La Fiscalía de Madrid investiga si el exvicepresidente segundo del Gobierno y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, cometió un delito de injurias contra el juez a cargo del denominado 'caso Dina', Manuel García Castellón, al llamarle "prevaricador" y "mediocre" el pasado abril. Fuentes fiscales han confirmado a Europa Press que la Fiscalía de Madrid recibió la semana pasada de la Fiscalía General del Estado (FGE) un escrito que recoge los hechos para determinar si constituyen o no un presunto delito de injurias o calumnias.

El juez explica que la diligencia interesada “no resulta procesalmente pertinente en este momento, toda vez que este instructor está pendiente de recibir el resultado del informe interesado en resolución de 1 de marzo de 2021, conforme a lo ordenado por el Tribunal Supremo en el auto de 27 de enero de 2021, cuando se acordó recabar un informe pericial informático sobre la tarjeta de memoria facilitada en su día por Dina Bousselham, tras lo cual se practicarán, además, las diligencias señaladas en la referida resolución.

La Fiscalía Anticorrupción se opone a la citación en calidad de investigado del ex vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias en el denominado caso Dina que se instruye en la Audiencia Nacional. Se da la circunstancia de que ya también ex líder de Podemos, tras haber abandonado su escaño en el Congreso de los Diputados y salir de la Vicepresidencia Segunda del Gobierno, ha perdido su aforamiento ante el Tribunal Supremo y ello abre la puerta a que el juez pueda citarle como investigado en esa causa.

PSOE y PP continúan limando los flecos para cerrar el tan esperado acuerdo de renovación del Consejo General del Poder Judicial; un acuerdo que buena parte de los vocales confiaban en que se produjese ayer o, al menos, se informe oficialmente en la mañana de hoy antes de que comience el Pleno y se tenga que abordar los ocho nombramientos pendientes, al verse obligado Carlos Lesmes a incluirlos en el orden del día tras solicitarlo ocho vocales, tanto del grupo «conservador» como «progresista»”.

El Tribunal Supremo ha decidido archivar la causa contra el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por el denominado ‘caso Dina’ y ha acordado la devolución de las actuaciones al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón para que agote la investigación y, en su caso, cuando lo haya realizado, decida si procede remitir una nueva exposición razonada contra el aforado.

La Fiscalía recurre el auto de fin de la investigación dictado por García-Castellón y acusa al juez de haber cerrado el caso "en falso" y "cercenado los derechos" de acusaciones e investigados

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha recurrido ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la petición del juez Manuel García Castellón al Tribunal Supremo para que investigue al líder de Unidas Podemos por varios delitos en el marco del caso Dina. En el recurso, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Iglesias solicita la "nulidad radical" del auto de García Castellón del pasado día 7, en el que pide al Supremo que le investigue, al entender que esta exposición razonada al Alto Tribunal "carece de fundamentación

Los insultos recibidos por el juez fueron recibidos desde cuentas, cuanto menos, sospechosas. Julián Macías Tovar, analista de redes y director de Pandemia Digital, ha desarrollado en un largo hilo en su cuenta de Twitter la denuncia presentada por García Castellón y la califica de acción de falsa bandera. Lo transcribimos: 3 de ellos, con los insultos más graves es de una cuenta nueva sin foto de perfil con 66 tuits, ningún RT a ninguna cuenta relacionada con la izquierda.

Uno de los tres delitos atribuidos a Pablo Iglesias llega acompañado de una agravante. "Este magistrado entiende que en el presente caso concurriría además la circunstancia agravante del art. 22. 4° del Código Penal, al entender que el hecho se habría cometido 'por razones de género'", dice Manuel García Castellón en el apartado destinado a la posible comisión de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. En caso de una eventual condena, esta circunstancia tendría graves consecuencias, puesto que obligaría a elevar la pena...

El vicepresidente del Gobierno ve imposible que el Tribunal Supremo le impute: "no va a ocurrir". Lo ha dicho este jueves el vicepresidente del Gobierno en una entrevista.

Primera reacción del Gobierno después de las acusaciones judiciales contra Pablo Iglesias. Pedro Sánchez, antes de salir hacia Argelia, ha querido expresar su apoyo al vicepresidente segundo y ha asegurado que no se encuentra preocupado, después de que el juez que instruye el caso Villarejo, Manuel García-Castellón, haya pedido al Tribunal Supremo su imputación.

