La guerra de los jueces la estamos viviendo en España a tope, en unos niveles absolutamente preocupantes, porque la intromisión de jueces en cuestiones políticas ha sido tradicional en Estados Unidos y en muchos sitios, pero aquí está alcanzando unos niveles... Que 1300 jueces y juezas de la Asociación Profesional de la Magistratura se pongan, casi sediciosamente, pero sin tumulto, a las puertas de los juzgados para descalificar no tanto la ley de amnistía sino al presidente del Gobierno y a los independentistas catalanes es una cosa muy grave.

El acuerdo de la autoridad disciplinaria, aprobado por unanimidad por la Comisión Permanente, afirma que "mostrar preocupación por la separación de poderes y la independencia judicial carece de trascendencia disciplinaria"

La juez alega que era “urgente” ponerle la baliza y que la policía no tuvo tiempo de avisar a la autoridad judicial.

La Consellería de Economía e Industria ha publicado en los últimos días sendos anuncios en los que se procede a suspender expropiaciones en relación con el parque eólico de Meirama, en el municipio coruñés de Cerceda, proyectado por Naturgy en la zona tras el cierre de la central térmica.

¿Qué ha pasado? Que un grupo de religiosas de Belorado y Orduña han provocado un seísmo en la Iglesia española. Uno lo suficientemente fuerte como para colarlas en el prime time televisivo, viralizarse en redes e incluso provocar una airada respuesta del arzobispo de Burgos y el obispo de Vitoria. ¿El motivo? Muy sencillo: hace unos días las monjas, un grupo de 16 clarisas famosas hasta entonces por sus trufas y lideradas por sor Isabel de la Trinidad, publicó un mensaje en el que anunciaban su ruptura con la Iglesia de Roma y el Papa.

Vicente Guilarte sostiene que el PSOE “no puede tomar en serio” esa propuesta que, a su juicio, supone “destrozar la separación de poderes”

El magistrado emérito del Tribunal Supremo dice que ello nace de una “resistencia numantina” de PP y PSOE “para no renunciar a esa sustanciosa tarta de los tres quintos que les permite repartirse los vocales” del órgano de gobierno del poder judicial, que lleva cinco años y cinco meses caducado por el bloqueo del PP con la aquiescencia del PSOE.

En apenas dos meses se han producido casi una veintena de asaltos en el depósito judicial de Campanillas, el último esta misma madrugada, según ha denunciado el funcionario del recinto, Juan Antonio Izquierdo. Una situación que, según subraya, es preocupante puesto que los responsables de estos robos estás sustrayendo pruebas que están bajo custodia por la apertura de distintos procedimientos que están pendientes de juicio.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en funciones, el conservador Vicente Guilarte, considera que los vocales no son responsables de la situación de bloqueo en la que se encuentra desde hace cinco años el órgano de gobierno de los jueces y que, en consecuencia, no deberían renunciar a sus cargos para forzar la renovación que impide el Partido Popular.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha dado a conocer este sábado que ha denunciado al general y al coronel responsables del operativo de Barbate (Cádiz) en el que dos guardias fueron asesinados tras ser embestidos por una narcolancha, bajo el argumento de que podría haberse infringido la normativa de riesgos laborales. Un caso de interés para Ceuta.

Patricia Ramírez, la madre del niño Gabriel Cruz que fue asesinado por la entonces pareja de su padre, Ana Julia Quezada, ha anunciado este sábado que va a emprender una serie de acciones judiciales para intentar frenar la producción y emisión de un documental relacionado con el caso de su hijo, el cual contaría con la participación directa de su asesina pese a que la misma cumple una pena de prisión permanente revisable en la cárcel de Brieva (Ávila).

