La Fiscalía Anticorrupción no archiva la denuncia dando a entender que ve hechos punibles pero que por la naturaleza de los mismos no entran dentro de su ámbito competencial

El bullying, la xenofobia y el machismo salen gratis dentro del Partido Popular. Las fuertes denuncias de diferentes miembros del PP sobre el ansia desmedida de poder, de control y de influencia dentro del organigrama de los populares no ha servido para que el Comité de Derechos y Garantías del PP de Madrid decida investigar el denominado caso espías.

El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha archivado el caso de una joven detenida por la Policía Local de Málaga tras llevarse toda la noche de juerga por diferentes bares a su hija de 4 años. La menor manifestó en el hospital que tenía hambre porque llevaba 24 horas sin comer. La secuencia de los hechos comenzó a las 11.00 horas de este domingo 12 de mayo en un bar del distrito Bailén-Miraflores, en la capital. La joven, de 27 años y de origen centroamericano, llegó acompañada de un hombre y de su hija al local y pidió un par de ...

El juez Ismael Moreno descarta la implicación de las empresas Globalia y Wuakalua en los hechos investigados cuando la supuesta vinculación de ambas compañías con la causa y la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, han motivado la apertura de un procedimiento en un juzgado de Madrid. El juez Moreno, que ya rechazó citar a Gómez como testigo, también desestima la declaración de los responsables de ambas firmas

La Audiencia Nacional ha dado la razón a Víctor de Aldama, presidente del Zamora CF y presunto conseguidor de la trama que se investiga en el caso Koldo, y acuerda que se le devuelvan los seis vehículos de alta gama que se le embargaron en marzo, incluido un Ferrari Portofino y un Ferrari F12, con valores de mercado que oscilan entre los 200.000 y los 400.000 euros. Así consta en un auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que la Sección Segunda, con ponencia de la magistrada Ana Revuelta

El estreno en Netflix, el pasado 26 de abril de la serie El caso Asunta ha removido el mar de incógnitas que todavía ahora rodean el crimen, sin resolver ninguna, más bien explicando una historia que "no respeta los hechos probados" según ha sentenciado José Antonio Vázquez Taín, el juez que instruyó el caso y quien, según él mismo, aparece retratado como un "prevaricador".

La Fiscalía Europea ha citado a declarar mañana lunes al exdirector del Servicio Canario de la Salud, Conrado Domínguez, al que se investiga por el ‘caso Mascarillas’. A la empresa RR7, sin experiencia anterior en la importación de material sanitario (se dedicaba al comercio de coches), se le adjudicó por el procedimiento de emergencia proveer a los hospitales públicos de Canarias un millón de mascarillas FFP3, por las que recibió un pago por adelantado de cuatro millones de euros. La sanidad nunca recibió ese material

«¿Desde cuándo a un juez le traen el desayuno al despacho como si fuéramos señores feudales?, ¿o podemos decir lo que nos dé la gana sin fundamento como si no hubiera una revisión por parte de otro tribunal superior?», se pregunta el juez Taín. Echa de menos que no se haya reflexionado sobre el hecho de que se le haya truncado la vida a una niña de 12 años: «No se habla de que le han robado el futuro a una persona que le quedaba todo por delante, la adolescencia, la locura de la primera madurez, desarrollar sus capacidades profesionales..."

En esa fecha, el 21 de enero de 2015, el juez Pablo Ruz todavía no había finalizado sus pesquisas y la formación política conservadora no estaba formalmente personada ni acusada en la causa. Un email, cuya copia obra en poder del juez de Tarragona, evidencia que no solo el exministro pudo tener acceso al sumario que instruía en la Audiencia Nacional el juez Pablo Ruz, sino que la cúpula de Hacienda también obtuvo del PP un informe de la Intervención General del Estado (IGAE) del caso Bárcenas, pese a que no estaban personados en la causa.

Los correos entre los inspectores encargados de informar al juez Pablo Ruz y sus superiores apuntan a una "eventual intervención sobre decisiones de funcionarios públicos", según la investigación judicial.

Correos electrónicos en poder de un juez de Tarragona ponen de manifiesto que la cúpula de Hacienda trató con el exministro las opciones que podían ofrecer al juez Pablo Ruz sobre la posible imputación de un delito fiscal al PP. Estos ponen de manifiesto que la cúpula de la Agencia Tributaria trasladó al exministro de Hacienda las opciones que podían dar al juez sobre un posible delito fiscal del PP: "Ya están redactadas las respuestas 'fáciles' (te adjunto los textos): lo que quiere contestar ese auxilio, dando contenido a la petición del juez

El banquillo en el juicio del 'caso Erial' reúne a una variopinta colección de acusados que pivotan alrededor del exministro de PP Eduardo Zaplana. Entre ellos, el que fuera su peluquero, Pedro Romero Aguilar. El hombre, que también fue estilista del expresidente José María Aznar e incluso asistió a la boda de su hija, explicó durante su declaración de este miércoles que conoció a Zaplana en uno de los cinco salones de peluquería que posee.

Después de que el PSOE aprobaran la lista de 134 personas que tendrán que comparecer, ahora los socialistas hacen marcha atrás y quieren eliminar los nombres de tres fiscales que se incluyeron a petición de Junts y Bildu. Se trata del fiscal de la Fiscalía Europea que está investigando las presuntas irregularidades en las Baleares y en las Canarias, una comparecencia que pedían los juntaires, el fiscal jefa Anticorrupción de España y de la fiscal jefe de la Fiscalía Europea, dos citas que ponían sobre la mesa a los abertzales. Los socialistas e

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha salido este lunes en defensa de los dos responsables de la Fiscalía de Madrid denunciados por supuesta revelación de secretos por Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso e imputado por un fraude fiscal de 350.000 euros. El empresario acusa tanto a la fiscal jefe de Madrid como al fiscal que le investigó y denunció de haber difundido a través de un comunicado datos confidenciales sobre los correos en los que su defensa, en busca de un acuerdo, reconoció varios delitos.