En mayo, el magistrado comenzó a investigar si, tras recuperar la tarjeta del móvil de Bousselham, el vicepresidente manejó datos de su exasesora y destruyó la micro-SD antes de devolvérsela. La personación de Pablo Iglesias en el caso Villarejo se ha vuelto en su contra. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha enviado una exposición razonada de 63 páginas al Tribunal Supremo en la que pide que se investigue al vicepresidente segundo por su papel en la conocida como pieza Dina

La Audiencia Nacional devuelve la condición de perjudicado a PabloIglesias en el caso Dina. Lástima que no se puedan devolver las horas y horas dedicadas a difamar con mentiras y manipulaciones desde algunas televisiones, radios y periódicos de este país. Relacionada: Sigue la noticia en: www.meneame.net/story/audiencia-nacional-vuelve-aceptar-pablo-iglesias

El letrado, citado para testificar sobre el caso Dina, se ha derrumbado cuando el interrogatorio ya estaba muy avanzado. Calvente ha llorado al relatar el acoso de lo que ha llamado "la guerrilla de Podemos". Ha explicado que ha recibido mensajes agresivos en su teléfono y que teme por su integridad física por la "incitación al odio" que hay contra su persona.

Un informe remitido a la Audiencia Nacional concluye que los desperfectos en el aparato son compatibles con la intervención de personal especializado y con el empleo de material de precisión y descarta que haya indicios para atribuir su autoría al vicepresidente segundo

El jefe inspector, Fausto Cartagena, rehúsa ampliar la denuncia contra Ignacio Stampa, que fue archivada tras desmentirse que hubiera mantenido de forma irregular vínculos con una abogada de Podemos

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, estudia reclamar la competencia de las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.

La titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha archivado la causa abierta contra el abogado purgado de Podemos, J. Manuel Calvente, por presunto acoso sexual, acoso laboral, hostigamiento, coacciones y lesiones. Calvente sostiene que hubo irregularidades en la gestión de Unidas Podemos y vínculos de Marta Flor con el fiscal Ignacio Stampa que facilitaron revelación de secretos en el caso Villarejo. Calvente cree que la acusación de acoso fue un acto de venganza por alertar del vínculo e intentar investigar las irregularidades.

La Fiscalía europea (EPPO) contradice al fiscal español y decide entrar en la causa abierta contra Begoña Gómez. Los fiscales europeos están investigando, en concreto, las adjudicaciones realizadas a las empresas del empresario Carlos Barrabés, entre otras, por la empresa pública Red.es, después de que Gómez emitiera una carta de recomendación.

La Fiscalía confirma en el primer día del juicio de la pieza central que hay acuerdo: pedía 21 años para el guardia. El año y medio que solicitaba para otros tres acusados de la Operación Carioca finalmente se quedará en multas. La vista continúa este miércoles contra el otro guardia civil acusado, el único que no aceptó declararse culpable: están llamados cinco testigos.

Medel emite un comunicado en el que asegura que "una correcta información fortalece al Poder Judicial" y vuelve a pedir la renovación del órgano de gobierno de los jueces en España

Dimite un concejal que fue detenido acusado de un presunto caso de violencia de género. Se trata de Rafael La Rubia, concejal de Sanidad y Consumo en el Ayuntamiento de La Carolina, y este lunes, tras hacerse público lo sucedido, el propio Partido Popular de La Carolina anunciaba a través de sus redes sociales, que deja el cargo de concejal "de forma voluntaria y por responsabilidad con sus compañeros del equipo de gobierno para dedicarse a su defensa".

El Ministerio de Salud defiende que es la manera legal de otorgarles tratamiento psicológico gratuito.

El vicepresidente del Gobierno, consejero de Justicia e Interior de Madrid en el mandato de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, señala en juicio #CasoCampus directamente a la rana lideresa. Quebranto público de 40 millones €, más 350 millones "dilapidados" en el proyecto.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha confirmado este martes que la administración autonómica se personará en la causa contra la agresión sexual a cinco menores tuteladas que, ha dicho, se encuentra bajo secreto de sumario. Del Arco se ha referido así a la investigación de la Policía Nacional con relación a cinco víctimas de agresión sexual, de entre 13 y 17 años, tuteladas por el Gobierno del Principado de Asturias. Doce hombres han sido detenidos por supuestos delitos de agresión sexual.