En 2021 el Parlamento de Canarias se pronunció a favor del abandono definitivo de esta construcción prevista junto a una Zona de Especial Conservación y junto al único santuario de ballenas de la Unión Europea. Conllevaría, tal y como estaba proyectado, una inversión pública inicial de 200 millones de euros y cuya tramitación comenzó hace 25 años.
