Una recentísima sentencia del Tribunal Supremo ha confirmado que el derecho fundamental a la indemnidad sigue existiendo tras finalizar la relación laboral. Este derecho significa que las represalias que sufra el trabajador a consecuencia de demandar o denunciar a la empresa deben ser anuladas e indemnizadas por los tribunales. El derecho fundamental a la indemnidad es violado por la empresa no solo cuando despide al trabajador por haberla demandado o denunciado previamente sino también por falta de contratación posterior por la misma causa.

En España hubo 9.537 personas que denunciaron ser víctimas de delitos sexuales en 2017 y casi la mitad de ellos (4.542) fueron menores de edad, según un informe del Ministerio del Interior sobre los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, el primero que se hace al respecto. El informe muestra un claro incremento en los últimos años de las denuncias de delitos sexuales y en especial de la ciberdelincuencia sexual y de los abusos sexuales con penetración, que se han duplicado desde 2012, al pasar de 351 a 731 casos conocidos.