La Audiencia de Valencia ha condenado a cinco años de prisión y otros 14 de inhabilitación al expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia Alfonso Rus por los delitos continuados de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental en la pieza de los zombies de Imelsa y Ciegsa dentro del conocido como caso Taula. Se trataba de empleados de ambas empresas públicas que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a cinco años de prisión al expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de Valencia, Alfonso Rus, por la pieza de los 'zombies' del caso Imelsa, según ha podido saber Europa Press. Se trata de las piezas B y F del caso Imelsa, en las que se ha investigado y juzgado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. Rus, condenado por los delitos continuados de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental...

La juez sustituta del Juzgado de Instrucción 18 de Valencia ha abierto juicio oral contra el expresidente de la Diputación Provincial de Valencia, Alfonso Rus, y otros siete acusados en el marco de la pieza separada D del ‘caso Taula’, relativa a las presuntas irregularidades detectadas en la adjudicación y prestación de un servicio de "call center" para la empresa pública Imelsa.

Así se desprende de un nuevo auto en el que se desestima el recurso interpuesto por Rus contra su procesamiento en las piezas B y F del caso Imelsa, en las que se ha investigado contrataciones presuntamente irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa.La magistrada reitera que el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, autodenominado 'yonki del dinero', llevó a cabo las supuestas contrataciones irregulares "con el conocimiento y participación" de Rus, que fue quien le puso al frente de su cargo en la empresa pública.

...para pagar 3 campañas electorales . El auto envía al banquillo a Medina, por un presunto delito de malversación de caudales públicos, y a Benavent, por los presuntos delitos de prevaricación, malversación, falsedad en documento oficial y blanqueo de capitales, entre otros personajes secundarios de la trama. Además, también considera al PP como responsable civil subsidiario.

Los hechos que ahora pasan a investigarse de manera conjunta son los que figuran en las piezas B y F, relativas ambas a los llamados 'zombies'. Se trataba, supuestamente, de empleados que cobraban pero no acudían a su lugar de trabajo o que realizaban labores que no correspondían a su puesto. Este tipo de actuaciones se habrían llevado a cabo en dos empresas públicas: Imelsa, dependiente de la corporación provincial y, por tanto, de Rus; y Ciegsa, vinculada a la Conselleria de Educación y, por ende, a Caturla.

El exconcejal 'popular' en el Ayuntamiento de València Alberto Mendoza ha admitido ante el juez del caso Imelsa --que investiga un supuesto blanqueo de capitales de 50.000 euros, el conocido como 'pitufeo'-- que aportó 1.00 euros al partido para la campaña electoral de 2015 y, posteriormente, le ofrecieron devolvérselo, algo que él rechazó y, de hecho, se brindó a dar más dinero si era necesario.

El autodenominado como 'yonki del dinero' declaró en el Juzgado que instruye una causa contra Benavent y un empresario por un contrato de 60.000 euros que jamás se ejecutó en Llutxent. Allí afirmó que, en realidad, quien le pidió que hiciera ese contrato fue el expresidente de la Diputación de València Alfonso Rus. Los motivos: financiar a su equipo del alma, el Olímpic de Xàtiva en 2012 cuando estaba a punto de subir de Segunda B a Tercera División.

La batalla judicial del caso Erial, que mantiene imputado por blanqueo de capitales al expresidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana, se dirimirá en el plano procesal, como ya hiciera en su día el molt honorable con el caso Naseiro.

La llamada a las 8 horas del día 27 de junio ha abierto sospechas sobre la información que en Divalterra se pudiera manejar de la operación jurídico-policial Alquería, que hizo caer al presidente de la Diputación de Valencia y que todavía sigue secreto de sumario. El denunciante de las contrataciones irregulares tiene una más que estrecha relación con José Luis Vera y la tuvo en su momento con Marcos Benavent, el "yonki del dinero".

El equipo de gobierno de la Diputación ha acordado este lunes el cierre "ordenado" de la empresa pública Divalterra, antigua Imelsa, tras la investigación judicial abierta por posible prevaricación y malversación en la contratación de altos cargos. Lo ha anunciado la presidenta en funciones, Maria Josep Amigó, tras la reunión del equipo de gobierno que iba a convocar el pleno de la junta de portavoces donde se hará efectiva la renuncia de Jorge Rodríguez como presidente de la Diputación a raíz de su investigación en la operación Alquería.

