La Fiscalía solicitó inicialmente penas de seis años de prisión para Eduardo Moral y cinco años para María Francés por "realizar contratos irregulares cuando fueron consejeros delegados" de Emucesa, entre 2005 y 2012, cuando la entidad era cien por cien pública. Se trató, según el relato provisional del Ministerio Público, de contratos de "alta dirección" en los que se simuló "una relación laboral inexistente", pues desde "el momento de la firma conocían, contratante y contratado, que el trabajo no iba a prestarse".
