El portavoz parlamentario del BNG en materia de educación, Manuel Lourenzo, denunció "una avalancha de recortes" en todos los niveles de la enseñanza pública y cifró en 435 los docentes menos con los que contará secundaria, lo que advirtió que "va a impedir en muchos casos que se puedan cumplir los protocolos Covid".

La gestión de la Xunta de Galicia respecto a los centros públicos de la comunidad vuelve a estar en el punto de mira. En los últimos días surgen diversas denuncias contra una reducción del cuerpo de profesores "sin precedentes", según la CIG, que podría recortar hasta en cinco personas la dotación de diversos centros gallegos. Aunque en un principio se apuntó a los institutos como los espacios más damnificados, las últimas nuevas dibujan un panorama igualmente duro en las escuelas infantiles.

La CIG-Ensino advierte del "plan de liquidación de la plantilla actual de los centros, especialmente de secundaria (ESO y Bachillerato)". Lo hace en un comunicado en el que manifiesta la intención del Ministerio de Educación, tras finalizar un estudio realizado por el propio gremio en la educación pública gallega, en casi el 40% de los centros educativos del país.

Nueva denuncia de la CIG-Ensino contra la gestión de la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia. La formación sindical informa de un recorte sin precedentes del cuadro de profesores del sistema público en Galicia; que, según apuntan, se verá reducido a niveles inferiores a 2019 en una rebaja que afectaría a la ESO y los cursos de bachillerato.

Una resolución emitida por la Inspección de Trabajo confirma que la Consellería de Cultura, Educación e Universidade ignoró los diferentes requerimientos realizados desde este departamento para cumplir con la legislación y las medidas en materia de riesgos laborales de su personal ante la covid-19.

El colectivo 'Dereito a Ensinanza sen risco de pandemia' ha decidido presentar recurso ante la sala del contencioso administrativo del Tribunal Superior de Xustiza en A Coruña en rechazo al protocolo de adaptación de los centros y de medidas de seguridad ante la COVID-19 implantado por la Xunta de Galicia. Tras esta organización se encuentra un grupo de familias que censuran la obligatoriedad de que sus hijos acudan presencialmente a los centros en medio de esta crisis sanitaria, en lugar de ser atendidos desde sus hogares, por temor al riesgo