Juan Morote, exgerente de la Fundación de la Universidad Católica de Valencia, reconoció que el arzobispo Carlos Osoro le exigió "ponerse a las órdenes" de Alfonso Grau, vicealcalde de Rita Barberá

El ex gerente del PSOE valenciano y hoy administrativo en el partido, Francisco Martínez, no es el único que en su declaración ante la Guardia Civil ha tirado de la manta y ha confesado la supuesta financiación irregular que se investiga en una de las piezas del caso Azud, y que ha puesto en el disparadero al ex tesorero José María Cataluña. El proveedor de una de las campañas electorales cuyos honorarios acabaron pagando diversas empresas ha reconocido que fue en la propia sede del partido donde se le pidió que falsificara las facturas.

El abogado José Luis Vera, a quien la Guardia Civil considera un «elemento nuclear» en el ‘caso Azud’, figura entre los fundadores originales de Fiadelso. Relacionada: www.meneame.net/m/actualidad/gobierno-deniega-senado-cuentas-fundacion

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desgrana en su último informe del caso Azud una serie de operativas que habrían tenido como gran beneficiario al PSPV y que, en última instancia, creen que habrían ido a financiar al partido. El periodo de las indagaciones es alrededor de 2006 y 2007. Entre las conclusiones más destacadas de la Guardia Civil se encuentra que los socialistas financiaron en B gastos de la campaña de las elecciones municipales de 2007 en València, a las cuales se presentaba como cabeza de lista Carmen Alborch

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se encuentra realizando diversos registros en la mañana de este martes en varias sedes de empresas en toda la Comunitat Valenciana por el conocido como caso Azud. Los agentes han accedido a empresas de Valencia, Castellón y Alicante por orden del juzgado de Instrucción número 13.

Los relojes de lujo afloran en numerosas investigaciones por corrupción en España. Grau es un viejo conocido de la Fiscalía Anticorrupción y de la UCO, que ha registrado varias veces su vivienda en el marco de varios casos de corrupción que afectan al PP. Es uno de los principales investigados en el 'caso Azud' y está procesado en la pieza separada A del 'caso Taula' por la presunta financiación ilegal de las campañas municipales de Rita Barberá.

El síndic socialista ha vuelto al disparadero esta semana por ser el abogado de Jaime Febrer, el principal cabecilla de una trama nacida a la sombra del gobierno popular en el Ayuntamiento de València pero que tuvo importantes ramificaciones en su propio partido. Y Mata, que en esa época ya era portavoz del partido socialista. ¿Por qué paga ese desgaste como abogado? ¿Sólo por amor a su profesión?

El 9 de junio del 2021, a las 10.57 de la mañana, el empresario Jaime Febrer, recibió la visita de un abogado en el locutorio del centro penitenciario Antonio Asunción (Picassent), donde se encontraba en prisión provisional por su supuesto papel como corruptor en el 'caso Azud'. Y no era un abogado cualquiera, ni siquiera formaba parte del equipo de letrados que se ocupa de su defensa. Se trataba de José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa Rita Barberá y líder de la trama de presunta corrupción masiva.

Los regalos que Jaime Febrer realizaba a políticos del PP valenciano y del PSPV y a funcionarios eran en realidad comisiones ilícitas 'vestidas' muchas veces con etiquetas de marcas de lujo. Así lo establece el sumario del caso Azud al que ha tenido acceso este periódico y que explica que, además, eran un método esencial para tener engrasada la maquinaria de sus operaciones corruptas. Anotaciones crípticas mantienen el misterio sobre algunos de los regalos realizados.

El Juzgado de Instrucción número 13 de València ha acordado la libertad con cargos para el exvicealcalde de la ciudad con el PP Alfonso Grau, investigado en el caso Azud, tras permanecer seis meses entre rejas.

El portavoz del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, llevará la codefensa del principal empresario investigado en el caso Azud, que indaga en una presunta trama urbanística con cobro de comisiones. “Llevo 40 años siendo socialista y abogado. En este tiempo he defendido a muchísima gente, entre ellos políticos. Se me propuso llevar la codefensa del señor Jaime Febrer”.

La titular del juzgado de Instrucción número 13 de València, que investiga el caso Azud, ha decretado el ingreso en prisión comunicada y sin fianza del exsubdelegado del Gobierno en Valencia, el socialista Rafael Rubio, y el exvicealcalde de València Alfonso Grau, que fue la mano derecha de la exalcaldesa popular Rita Barberá, fallecida en noviembre de 2016. La decisión de la magistrada, que considera a la presunta trama corrupta como grupo criminal, se produce después de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera el ingreso en prisión provisional

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado el ingreso en prisión del exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio, el ex vicealcalde en Valencia, del PP, Alfonso Grau, el constructor Jaime Febrer y la empresaria Mónica Montoro, detenidos en el marco del caso Azud que investiga el cobro de supuestas mordidas por favores inmobiliarios. El juzgado número 13, que instruye la causa, los investiga por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sigue, sin prisa pero sin pausa, haciendo registros y recabando información del caso Azud, que mantiene en prisión provisional a José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de València Rita Barberá, por cobrar presuntas ‘mordidas’ de empresas adjudicatarias de contratos municipales. Su último registro fue este jueves en la sede municipal de la antigua fábrica de Tabacalera.

