La Plataforma Anti-Incieración de Gipuzkoa ha llevado a cabo este domingo, un año más coincidiendo con las regatas, una cadena humana en la playa de La Concha de Donostia contra la incineradora de Zubieta. También ha mostrado su rechazo a los proyectos de plantas de revalorización de residuos de la industria papelera en Bergara y de plásticos en Zumarraga.

La zona más contaminada en esta investigación de biomonitorización está en Madrid, en el entorno de Valdemingómez, una de las incineradoras de residuos más antiguas de Europa. Los niveles más altos de dioxinas medidos en estudios de biomonitorización de ToxicoWatch en Europa han sido los de los musgos de Valdemingómez. Para árboles de hoja perenne (pino y ciprés) sucede algo similar, las dioxinas y los PAH vuelven a registrar el nivel más alto de esta investigación, igual que sucedió en el estudio de biomonitorización en 2021.

Están dando mucho que hablar el impuesto sobre los envases de plástico no reutilizables y el impuesto sobre depósito de residuos en vertederos, incineración y coincineración de residuos. Ambos se deben una prioridad en la gestión de residuos que, a la vista de los resultados, no estamos aplicando. En los próximos meses veremos si los distribuidores de productos envasados apuestan realmente por la sostenibilidad o se limitan a trasladar a sus clientes el impuesto vía precios.

Uno de los hijos denuncia que no pudieron despedirse de su madre y la familia emprenderá acciones legales.

Ucrania denunció este miércoles el “genocidio” de la población de Mariúpol, la ciudad devastada por los ataques rusos. Según las autoridades locales, las fuerzas de Vladimir Putin trasladan 13 crematorios móviles para no dejar rastros de los civiles muertos, que oscilan entre 20 mil y 22 mil. “Genocidio de ucranianos en Mariúpol: asesinatos, redadas, deportaciones”, señaló la comisaría para los Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Lyudmila Denísova. Según datos preliminares de la región de Donetsk, entre 20 mil y 22 mil personas murieron

El modelo Sogama sigue reinando en Galicia a pesar de las denuncias ambientales, la quema sistemática de basura y una tasa de reciclaje ínfimo. Las cifras de la empresa ni siquiera encajan con las del Gobierno central. La continuidad se explica en el negocio millonario de la incineración, que mantiene viva esta compañía formada por Naturgy y la propia Xunta.

El gobierno de Dinamarca está ahora considerando exhumar e incinerar los restos de millones de visones sacrificados después de que los cadáveres en descomposición comenzaran a emerger de una tumba cavada apresuradamente. Tras detectarse una versión mutada de Covid-19 en los animales, la primera ministra, Mette Frederiksen, anunció un sacrificio de gaseado masivo, a principios de noviembre ,de los aproximadamente 15-17 millones de visones en Dinamarca.

El portavoz de la formación naranja en Illescas, Raúl Casla, ha explicado que un crematorio humano emite gases de combustión que son canalizados a la atmósfera generando gases con una gran cantidad de compuestos y partículas tóxicas. "Si a esto se añade que, debido a las prisas y circunstancias actuales no se pueden estar retirando los dispositivos médicos que pueda contener los cadáveres como marcapasos, implantes, empastes, tornillos o piercings, puede perjudicar o alterar aún más el proceso de cremación y con ello, sus efectos perjudiciales"

Luciano murió el pasado 24 de marzo tras permanecer siete días hospitalizado en el Gómez Ulla afectado de coronavirus.

Solo sabemos que quien la descuartizó era veterinario, que la víctima era su esposa y que el cuerpo fue quemado. Lo demás, es todo un misterio. De hecho, si se fijan, aún no he dicho nada de que él la matara. Conocí personalmente al autor y a la víctima. Por aquel entonces, los dos formaban un matrimonio «bien avenido». Él era un veterinario muy popular por su constante ayuda a los animales abandonados. Su mujer ejercía como auxiliar a su lado pero, desde hacía tiempo, arrastraba graves problemas de depresión. No se sentía a gusto con su cuerp

La incineración ya es la opción elegida por más del 41 % de los fallecidos en España, su incidencia es mayor en localidades urbanas y en el sur y se estima que en 2025 alcanzará el 60 %, según datos de la Asociación Nacional de Servicios Funerarios (Panasef) con motivo del Día de Todos los Santos.

