Por primera vez el Ejecutivo accede a la petición de un juez para retirar el secreto a información del CNI relativa al espionaje al independentismo con el programa Pegasus.

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, se ha pronunciado este miércoles al respecto de las distintas materias en que chocan la Justicia y el Ejecutivo de Pedro Sánchez, ya sea de cara a las comisiones para investigar el lawfare del Congreso como para la renovación del órgano o la desclasificación de documentos como los del 'caso Pegasus'. Guilarte ha pedido evitar esto último, ya que ha sentenciado que implicaría desclasificarlos para su "espuria difusión" totalmente fuera del contexto en el que surgieron

Archivos recientemente desclasificados del Ministerio de Asuntos Exteriores británico han añadido detalles inquietantes a la historia de la Operación Gladio. La operación encubierta se descubrió en 1990, cuando la opinión pública se enteró de que la CIA, el MI6 y la OTAN entrenaban y dirigían un ejército clandestino de unidades paramilitares fascistas por toda Europa, desplegando sus activos para socavar a los oponentes políticos, incluso mediante atentados terroristas de falsa bandera. Entre ellos se encontraba un joven Silvio Berlusconi, el

Saldrían así a la luz los documentos secretos relacionados con la Transición, incluyendo episodios represivos como los sucesos de Vitoria o los Sanfermines de 1978 con los que se pretende realizar un guiño al PNV, que lleva batallando desde 2016 para que se reforme la ley de secretos oficiales que data de 1968 y cuya última reforma se produjo hace más de 40 años. Sin embargo, se quedarían fuera de estas desclasificaciones otros episodios en los que ponían el foco los nacionalistas vascos, principalmente los GAL.

El exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y altos mandos de su entorno autorizaron los gastos en 2013 y 2014 de la operación Kitchen, investigada en dos juzgados de la Audiencia Nacional, según la documentación desclasificada por el Gobierno que va a ser remitida a la justicia. Las firmas de la cúpula de la 'policía patriótica' figuran en los justificantes del gasto, mientras que no aparecen las de sus superiores, el exdirector general de la Policía, Ignacio Cosidó, o el exministro Jorge Fernández Díaz