Aunque el Consejo General del Poder Judicial (el órgano de gobierno de los jueces) lleva cinco años y cinco meses con su mandato caducado, esta anomalía constitucional no ha impedido que el presidente y sus vocales hayan seguido con sus funciones y gastando parte del presupuesto de la institución en viajes y alojamientos. De hecho, la Unidad de Gestión Presupuestaria y Contabilidad del CGPJ ha facturado 6.422.658 euros en desplazamientos en solo tres años, 2018, 2019 y 2022

El Juzgado de Instrucción número 5 de Catarroja se vió obligado a sobreseer actuaciones contra 6 presuntos narcos por el intento de secuestro de un camionero en 2020 al intentar recuperar un alijo de 1.860 kg de cocaína que entró por el puerto de València. El juez instructor declaró nulas todas las pruebas contra estos 6 procesados, entre los que hay un Policía Nacional de la unidad antinarcóticos (Udyco) que presuntamente facilitaba información a la organización, al reconocer que las actuaciones se hicieron tras el plazo máximo de instrucción.

La principal novedad es que no se va a contar, para nada, con el parecer de las asociaciones judiciales conservadoras las cuales han sido beligerantes con la izquierda y a las que se consideran responsables del bloqueo del CGPJ por parte de la derecha conservadora durante cinco años y medio por la postura maximalista que mantienen tendente a que sean los jueces los que designen a los vocales en elección directa. Se manejan otras alternativas parecidas a las vigentes en los países europeos.

Apenas 150 guardias civiles pusieron en jaque al narcotráfico en el Sur de España. Quizá por eso, cuando el Ministerio del Interior decidió a principios de 2022 desmantelar el Órgano Coordinador de Operaciones contra el Narcotráfico, más conocido como OCON Sur, hubo brindis con champán en el lado oscuro de la frontera. El OCON se creó en 2018 para intentar recuperar el vilipendiado principio de autoridad y sus números fueron espectaculares.

Madre ha sido despojada de la patria potestad de su hija de diez años, enviada a un centro de menores. Distintas voces, todas ellas de madres o familiares de menores que tienen que efectuar entregas de sus allegados en el Punto de Encuentro de Pontevedra, se han puesto en contacto con este periódico para formular su disconformidad con lo que allí sucede. "Se llevan a los niños por la fuerza", señalan.

La Asociación Profesional de la Magistratura y la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) han instado este lunes a los dos principales partidos políticos del país --PSOE y PP-- a que lleguen a un acuerdo para poder avanzar en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). "Tendrá que ser posible (...) la situación es insostenible", ha señalado la presidenta de la APM, María Jesús del Barco.

Como ciudadano alarmado por las consecuencias de acciones judiciales que pueden y pretenden acabar con un Gobierno legítimamente constituido, como ha ocurrido últimamente en Brasil o en Portugal, y ahora estamos viendo con un descaro absoluto en nuestro país, hago mío su deseo de vivir en paz dentro del sistema democrático que los españoles nos hemos dado y me permito recordarle, para terminar, que no fueron los partidos políticos –mucho menos los jueces– los que trajeron la Democracia a España. Fueron los ciudadanos los que......

Fiasco en el juicio a los miembros de la banda motera de los Ángeles del Infierno que traficaban con marihuana y hachís desde Noreña y Oviedo. Ocho de los acusados han tenido que ser absueltos por la Audiencia Nacional debido a un flagrante error judicial. Un Juzgado de Siero tendría que haberles tomado declaración, en noviembre de 2016, cuando fueron detenidos, pero es que luego se dejó caducar la instrucción en julio de 2018, de forma que, cuando se les tomó declaración en 2019 ya no podían realizarse más diligencias de investigación.

El portavoz de Sumar, Enrique Santiago, ha exigido al PSOE dejar atrás su “cobardía” y reaccionar ante la “degradación” de la justicia, por lo que considera el uso partidista de la derecha, empezando por reformar el el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), sea limitando sus competencias o cambiando el sistema de renovación, incluso por la vía de rebajar la mayoría parlamentaria necesaria para elegir a vocales.