José María Corbín, cuñado de la fallecida alcaldesa de València Rita Barberá y principal imputado de la operación Azud, presuntamente creó su propia Gürtel para lucrarse personalmente. Según fuentes conocedoras del caso, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) investiga al cuñado de Barberá por, entre otros delitos, crear facturas falsas que justificaran las mordidas que supuestamente le pagaron varios empresarios contratistas del consistorio valenciano entre los años 2006 y 2015.

La jueza del caso Azud envió este jueves a prisión al abogado José María Corbín, cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, acusado de cohecho, blanqueo de capitales, delito contra la hacienda pública, tráfico de influencias y falsedad documental. La justificación del ingreso en prisión es el riesgo de destrucción de pruebas.

Dimite un concejal que fue detenido acusado de un presunto caso de violencia de género. Se trata de Rafael La Rubia, concejal de Sanidad y Consumo en el Ayuntamiento de La Carolina, y este lunes, tras hacerse público lo sucedido, el propio Partido Popular de La Carolina anunciaba a través de sus redes sociales, que deja el cargo de concejal "de forma voluntaria y por responsabilidad con sus compañeros del equipo de gobierno para dedicarse a su defensa".

El vicepresidente del Gobierno, consejero de Justicia e Interior de Madrid en el mandato de Esperanza Aguirre, Alfredo Prada, señala en juicio #CasoCampus directamente a la rana lideresa. Quebranto público de 40 millones €, más 350 millones "dilapidados" en el proyecto.

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha confirmado este martes que la administración autonómica se personará en la causa contra la agresión sexual a cinco menores tuteladas que, ha dicho, se encuentra bajo secreto de sumario. Del Arco se ha referido así a la investigación de la Policía Nacional con relación a cinco víctimas de agresión sexual, de entre 13 y 17 años, tuteladas por el Gobierno del Principado de Asturias. Doce hombres han sido detenidos por supuestos delitos de agresión sexual.

Cristina de Borbón y Begoña Gómez. Ambas están unidas por una misma <<conspiración jurídico-mediática>> y el sindicato ultra Manos Limpias. Manos Limpias se persona en el procedimiento señalando a Cristina de Borbón, se la condena a devolver 265.088 € por haberse beneficiado de los delitos cometidos por su marido. Caso Koldo-Begoña Gómez. A principios del año 2024 diferentes medios de comunicación comienzan a publicar investigaciones que apuntan a la esposa de Pedro Sánchez en relación con algunos cabecillas de la trama sobre desviación de rec

La gravedad de las acusaciones ha puesto en marcha un mecanismo de escrutinio que podría tener implicaciones significativas para el partido y sus líderes. La denuncia ante la Fiscalía y la copia enviada a Ayuso no solo buscan una investigación exhaustiva y justicia para los afectados, sino que también plantean preguntas más amplias sobre la cultura política y las prácticas de poder dentro del Partido Popular de Madrid.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho este lunes que está convencido de que la oposición les citará para comparecer a él y a su mujer en la comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo, y ha dicho que irán y darán sus explicaciones.

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha acudido al juzgado que lleva el caso Erial y en el que será llamado a declarar como testigo más adelante y ha mantenido ante los medios de comunicación que la verdad "es la verdad" al ser preguntado si sostiene que el caso Zaplana fue una operación del CNI.

Casi 28 años después del brutal crimen de la estudiante embarazada de 14 años Caroline Glachan los responsables fueron sentenciados. El caso se estancó, hasta que en 2019, la Policía decidió reabrir la investigación. Después de años de silencio y trauma, el pequeño testigo que había crecido con el peso de aquel recuerdo fue finalmente escuchado, y los detectives, armados con la nueva evidencia y el testimonio de Archie, finalmente rompieron la coartada que había protegido a los asesinos durante más de dos décadas.

¿A ti Hacienda no te va a devolver más de medio millón de euros después de abrirte una inspección? ¿Conoces algún caso lejanamente similar?.Es el enésimo intento de la mano derecha de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en su campaña para proteger a ese “ciudadano particular” que paga la casa de lujo –y el Maserati– del que disfruta la presidenta de Madrid.

El Tribunal de Apelación de Lisboa ha emitido un fallo en el que descarta la existencia de delitos de tráfico de influencias en la conocida ‘Operación Influencer’, el escándalo que propició la renuncia del ex primer ministro portugués, António Costa. Según informaron fuentes locales este miércoles, la corte ha rechazado la apelación presentada por la Fiscalía contra las medidas cautelares impuestas a los principales implicados en el caso, determinando que los hechos investigados “no constituyen por sí mismos la comisión de ningún delito”.