Bumei se ofreció a asumir un total de 2.000 euros, de tal forma que un reparto alícuoto entre las otras 82 afectadas haría que cada una de ellas tuviera que pagar 62 euros, cumplimentando de este modo los 5.000 euros restantes que pide la empresa andaluza. Pero el abogado de Bumei, José Manuel Oliveros, asegura estar "asombrado" de que "no nos hicieran llegar ningún tipo de respuesta, ni tan siquiera nos contestaron y no sabemos por qué". Oliveros, de la firma 3 A Consultores, explica que esta posibilidad era "muy real y la mejor baza que tenía

EL MUNDO accede a los mensajes que envió García Ortiz a la fiscal superior de Madrid para ordenarle que difundiera datos reservados de Alberto González

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, no contempla dimitir en el caso de que el Tribunal Supremo decida investigar el desmentido remitido a distintos medios de comunicación desde el Ministerio Público para combatir una información falsa difundida a distintos medios de comunicación por Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.

“La orden es improcedente y contraria a las leyes”, afirman los fiscales del Supremo. Álvaro García Ortiz convoca a los fiscales de Sala a una junta el próximo martes.

Movimiento Sumar, la formación fundada por Yolanda Díaz, entra en un proceso de interinidad que durará unos meses. Según confirman fuentes conocedoras de la decisión, la ejecutiva ha aprobado este jueves un liderazgo transitorio colegiado entre cuatro personas: Lara Hernández, actual secretaria de Organización; Elizabeth Duval, a cargo de la comunicación; Txema Guijarro, como enlace con el Congreso donde es secretario general del grupo parlamentario; y Rosa Martínez, para hacer lo propio con la pata de Sumar en el Gobierno, donde es secretaria.

La Fiscalía General de la Unión Europea no actúa si los indicios de comisión de delitos contra los intereses de la UE no son sólidos y, en el caso de la esposa de Pedro Sánchez, esos indicios apuntan a la presunta comisión de delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias. la Fiscalía Europea trabaja en serio, investiga en base a indicios sólidos y tiene la capacidad de análisis jurídico para entender que, en muchos casos, la falta de ética puede ser causa delictiva.

La redada del martes por la mañana se centró en el grupo Reichsbürger en torno a Heinrich XIII Príncipe Reuß. También participaron agentes de Schleswig-Holstein: se registró una propiedad en el distrito de Segeberg.

El tiempo de prescripción depende del municipio y del tipo de obra. El plazo va desde los cuatro años hasta los 30 (si se ha realizado de forma negligente y en contra de la comunidad de vecinos). Lo normal es un plazo alrededor de los cinco años. Si el cerramiento tiene menos de 10 años, se debe hacer un proyecto de legalización firmado por un técnico y solicitar la licencia de obras. Una vez obtenida la licencia, habrá que pagar las tasas e impuestos correspondientes y acudir a la notaría y al Registro de Propiedad para registrar la modificaci

La diputada del Grupo Mixto en la Junta General del Principado de Asturias, Covadonga Tomé, ha advertido este martes del riesgo de "daños graves" en el medio rural que podría causar el proyecto de extracción de fluorita en el valle de Valdornón (Gijón). "Los vecinos no tienen prácticamente ningún tipo de información sobre lo que plantea la empresa minera (Minersa)", "Nos preocupan especialmente los acuíferos; ya que es probable que esta actividad lleve a su desaparición o a su contaminación",

Los expertos advierten que los humanos podemos soportar una temperatura máxima de 71 grados, y eso solo por algunas horas.

El magistrado del Tribunal Supremo Eduardo Calvo ha inadmitido a trámite por extemporánea la recusación planteada por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, contra cuatro de los cinco magistrados que deben resolver el recurso de casación presentado por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) contra su nombramiento como máximo responsable de la Fiscalía.

Dos varones que han denunciado agresiones de sus parejas han sido inscritos por la Policía Nacional, según ha podido saber EL MUNDO, como mujeres maltratadas en el registro de protección del Ministerio del Interior, el denominado Sistema VioGén, puesto en marcha tras promulgarse la Ley contra la Violencia de Género hace 20 años, y en el que hasta ahora exclusivamente se inscribía a mujeres en peligro de ser agredidas o dañadas por hombres.

Hasta 13 fiscales y 4 funcionarios, así como un número indeterminado de personas del entorno de Ayuso, tuvieron acceso desde el 2 de febrero a los correos sobre el acuerdo de conformidad solicitado por su pareja, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid hace suyo el relato de Alberto González y omite datos clave para centrar su acusación por la posible filtración en el Fiscal General del Estado y en dos fiscales de Madrid