La Audiencia Nacional ha condenado al cerebro financiero del caso Emarsa, Jorge Ignacio Roca Samper -seis meses de prisión-, y al empresario Vicente Gil y sus dos hijos -Vicente y María Yolanda Gil Blay- (un año) por un delito de blanqueo de capitales al usar una empresa de abanicos para pagar las mordidas de la trama que saqueó las arcas de la depuradora de Pinedo (Valencia) a través de Andorra. Deberán abonar alrededor de un millón de euros.

El tribunal fiscalizador señala a los directivos de la empresa pública que gestionaron la planta entre 2004 y 2010 y a dos exaltos cargos del Gobierno de Francisco Camps a pagar el agujero. Esteban Cuesta (exgerente de Emarsa), Enrique Crespo (expresidente de Emarsa) y Enrique Arnal (exdirector financiero) responden solidariamente del importe total y José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer (directivos de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales) a restaurar 12,5 millones por la trama del tratamiento de lodos.

Jorge Roca asegura que la sentencia que está pendiente del Tribunal Supremo, la de la rama principal del caso Emarsa, se ajusta en cuanto al dinero desviado, pero no respecto a los acusados. “No están todos los que fueron, falta gente que se llevó la pasta y no está”, ha sentenciado, al tiempo que recuerda que quedan políticos que estaban por encima de Crespo y Cuesta que “permitieron todo aquello”. “A mí me ofrecieron un dinero por hacer unas cosas y yo acepté, pero me dijeron que en Valencia no pasaba nada. Estaban muy protegidos”.

La Audiencia de Valencia considera probado que Crespo, Morenilla y Bernácer urdieron una trama junto a empresarios para repartirse los sobrecostes aplicados al tratamiento de lodos. La sentencia llega ocho años después de la primera denuncia y condena a 23 de los 25 procesados, entre quienes están un exvicepresidente de la Diputación de Valencia del PP y los gerentes de una empresa públicas que gestionaban casi 300 millones al año.

La Fiscalía cifra en más de 23 millones de euros el "saqueo" público a través de la gestión de la depuradora de Pinedo. Los acusados deberán indemnizar a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) en esta cantidad.

La entrada de aguas provenientes de las depuradoras se han disparado, el Júcar está sobreexplotado, los vertidos urbanos e industriales continúan llegando, los atropellos a la fauna no cejan... al Parque Natural de la Albufera de Valencia, catalogado desde hace 27 años como Humedal de Importancia Internacional, necesita que le hagan caso. Los conservacionistas empiezan a pensar que no hay retorno.

Recordamos, se juzga el supuesto saqueo de la depuradora de Pinedo cifrado en casi 25 millones de €. Un caso con todos los ingredientes de la corrupción: regalos, viajes, obras inexistentes, blanqueo de capitales, malversación, opíparas comidas y hasta el pago de supuestas traductoras rumanas que prestaban sus servicios en lujosos hoteles. Y todo eso con cargo al dinero público de la principal depuradora de aguas residuales de Valencia que da servicio a la capital, buena parte de su área metropolitana y hasta sirve agua depurada a la Albufera

Este lunes arranca el juicio de la pieza principal del Caso EMARSA, el del presunto saqueo de la depuradora de Pinedo que, según su exgerente, sirvió para financiar al PP. Esteban Cuesta, uno de de los 25 acusados, lo deja claro. "Ya lo dije en instrucción, a mí me pidieron dinero para el PP". Dinero que entregaba al entonces presidente local del partido Silvestre Senent en maletines. "Era obediencia debida". Emarsa, es una macrocausa que investiga el supuesto saqueo de más de 20 millones de euros de la citada empresa pública.Dinero que acabó..

Casi 900.000 euros es la cantidad desviada para gastos personales por los directivos de Emarsa, la empresa depuradora de Valencia, según la Fiscalía. Asegura que los viajes, restaurantes y demás gastos fueron abonados con los fondos públicos al igual que el pago de comisiones y sobresueldos a otros empleados para mantenerlos silenciados. La Fiscalía pide 14 años de prisión para Enrique Crespo...

El hombre, que negó los hechos en el juicio, habría aprovechado que el jefe de estudios se dirigía a sus alumnos para coger a la víctima por la cintura y supuestamente tocarle los glúteos.

"Caos organizativo", "Falta de empatía" y "Desastre" son algunos de los calificativos con los que las familias afectadas han definido el proceso de inscripción de sus hijos en las Escoles d'Estiu, organizadas por el Ayuntamiento de València, ya que hasta este mismo martes, a apenas 4 días hábiles antes de acabar el curso y de iniciarse estas escuelas de verano, aún no se habían publicado las listas con los niños admitidos, ni tampoco se había adjudicado la gestión de estos campamentos urbanos.

Los magistrados entienden que no puede "descartarse claramente" la existencia de infracción penal.

Cuando estos días veo al director general de Diversidad, Stephane Soriano y la vicepresidenta y consellera de Servicios Sociales e Igualdad, Susana Camarero (ambos del PP) sacando pecho por la campaña de promoción turística “Orgull de Comunitat” de la Generalitat, intentando apropiarse de la conmemoración del Orgullo LGTBI (con el principio caciquil primario de “qui paga, mana”), los ataques a Lambda (lanzando insidias sobre su gestión económica) o criticando la implicación en partidos de izquierdas, siento una inmensa indignación y asco.

El regidor de Compromís Pere Fuset denuncia que cómo era de esperar por su antivalencianismo radical PP y Vox suprimen este año el encuentro anual de Muixerangues valencianas de la Feria de València. Compromís denuncia que el patrimonio valenciano y de la humanidad no estará presente en las fiestas de València.

El Gobierno valenciano, presidido por el popular Carlos Mazón con Vox como socio, se enfrenta a su primera gran crisis empresarial. Este miércoles, Ford ponía sobre la mesa negociadora el despido de 1.622 trabajadores, un tercio de la plantilla que actualmente cuenta con unos 4.900 empleados. Una posibilidad que, de confirmarse, dejaría a la factoría con unos números raquíticos en comparación con su época más expansiva, cuando albergaba a 9.000 trabajadores.

El límite impuesto en la orden autonómica catalana ha provocado una agria protesta de la Generalitat valenciana a través de su presidente, el popular Carlos Mazón, y del conseller de Agricultura, José Luis Aguirre (Vox). Denuncian una "invasión marítima" de las aguas valencianas.

Ondara no se resigna a la sangre. Ayer jueves se gestó el embrión de una plataforma que pretende luchar contra el maltrato animal después de que la conselleria de Cultura gestionada por Vicente Barrera (extorero y dirigente de Vox) haya impuesto la celebración de una novillada con picadores para el próximo 7 de septiembre.