La predicción científica que hace el sistema Momo, del Instituto de Salud Carlos III, es que a mediados de julio ya se ha superado el número de fallecidos de todo el verano pasado atribuibles a las elevadas temperaturas. Calcula unas 1.367 muertes a causa de estas dos olas que nos han golpeado tan pronto, tan extremas, extensas y duraderas. En la actualización de las tablas de este lunes, el Instituto estima que el sábado, con muchas provincias por encima de los 40 grados, hubo 150 defunciones por culpa del calor, el pico de mortalidad en una s

Un 26 de junio de 1974. Sharon Buchanan, cajera de supermercado de un establecimiento Marsh en Troy (Ohio, USA), escaneó el código de barras de un modesto paquete de chicles de la marca Wrigley al precio de 67 centavos. Detrás de este gesto, en apariencia insignificante, se escondía un nuevo sistema de gestión que revolucionaría el proceso de compra y las operaciones logísticas de las empresas de todo el mundo. Desde entonces se han escaneado cientos de millones de códigos de barras, que han cambiado el comercio minorista para siempre.

Serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años los que, con el fin de perjudicar la autoridad del Estado o comprometer la dignidad o los intereses vitales de España, mantuvieran inteligencia o relación de cualquier género con Gobiernos extranjeros, con sus agentes o con grupos, Organismos o Asociaciones internacionales o extranjeras.

Modificar el artículo 187 del Código Penal, que recoge las penas por proxenetismo que existen en nuestro país. Hasta ahora ese artículo solo castiga como delito a quien «induzca, promueva o facilite» a un menor de edad o persona incapaz a ejercer la prostitución, y también si quien lo hace es un funcionario público o policial. Ampliar ese fenómeno «en todas sus formas» es, nada menos, lo que pone hoy el PSOE sobre la mesa. Pero en juego hay mucho más. Decidir en qué lado está el país en un debate interno que ha atravesado cada estado europeo.

La sentencia sigue alegando cosas como que facilitarnos el acceso supondría un daño a la propiedad intelectual (pese a que la aplicación se desarrolló por la propia administración), la protección de los datos personales que usa, la seguridad de prácticamente todos los sistemas informáticos de la administración y prácticamente todos los límites a la transparencia de la ley, sin especificar demasiado. Relacionada: www.meneame.net/story/justicia-impide-apertura-codigo-fuente-aplicacio

El Ayuntamiento de Madrid se dio cuenta de que, de forma recurrente y anómala, se consideraba como ausentes a personas a las que en realidad no les habían llevado las notificaciones, pero sí se facturaban al consistorio. Estas irregularidades superan las 343.000 cartas (con más de un millón de euros de facturación) y comenzaron a detectarse con especial intensidad en abril de 2023, coincidiendo con el lanzamiento de un nuevo concurso para este servicio, que como decimos ganó Correos.

Pisarello ha aprovechado para cargar contra una parte de la judicatura, asegurando que esta norma permitirá que "la obsesión vengativa de ciertos jueces afines a la derecha no impida impida algo que quiere una parte importantísima de la ciudadanía: pasar página en Cataluña y devolverá a la política lo que nunca debió salir de ella". En este sentido apuntó que "no se puede volver a repetir" que "algunos jueces hayan hecho una interpretación absolutamente incompatible con el derecho europeo de presentar al independenitsmo como terro

La venta de activos estatales facilitaría la cancelación de compromisos de deuda y el necesario equilibrio de las finanzas públicas. Las autoridades preparan un drástico ajuste fiscal para 2024. La Primer Ministra Georgia Meloni anunció recientemente la vocación del Gobierno por la privatización de una gran cantidad de activos estatales.

La posible identificación de los productos españoles -y los que no lo son- a través del código de barras es un mito falso y persistente que lleva circulando desde hace muchos años y que ha llegado a instalarse en el imaginario colectivo de muchos consumidores. Es rotundamente falso. "Da igual si un código de barras comienza por 841, 843 o 847… Este número no tiene ninguna relación con el país de origen del producto. ¡Sin excepciones!". Así de categóricos se manifiestan desde Aecoc, la entidad certificada en España que genera el código de barras

Según la solicitud del Primer Ministro Pham Minh Chinh, el gobierno recopilará datos biométricos de ciudadanos, como escaneos del iris, grabaciones de voz y muestras de ADN, que se almacenarán en un código QR, reemplazando la huella dactilar, en un esfuerzo para implementar la Ley de Identificación Ciudadana. Estos datos confidenciales se almacenarán en una base de datos nacional y compartirán entre agencias para "realizar sus funciones y tareas". La ley fue aprobada el 27 de noviembre de 2023 y entrará en vigor a partir del 1 de julio de 2024.

Las más de 2.500 empresas europeas relacionadas con la producción, transformación, transporte o reciclaje de plástico que lo suscriben se comprometen a asumir un manual de buenas prácticas. Entre ellas se encuentra la de “evitar la estiba de los contenedores de granza en cubierta” y, en su lugar, “colocar los contenedores de granza en la bodega del buque” con el objetivo de prevenir el “elevado riesgo de vertido de granza en el medio ambiente”. Entre las adhesiones figuran 98 compañías del sector logístico, pero la gigante Maersk...

Correos aplica gastos de gestión innecesarios y excesivos para realizar trámites aduaneros a través de su servicio ADT Postales: "Es una mafia y una estafa"

Hace tiempo de que se informó de que el código de barras que comenzase por 729 estaba fabricado en Israel, por lo que se recomendaba no comprarlo como forma de protesta a este régimen. Ahora, parece que han optado por cambiar este código para evitar que la gente no compre productos de procedencia israelí.

Una sentencia de la Audiencia Nacional falla que el gigante del comercio electrónico no es un operador postal, lo que le exime del gravamen por ocupación del espacio público al entregar compras por internet.

Por haber encubierto el uso de falsos autónomos. A pesar de la sentencia del Tribunal Supremo en 2020, que dictaminó la naturaleza laboral de la relación entre Glovo y sus repartidores, la empresa ha persistido en su modelo de negocio. De hecho, la situación se recrudece para ellos. Fuentes de Trabajo han confirmado ya que en los próximos días van a trasladar a la Fiscalía la petición para que actúen y apliquen la reforma del artículo 311 del Código Penal.