Cambió el nombre, cambió el partido, pero no cambiaron las costumbres. Divalterra, la antigua Imelsa, parece una empresa pública maldita. El yonqui del dinero, altos cargos contando billetes en un coche, trabajadores zombies, multitud de registros policiales, gin-tonics que intentan colarse como gasto... Un foco de clientelismo que puso en peligro su propia existencia. Para limpiar la imagen de Imelsa, aun cuando se barajaba dejar sin vida la entidad, se formó un equipo de afines al presidente de la Diputación de Valencia.

La empresa pública dependiente de la Diputación de Valencia Divalterra, antes llamada Imelsa, arrastra en los últimos años y bajo mandatos políticos diferentes una historia judicial que la ha mantenido en el punto de mira.

El exsecretario del Partido Popular de la Comunitat Valencina, Ricardo Costa, ha presentado un escrito en la Fiscalía Anticorrupción en el que pide que se adopte alguna medida de protección para él después de que diferentes medios desvelaran que había estado colaborando con la Fiscalía para proporcionar claves de otros asuntos de corrupción que se investigan, como el caso Imelsa, la financiación del PP de Valencia o los amaños en la Fórmula 1. Las informaciones que han aparecido han generado en él y en su familia un "manifiesto riesgo".

Entre los investigados se encuentran, además de las personas que supuestamente cobraban sin ir a trabajar, el expresidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus; el ex vicepresidente y responsable de Ciegsa, Máximo Caturla; el exgerente de Imelsa, Marcos Benavent. El autodenominado yonki del dinero, Benavent, durante su declaración, declaró que "todos los trabajadores eran enchufados. Que la mayoría de asesores no hacían nada, que ni siquiera iban por allí".

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el conocido como caso Imelsa, ha citado a declarar como investigado al exgerente de la Fundación Turismo Valencia Jose Salinas en el marco de la causa sobre la supuesta financiación ilegal del PP local.

El exvicealcalde de València está imputado por un delito de cohecho y blanqueo de capitales. Transvia le regalaba los relojes a cambio de contratos para que luego Grau los cambiaba por otros más caros y de esta manera blanqueaba dinero.

La Fiscalía Anticorrupción estudia pedir la nulidad de una prueba pericial aportada por las defensas de varios acusados en la pieza de Taula relativa al "pitufeo" del PP en el ayuntamiento de Valencia si se confirma que el perito es un ultraderechista condenado en los años 80 a 43 años de prisión por el asesinato de una joven, Yolanda González, de 19 años. Se trataría de Emilio Hellín Moro

En un duro auto, el magistrado explica que "la asesora estuvo contratada y no ha podido demostrar que hiciera nada que justificara el sueldo recibido", y que lo que se hacía en Imelsa "eran prácticas de ejercicio del poder político caciquiles y clientelistas".

Los instructores del caso Taula investigan si la trama corrupta desvió parte del dinero que el Fondo Social Europeo destinó a un proyecto para personas desempleadas entre 2004 y 2007. Esta rama de la investigación se abrió a raíz de que la Oficina Europea de Lucha Contra el Fraude (OLAF) enviara una requisitoria de información ante la sospecha de que hubiera ‘desaparecido’ dinero fondos europeos. Fuentes consultadas por Valencia Plaza afirman que "no sería extraño que hubiera desaparecido dinero destinado a los más necesitados en plena crisis".

Agentes de la UCO de la Guardia Civil se han personado este martes en la sede de Turismo Valencia, en la capital valenciana, para pedir contratos y documentación relacionada con la empresa Laterne, en un rastreo del presunto blanqueo del grupo municipal del PP en el consistorio, en la etapa de la exalcaldesa Rita Barberá, dentro de una pieza declarada secreta en la operación Taula, derivada del caso Imelsa.

La abogada que hasta ahora había ejercido la representación de la empresa pública Divalterra (antes Imelsa), dependiente de la Diputación de Valencia, Emma Ramón, ha anunciado hoy su "renuncia irrevocable" a seguir representando a la entidad en el marco del caso Imelsa.

La exalcaldesa de Valencia y actual senadora Rita Barberá ha negado este lunes ante el magistrado instructor del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido cualquier responsabilidad en el supuesto blanqueo de capitales cometido por el grupo municipal del PP en el consistorio que ella presidió durante 24 años. Se ha limitado a reconocer que entregó 1.000 euros al partido en concepto de donación que nunca le fueron devueltos en dos billetes de 500 euros.