La asociación denunció a la eléctrica ante la Fiscalía Anticorrupción tras conocer que la CNMC había multado a la empresa con más de seis millones de euros por realizar ofertas a precios excesivos entre marzo de 2019 y diciembre de 2020.

«Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja», escribe el presidente del Gobierno, horas después de que el juez cite a su mujer como imputada el próximo 5 de de julio...

Nuevo revés judicial para el BBVA. El fiscal Alejandro Cabaleiro ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga la pieza sobre los encargos realizados por el banco vasco al excomisario José Manuel Villarejo, que siente a la entidad en el banquillo de los acusados como persona jurídica por los delitos de cohecho, revelación de secretos y corrupción en los negocios, según un escrito fechado el pasado 17 de mayo al que ha tenido accesola agencia Bloomberg.

La petición del Fiscal Anticorrupción de 19 años de cárcel contra el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, se basa en el presunto cobro de comisiones en la adjudicación de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) y el Plan Eólico. Una actividad ilícita que el Ministerio Público concreta en la comisión de los presuntos delitos de grupo criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento mercantil y prevaricación administrativa.

María Jesús Alonso Jiménez, representante del gobierno español en Buenos Aires, fue convocada a “consulta sine die” por el gobierno de Pedro Sánchez y viajó anoche rumbo a Madrid.

La Fiscalía Anticorrupción no archiva la denuncia dando a entender que ve hechos punibles pero que por la naturaleza de los mismos no entran dentro de su ámbito competencial

La Fiscalía Europea acusó a la Fiscalía Anticorrupción de no haberle facilitado una parte de la información que tenía en su poder sobre las presuntas irregularidades para la compra de mascarillas de los Gobiernos de Baleares y Canarias.El organismo con sede en Luxemburgo destaca que el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, al informar sobre la compra de mascarillas de Canarias y Baleares, no aludió "a la existencia de sospechas de irregularidades en tales contratos ni se acompañó de alguno o algunos de los informes que la UCO elaboró"

A principios de abril se conocía que la Fiscalía mantenía abierta la investigación en torno al actual director general de Emergencias, Sebastià Sureda, por un supuesto caso de corrupción urbanística durante su mandato como concejal de Urbanismo en Campos. Una alto cargo del PP se encargará de los casos pendientes, más de 200, de la Oficina Anticorrupción después del cierre fulminante por parte del Govern.

El Govern de Marga Prohens adjudicó la plaza de Inspectora General a la alto cargo del PP dos días antes de hacer pública la convocatoria. Catalina Ferrer, que se encargará de todos los casos pendientes de la Oficina Anticorrupción después del cierre fulminante por parte del Ejecutivo autonómico, obtuvo el cargo el pasado 25 de marzo, cuando la actual secretaria general de la conselleria de Presidencia y Administraciones Públicas, María José Bauzá, firmó la resolución, a pesar de que no publicaron la convocatoria hasta dos días después.

La investigación sobre la Operación de Catalunya se divide y se marcha a Madrid. La Fiscalía de Barcelona ha decidido enviar a la Fiscalía Anticorrupción, en Madrid, la denuncia del mayor Josep Lluís Trapero, contra la policía patriótica del PP, que lo acusó de falsos hechos delictivos, según consta en los papeles de la Operación Catalunya. La Fiscalía de Barcelona también ha resuelto que envía a la Fiscalía de Madrid la denuncia presentada, el marzo pasado -ante la difusión de nuevos audios del comisario José Manuel Villarejo-...

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juzgado de Asturias que investiga el “caso Hulla” por el presunto desvío de fondos públicos en la construcción de una residencia geriátrica ubicada en la localidad de Felechosa, en el municipio asturiano de Aller, que, entre otras medidas, mantenga el embargo del capital presuntamente desviado por el exlíder minero asturiano José Ángel Fernández Villa.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado que la expresidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular (PP) de la región, Esperanza Aguirre, acuda a testificar al juicio sobre la caja b de los populares madrileños. El ministerio público ha trasladado a la Audiencia Nacional esta motivación, fundamentada en lo vital del testimonio de la persona que dirigía el partido en el momento en el que se cometieron los presuntos delitos. De acudir a la vista oral, Aguirre podría encontrarse con antiguos pupilos como Francisco Granados.

Anticorrupción le acusa de blanquear con la rehabilitación del inmueble seis millones de euros

El jefe del Equipo TIC y de Análisis de Información de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Balears (OAIB) ha remitido un informe al Parlament y al Govern donde advierte del riesgo de pérdida de datos con un cierre “sin planificar y garantizar la transición adecuada” de los servicios.

Cantabria, Andalucía, Asturias y Madrid son las cuatro regiones con mayor tasa de pacientes por mil habitantes en espera para acudir a una consulta o prueba. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defendió en varias ocasiones la sanidad pública de la región y la situación de las listas de espera durante su intervención en el desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum el 19 de febrero.

Es una de las principales causas evitables de muerte y de cáncer en menores de 55 años, por lo que los médicos piden mejorar la detección de las personas con alto consumo. Según la OMS, puede causar unas 200 enfermedades –además de pérdidas económicas y sociales– y en edades tempranas, entre los 20 y los 39 años, es el responsable del 13,5% de los fallecimientos. Se trata, por tanto, de una de las tres principales causas evitables de muerte y de desarrollo de cáncer en menores de 50 años.

Los grupos del PP y Vox en el Parlamento de Baleares han aprobado este martes —con los votos en contra de los grupos de la izquierda del PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca y Podemos— la Ley de Transparencia y Control de los Cargos Públicos de Baleares, que contempla, en su disposición adicional primera, la liquidación de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción, que se puso en marcha en 2016. Se trata de la primera comunidad autónoma que elimina este órgano de control.