso de los profesionales. Los sindicatos piden cuarentena y tests para los sanitarios que las utilizaron.

La propiedad del inmueble es de Babia Capital SL. administrada por el fiscalista que representó a González Amador durante la investigación de la Agencia Tributaria. Cuando la sociedad compró el ático de la séptima planta, sus dueños sabían que la presidenta y su pareja iban a vivir justo debajo. González Amador escrituró la compra en la sexta planta en julio de 2022, pero no acudió al Registro de la Propiedad hasta mayo de 2023. 48 horas después de registrar la compra de la vivienda, Babia Capital SL compró el ático de la séptima planta.

El denunciado por prevaricación e investigado por la Fiscalía Europea Javier Ureña, contestó a las preguntas de Mercedes González sobre el contrato de 2.6 millones de euros que el gobierno de Francina Armengol reclamó y que los populares de Marga Prohens dejaron caducar. El chaval "no sabía lo que firmaba", no distingue entre plazos de 3 u 8 meses, no se entera de lo que sentencia la Audiencia Nacional, ni el Tribunal Supremo...un auténtico pepero pura cepa.

Los agentes de la UCO de la Guardia Civil aseguran que el exasesor Koldo García Izaguirre mantenía informado a José Luis Ábalos de "los pormenores" de las actividades de la empresa de la trama Soluciones de Gestión SL, según especifica un informe dirigido al juez que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno. Además, el dosier policial pone de manifiesto que la toma de decisiones relativas a la contratación de las mascarillas fue llevada "a cabo por elevados niveles de decisión dentro del Ministerio de Transportes".

El Senado del Estado de Carolina del Norte votó el miércoles 30-15, siguiendo la línea de los partidos, a favor de un proyecto de ley republicano que ilegalizaría el uso de mascarillas en público por motivos de salud. El proyecto de ley pasa ahora a la Cámara de Representantes, donde podría sufrir modificaciones. La propuesta de prohibición del enmascaramiento por motivos de salud forma parte de un proyecto de ley más amplio cuyo objetivo es aumentar las penas para las personas que lleven máscaras para ocultar su identidad al cometer un delito.

La Fiscalía Europea acusó a la Fiscalía Anticorrupción de no haberle facilitado una parte de la información que tenía en su poder sobre las presuntas irregularidades para la compra de mascarillas de los Gobiernos de Baleares y Canarias.El organismo con sede en Luxemburgo destaca que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, al informar sobre la compra de mascarillas de Canarias y Baleares, no aludió "a la existencia de sospechas de irregularidades en tales contratos ni se acompañó de alguno o algunos de los informes que la UCO elaboró"

El juez Ismael Moreno descarta la implicación de las empresas Globalia y Wuakalua en los hechos investigados cuando la supuesta vinculación de ambas compañías con la causa y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, han motivado la apertura de un procedimiento en un juzgado de Madrid. El juez Moreno, que ya rechazó citar a Gómez como testigo, también desestima la declaración de los responsables de ambas firmas

La Fiscalía Europea ha citado a declarar mañana lunes al exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, al que se investiga por el ‘caso Mascarillas’. A la empresa RR7, sin experiencia anterior en la importación de material sanitario (se dedicaba al comercio de coches), se le adjudicó por el procedimiento de emergencia proveer a los hospitales públicos de Canarias un millón de mascarillas FFP3, por las que recibió un pago por adelantado de cuatro millones de euros. La sanidad nunca recibió ese material

La Junta de Fiscales de Sala ha concluido este miércoles que la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, contra dos miembros de la Fiscalía Superior de Madrid por revelación de secretos ha de ser archivada sin practicar ninguna diligencia. La fiscal encargada del caso, María de la O Silva, se mostraba a favor de investigar la elaboración y emisión de la nota de prensa en la que la Fiscalía informó sobre las negociaciones que había mantenido con González en el procedimiento que sigue contra él por fraude fiscal...

“Lamento que acuse con tan poca base”, ha respondido Illa, que ha afirmado que se han realizado hasta 72 actuaciones de investigación y de auditoría en el Ministerio que dirigió entre enero de 2020 y enero de 2021 “sin ningún reproche contra ningún cargo” vinculado a ese departamento. El exministro sí ha reconocido que se realizaron compras de material sanitario “por encima de precios habituales” o a proveedores “menos conocidos”, pero ha encuadrado esas actuaciones en las necesidades de la pandemia y ha negado el “reguero de irregularidades” q

El exministro de Sanidad está citado en la comisión de investigación del Congreso el lunes 22 y en el Senado, el miércoles 24. Además, también tendrán que dar explicaciones varios nombres claves de la presunta trama de corrupción, personas que el PSOE no había incluido en un primer momento. Son, por ejemplo, Íñigo Rotaetxe (titular de Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, la empresa en el centro de la trama), José Ángel Escorial Senante (antiguo titular), Juan Carlos Cueto (considerado el cerebro de la trama por la Fiscalía Anticorrupción),

Una trama de corrupción de mascarillas señala al que fue ministro de Transportes durante la pandemia, Jose Luis Ábalos, y a la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, en el peor momento: Pedro Sánchez lidia con este caso a la vez que trata de salvar la legislatura con los independentistas y la ley de amnistía

Ninguno de los negocios de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y defraudador confeso, se entiende sin la participación de quien ha sido su mentor en el Grupo Quirón, Fernando Camino, presidente de la filial de Prevención del gigante sanitario. Según fuentes del sector, Camino conoció a González Amador hace una década trabajando ambos en el mundo de las mutuas y es el directivo que le ha abierto las puertas en la consultoría sanitaria en el Grupo Quirón. A lo largo de los últimos años también le ha prop

Koldo García asegura haber actuado “con la única intención de ayudar” durante le pandemia mientras era asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y niega, en una entrevista con El Mundo, que alguien en ese ministerio cobrara “un duro” por la venta de material sanitario. “Ni yo, ni Ábalos ni nadie del Ministerio ha cobrado un duro y yo puedo justificar mi patrimonio con mi sueldo”, asegura Koldo García.

El Govern de Marga Prohens dejó caducar el expediente de reclamación de 2,6 millones de euros por el lote de mascarillas defectuosas contra la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas, imputada en el llamado caso Koldo, a pesar de haber afirmado durante semanas que seguía abierto. El IB-Salut anunció que desistía del procedimiento cuando ya había caducado.