Joe Ades, un hombre que durante 60 años vendió peladores de patatas en las calles de Manhattan, fue una leyenda de Nueva York por el éxito de ventas de su producto. A pesar de llegar a ser rico, siguió vendiendo en las calles.

El alcalde cita la ocupación, los grafitis o la venta ambulante ilegal como algunas de las prácticas que perseguirá esta nueva normativa municipal, que no incluyó en su programa electoral

El Juzgado de Instrucción número 1 de Viveiro concluyó la investigación sobre las grabaciones a casi cien mujeres orinando durante la celebración de A Maruxaina celebrada en 2019 en San Cibrao; hay un sospechoso de haber grabado esas imágenes que fueron incorporadas posteriormente a páginas web de contenido erótico. De esta forma, la jueza de Viveiro ha ordenado que se continúe por los trámites habituales el procedimiento abreviado frente a ese sospechoso por si los hechos investigados fuesen constitutivos de un delito de pornográfico.

Ismael Moreno, el juez de la Audiencia Nacional que instruye el llamado caso Koldo rechaza entregar a la Fiscalía Europea esta causa, por lo que ha solicitado al Tribunal Supremo que decida en qué manos debe quedar la investigación de la misma. Moreno da así respuesta a la petición del Ministerio Público europeo, que a finales de mayo solicitó asumir íntegramente este procedimiento, debido a que podría afectar a fondos de la UE y a que este organismo supranacional considera la supuesta trama corrupta investigada como un único entramado.

España vive sujeta a un inusitado debate público sobre la politización de la justicia. En este marco, no podía quedar fuera del debate el Tribunal Constitucional, cuya composición actual fue aprobada recientemente, lo que no ha sido óbice, para que el PP cargue contra algunos de sus magistrados por su currículum, o por sus reconocimientos públicos, negativos si los concedió un Gobierno socialista y sin menoscabo alguno si lo hizo el presidente Rajoy o el ministro de Justicia Ruiz Gallardón.

El senador por Lugo José Manuel Balseiro fue nombrado por el PP vicepresidente de la comisión de investigación del caso Koldo en la Cámara Alta. El mariñano se despidió en abril del Parlamento gallego tras seis legislaturas y tomó posesión como senador por la provincia de Lugo.

Se trata de un jefe de grupo, que tenía a varios agentes a su cargo, con conocimiento de las distintas operaciones policiales que lleva a cabo la Ertzaintza...

Se enfrenta a una multa de 1.000 euros y detracción de 6 puntos. Una vez identificado el conductor, fue sometido a las pruebas establecidas arrojando un resultado positivo en el test indiciario de drogas que mostró la presencia de sustancia estupefacientes o psicotrópicas en su organismo.

UGT, ESK y LSB-USO consideran “un chiste” que la empresa catalan achaque sus reiteradas sanciones de la Inspección de Trabajo a que se denuncia “cualquier cosa” cuando comete irregularidades “desde el primer día”. En el último año, la Inspección de Trabajo ha constatado 23 infracciones por parte de Grup La Pau. Una es “muy grave” y las otras 22 son “graves”. Es más, después de que se diera a conocer esa cifra han seguido llegando más denuncias con hechos acreditados como la presencia de trabajadores sin contrato, según indican los sindicatos.

El preacuerdo alcanzado contempla la consolidación de una bolsa de empleo con carácter permanente y por orden de antigüedad en la que se incluirán los dos trabajadores despedidos y en el orden en el que les correspondía. Y es que, según denunciaba el lunes en rueda de prensa el responsable de Transportes de la CIG en Santiago, Inácio Pavón, la empresa se saltaba la lista e incluía en ella "a familiares" de los responsables.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar al exconsejero madrileño Francisco Granados y a otras 42 personas en la pieza 8 del caso Púnica por las supuestas irregularidades entre 2003 y 2011 en las adjudicaciones de suelo público en la Comunidad de Madrid a través de la empresa regional Arpegio y en las infraestructuras de la entidad de Infraestructuras del Transporte de Madrid (Mintra).

"Se han convertido en los países con mejor desempeño de la región".

Es la última de una larga tanda de licitaciones que la Xunta tiene que declarar desiertas. En un problema que afecta al SERGAS, al 061 e incluso al transporte de sangre y cuya raíz es, según coinciden empresarios y sindicatos, es el empeño de la Administración en ahorrar hasta el último céntimo en la prestación de estos servicios públicos, lo que al final acaba provocando huelgas de trabajadores que padecen atrasos y empresarios operando asumiendo pérdidas. En última instancia, el deterioro de lo público.

Una vecina de La Ina denuncia lo sufrido el pasado 29 de mayo con su padre, un hombre de 81 años enfermo, para el que pidieron una ambulancia a Jerez y, al ver que esta no llegaba, tuvieron que contratar una privada

Joana Sales (Barcelona, 1977) pasó varios meses con hematomas en la cara, las muñecas y los dos brazos. Los hechos se remontan al 30 de noviembre de 2022. La joven, musicóloga y militante del Sindicat d'Habitatge del Raval, tenía previsto visitar a una amiga del barrio. El reloj marcaba las 21.00 de la noche y casi no había luz en las calles de la Ciudad Condal. Joana había salido poco antes de su casa y nada le hacía presagiar que acabaría la noche en comisaría. Los Mossos d'Esquadra trataban de desahuciar a su amiga cuando ella llegó.

El contrato de emergencias entró en vigor en agosto de 2023 por valor de 147 millones de euros y el de programada iba a renovarse en mayo por 135 millones pero quedó paralizado por un recurso de UGT que alertaba de que Grup La Pau no podía acceder a él por haber recibido una sanción “muy grave” de la Inspección de Trabajo por retraso en el abono de las nóminas.

La investigación a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, entró el miércoles en una segunda fase al marcar los jueces de la Audiencia Provincial hasta donde alcanza la denuncia de Manos Limpias para investigar. Y de todos los supuestos indicios presentados por el pseudosindicato solo se salvan las dos copias de una carta-tipo en la que Begoña Gómez estampó su firma recomendando a una UTE de empresas que finalmente consiguieron dos contratos públicos.

El movimiento podría arrebatar la causa al tribunal especial, que puede plantear un conflicto de competencias que resolverá el Supremo. Como uno de esos contratos estaba cofinanciado con fondos europeos, la Fiscalía Europea solicitó información adicional para valorar si concurrían los requisitos para asumir la competencia también por estos hechos. Tras recibir esa documentación, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados.

La comunicación que trasladaron en ese mensaje de texto es la de tener que recoger, a partir de ahora, a los pacientes en las propias habitaciones, cuando antes se hacía en las zonas de acceso de los centros. Un cambio aplicado “de forma unilateral” del que, admite Fernández, todavía desconocen la motivación, pero que ni facilita el trabajo ni acorta los tiempos, como “excusan” las autoridades sanitarias. Más bien todo lo contrario, considerando, además, que esa no es la labor de los profesionales que llevan las ambulancias.

A este respecto, denuncian que Carlos Simón está "utilizando los vehículos del servicio programado, adscritos al contrato público, para servicios privados durante el fin de semana". "Se están dando situaciones tan alucinantes que el pasado fin de semana un trabajador adscrito a este servicio programado estuvo toda su jornada laboral sentado en la base porque no tenía vehículos, porque se estaban utilizando para servicios privados que se facturan aparte", lamentan desde la CIG.