El hombre que mató a hachazos a su yegua herida y la descuartizó ha sido absuelto de un delito de maltrato animal. El juez sostiene que el acusado «haya utilizado el método que utilizó y que el animal sufriera más de un golpe, no es achacable al interés de hacer más daño al aninal;es achacable a que el sacrificio se llevó a cabo por una persona que nerviosa, sin capacitación y sin la supervisión de las autoridades. La cuestión cultural (payés) y la falta de tino del acusado hicieron el resto» y que la vía para su castigo debe ser administrativa

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre por presuntamente intentar matar a su expareja a hachazos en el Pont de Suert (Lleida) el sábado.

Los 28 Estados siguen la doctrina la Comisión, que considera ilegales los arbitrajes en tratados bilaterales entre países o inversores de la UE. El Ejecutivo comunitario sostiene que "los tribunales nacionales están obligados a anular cualquier laudo arbitral emitido sobre esta base y a renunciar a aplicarlo". En el caso de España, supone la anulación de los laudos emitidos contra el país por estos tribunales de arbitraje por el recorte de la retribución a las energías renovables, que reclaman 7.600 millones.

La supresión de las exenciones por las actividades ajenas al culto supondría para la Iglesia católica el pago de una ingente cantidad de dinero. Cientos de millones al año, según distintas estimaciones. Calvo no detalló si el fin de la exención afectaría al campo educativo, donde la Iglesia tiene su principal feudo de poder e influencia. No obstante, aunque sólo fueran puestas en la picota las exenciones de inmuebles alquilados a terceros, el palo ya sería considerable para la economía de la institución católica.

Una de las mayores eléctricas europeas, se ha sumado a la avalancha de denuncias de inversores extranjeros contra España por los recortes a las energías renovables. La compañía, controlada por el Estado francés, explotaba 46,9 MW de fotovoltaica en España a cierre de 2016. El 4 de mayo el Ciadi condenó a España a pagar 128 millones de euros, más intereses, a la firma británica Eiser Infrastructure Limited. El Gobierno anunció que tirará del recibo de la luz para pagar los pleitos por las renovables que pueden llegar a más de 4.000 millones de €