Una confusión en la entrega de los cadáveres de dos varones a sus respectivas familias en Vigo ha provocado que uno de ellos, el de un ciudadano portugués que murió en un accidente laboral en Tui, fuera incinerado por error. El Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), a través de fuentes de la Xunta de Galicia, se desvincula de este error y culpa a la funeraria por no comprobar la identidad del cuerpo que recogió del hospital Nicolás Peña para entregárselo en el tanatorio a la familia equivocada.

Los investigadores sospechan que empleados de la funeraria sacaban los cadáveres de las cajas antes de la cremación y los metían en otros de baja calidad.La investigación por estafa, con un número indeterminado de afectados pero cuya cuantía asciende a varios millones de euros, arrancó hace meses y prevé detenciones.Los informes policiales de una operación que sigue secreta dan por hecho que además de los ataúdes las funerarias también reutilizaban las coronas de flores.

La directora general de Salud Pública, Ana María García, ha señalado que el texto normativo se modificará para eliminar la prohibición inicial y mantiene que las personas que hayan recibido tratamientos con agujas radiactivas no serán incineradas.

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Almería ha solicitado a las partes personadas en la causa seguida por el presunto asesinato del niño Gabriel Cruz que se pronuncien sobre la petición efectuada por los padres del pequeño para poder incinerar sus restos mortales a los que se dio sepultura el pasado mes de marzo tras un multitudinario y emotivo funeral en la Catedral de Almería.

PNV y PSE les demandan 46 millones de euros, cifra que puede ascender hasta los 100 millones, por tratar de parar la construcción de la incineradora de Zubieta, o lo que es lo mismo, por llevar a cabo políticas por las que fueron elegidos.

Gobierno Central y comunidades autónomas han acordado en el seno de la Comisión de Coordinación en Materia de Residuos la implantación en toda España de un Impuesto sobre el Vertido e Incineración de Residuos homogéneo, que gravará situaciones similares y tendrá tipos impositivos parecidos.

El Gobierno español ha acordado no autorizar al Ayuntamiento de Usurbil la realización de una consulta popular sobre la incineración como método para el tratamiento de los residuos.

GHK S.A., la sociedad mercantil del Consorcio de Residuos de Gipuzkoa enfocada desde su creación por PNV y PSE a promover la incineradora, ha sufrido una modificación sustancial que pone en tela de juicio incluso su continuidad, y con ello también el polémico proyecto de Zubieta. El pasado 1 de agosto, tras analizar un buen número de consorcios y otras entidades público-privadas (revisó casi una veintena en Gipuzkoa), el Ministerio de Hacienda español decretó su adscripción a la Diputación de Gipuzkoa.

De los países de la Unión Europea, España es en el que hay que pagar más impuestos por morir. La subida del IVA del 8 al 21% ha encarecido los precios de los sepelios entre 500 y 700 euros. El coste medio por entierro o incineración es de unos 3.500 euros. Un coste casi imposible para algunos españoles, por lo que muchos recurren a los seguros de decesos.

El Consejero de Desarrollo Rural, Jose Javier Esparza anunciaba que su gabinete está, desde hace un año, buscando otros sistemas alternativos a la incineración. Ésta es una estupenda noticia para todos los colectivos sociales que llevan pidiendo que se aplique la normativa Europea, que no es otra que aplicar esta jerarquía en el tratamiento de residuos y que pasa por la prevención, reutilización y el reciclaje de los residuos. Y por último (y una vez agotados estos primeros pasos) la mal llamada valorización energética y el vertedero.