Las redes han denunciado las amenazas públicas de ultraderechistas en las que hablan de averiguar dónde vive y trabaja, de "explicarle a la cara lo que es el respeto" o de hacer volar sus gafas. Lo que viene siendo la amenaza estándar de matón de barrio.

“No reírse de los subnormales ni de @AlfonsoRojoPD, por favor”, rezaba uno de los tweets que ya ha sido eliminado de la red social 'X'

El recuerdo devuelve la pregunta de cómo fue posible todo eso y la certeza de qué pocos escrúpulos habitan en las mentes de algunos. "Losantos, Pedro J, la COPE, El Mundo, Girauta, Luis del Pino. Y ahí siguen, eh". Resume el humorista.

Somos conscientes de que, en estos momentos, la democracia española ha llegado a un punto de no retorno. ¿Lentejas con patatas? ¿Carbonara con nata?

El cómico y presentador Héctor de Miguel se ha despertado este miércoles con una magnífica noticia. El colectivo ultracatólico Abogados Cristianos ha publicado un tuit sobre el supuesto proceso judicial que tenía abierto contra el humorista, al que señalaba como autor de un supuesto delito de acoso y contra los sentimientos religiosos. Ahora, la organización recula y pide aplazar "sin fecha" la declaración del artista.

Ayer por la tarde, en el parque Espíritu de Ermua de La Marazuela, se llevó a cabo un emotivo homenaje a Miguel Ángel Blanco en conmemoración del 27º aniversario de su asesinato a manos de la banda terrorista ETA. El evento reunió a toda la Corporación Municipal de Las Rozas, encabezada por el alcalde José de la Uz, así como a la comisionada para las Víctimas de Terrorismo de la Comunidad de Madrid, Rocío López. También estuvieron presentes varios miembros de la familia de Ignacio Echeverría, el vecino del municipio que perdió la vida...

El ultraderechista Miguel Bernad, condenado al pago de las costas del proceso después de haber demandado 12 informaciones del jefe de Investigación de este diario publicadas entre los años 2016 y 2017. La magistrada ha fallado que «resulta indudable» en este caso la prevalencia del derecho a la libertad de información, pues son veraces y de interés general y «no contienen expresiones injuriosas o difamantes».

La jueza de lo Penal número 14 de Madrid ha absuelto a Miguel Ángel Frontera de varios delitos de injurias graves y de acoso al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias y la exministra de Igualdad Irene Montero durante siete meses en el domicilio familiar de Galapagar.

El Patronato Alcalá Zamora y la Fundación Miguel Hernández han sufrido días atrás graves alteraciones en su normal funcionamiento después de que los ayuntamientos de Priego (Córdoba) y Orihuela (Murcia) hayan irrumpido de forma brusca en sus órganos de gobierno en una controvertida operación de control político. El Ejecutivo local de Priego, localidad natal del presidente de la II República, se saltó los estatutos del Patronato Alcalá Zamora para imponer a un cargo político de confianza por encima de una junta directiva.

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso presentado por un hijo del alférez Antonio Luis Baena Tocón contra la sentencia de un juzgado de Alicante que permitía la publicación de un artículo de investigación donde se aludía a su papel de secretario judicial en la instrucción del proceso sumarísimo que sentenció a muerte al poeta Miguel Hernández. Su hijo había pedido a la Universitat d'Alacant (UA), cuya web albergaba un artículo sobre Baena Tocón, que eliminara su nombre en las búsquedas...

Desde hace casi un lustro el investigador especializado en represión franquista se enfrenta a las demandas en varios frentes del hijo de Antonio Luis Baena Tocón, alférez jurídico que participó en el proceso franquista que condenó a muerte al poeta Miguel Hernández. Sin embargo, el agotamiento que refiere Ríos Carratalá no es por las causas judiciales, que “tienen las debidas garantías jurídicas”, sino por “los insultos y las descalificaciones” del demandante “a través de su web y las redes sociales”.

iguel Frontera, quien se enfrenta a una posible pena de tres años de cárcel por delitos de acoso, injurias y descubrimiento de secretos, protagonizó en 2021 un surrealista episodio filmando lo que él denominó como una «guerra de banderas»

“Si pudiera volver atrás, no lo haría”. Quien dice esta frase es Pablo Iglesias, que con 35 años encabezó la candidatura de Podemos a sus primeras elecciones, las europeas de 2014. Iglesias llega a esta conclusión al hacer balance del coste político y humano, que “ha sido terrible”, cuenta. Tampoco Teresa Rodríguez, que fue número dos de la lista europea y abandonó Podemos en 2020, volvería a la primera línea de la política. Recuerda el “vértigo” que sintió aquella noche de hace 10 años y revela lo que supuso cumplir con las “expectativas”...

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid pone en marcha una investigación para determinar quiénes intervinieron en el comunicado del Ministerio Público sobre el pacto que ofreció la pareja de Ayuso

Resumen semanal #70 de Miguel Charisteas. Pedro se queda, medios y lawfare, Alba Carrillo, Mercadona y el poder judicial.

“Tengo la sensación de que el Fiscal General del Estado [Álvaro García Ortiz] terminará en la cárcel”, ha señalado en el mensaje publicado a última hora de la tarde. “España no es Venezuela”, cerraba el comentario. También añade la coletilla “es opinión mía, desde mi teléfono personal”, que viene repitiendo en sus mensajes en redes sociales desde que amenazara con el cierre de elDiario.es a una periodista de este medio y señalara a otros profesionales de El País.

El eurodiputado explica en esta entrevista cómo las instituciones europeas han cumplido ya en gran medida el programa de la extrema derecha en materia migratoria, y como esta, a pesar de presentarse como antiestablishment, nunca cuestiona la arquitectura económica de la UE. “Firma y pacta todos los acuerdos comerciales”, contesta cuando se le pregunta por el papel de los radicales de derecha en la política agraria que ha provocado numerosas protestas en varios países y que, además, tratan de capitalizar.

La instrucción de la causa está pendiente de un informe pericial que ni la Intervención del Estado ni la Intervención de la Comunidad Autónoma quieren afrontar, mientras la Fiscalía permanece "ausente" en un procedimiento que ha supuesto 33 millones de euros de dinero público.