Se trata de una ley de protección del patrimonio histórico a la que ha intentado recurrir los liquidadores, pero sin demasiados visos de que la demanda prospere. Una condición que complica enormemente la venta de una obra que, por sí sola, podría rondar los 300 millones de euros y que ahora podría ver reducido sustancialmente su precio final. Eso, claro, si fuese auténtica.
