La historia del bautizado como "funcionario fantasma" acabó con él recibiendo una multa equivalente a un año de trabajo y con el hombre afirmando que era todo mentira.

El TSXG confirma la sanción de tres meses tras considerar probado que la mujer estuvo media hora en el calabozo, del que salió descalza y con la camisa desabrochada

Cuatro funcionarios resultaron lesionados de distinta gravedad al intentar reducir a un preso muy agresivo que se había atrincherado en su celda. El interno se había fabricado varias armas o pinchos carcelarios, por lo que hubo que adoptar precauciones y acceder al reducido cubículo con escudos, cascos y chalecos de seguridad.

Pasando la pequeña ermita de Santa Luzia y el Ayuntamiento de Ezkio, en dirección a Zumarraga, gira hacia la derecha una carretera sin ninguna señal pero con un pavimento que parece nuevo. Como si estuviera esperando a ser machacado con el traqueteo de trolleys. Conduce hasta la estación del Tren de Alta Velocidad (TAV) de Ezkio/Itsaso, en el interior de Gipuzkoa. O eso es, al menos, lo que está proyectado. En la actualidad se alza como un edificio fantasma sin acabar y sin uso, con una valla cerrada con doble candado que impide el acceso.

La pestilencia en la puerta de casas, bares y otros negocios locales tiene saturados a los vecinos, que han quemado todos sus cartuchos de paciencia con un choque laboral intermitente que se repite con demasiada frecuencia: más de 21 paros en 15 años desde que la empresa (antes Cespa) se adjudicó el servicio municipal. Así están en A Coruña desde el pasado 23 de junio, en medio de la guerra abierta que, lejos de solucionarse, se ha judicializado escalando hasta la Fiscalía provincial.

Los sindicatos recuerdan que hay trabajadores públicos mileuristas que no pueden costearse la vida en la isla. Pero además, muchos de los que aceptan ese desplazamiento a los dos años solicitan el traslado hacia zonas más próximas a sus regiones de origen, en las que además normalmente el coste de la vida es menor. Eso hace que, aunque está aumentando la llegada de nuevos trabajadores públicos, esta entrada sea insuficiente, especialmente en un periodo en la que buena parte de este personal está llegando a la edad de jubilación.

se contemplan evaluaciones anuales obligatorias a los funcionarios. En ellas, se valorará la conducta profesional del empleado y se medirá el rendimiento y los resultados. No obstante, la norma prevé un periodo de carencia de dos años tras la puesta en marcha de esta medida en la que estos exámenes no tendrán efectos. Estas evaluaciones son importantes, porque de ellas dependen cuestiones cruciales como el progreso en la carrera profesional, el nuevo complemento por desempeño o la propia continuidad en el puesto de trabajo.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP), sindicato exclusivo en el ámbito penitenciario, ha denunciado los graves hechos acaecidos ayer en el centro penitenciario de Sevilla-II, en Morón de la Frontera, donde fueron agredidos dos funcionarios.

El PSOE lleva mañana al Hemiciclo una Proposición de Ley para que los empleados públicos que trabajan en las prisiones tengan el principio de veracidad y puedan tener una compensación si son agredidos. En 2023 hubo 508 agresiones, un aumento del 127% en cinco años.

La mano derecha de Pedro Rocha en la Real Federación Española de Fútbol, Antonio Retamosa Mateos, cobra alrededor de 180.000 euros al año por ejercer de director de protocolo a la vez que mantiene su puesto como funcionario en el Ayuntamiento de Trujillo (Cáceres). Jesy, como se le conoce popularmente, es también coordinador de deportes en la localidad extremeña pese a la incompatibilidad de la Ley 53/1984 de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones públicas.

Varapalo del Tribunal de Estrasburgo a España tras la sentencia del Supremo que rechazaba la posibilidad de que los temporales fueran convertidos automáticamente en fijos

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha generado una oleada de preocupación y descontento en el colegio e instituto Ramiro de Maeztu tras su reciente decisión de abrir una Escuela Europea Acreditada (EEA) dentro de sus instalaciones. El proyecto, destinado principalmente a las familias de funcionarios europeos, se ha gestionado con una opacidad que ha dejado a la comunidad educativa en el limbo y a las familias en pie de guerra.