El acusado fue inhabilitado durante cuatro meses y aceptó seis meses de prisión, pena que ha sido suspendida

La petición de pena es tan alta que la vista la celebrará la Audiencia Provincial

Un agente de la guardia civil se enfrenta a cinco años y tres meses de prisión, acusado de los delitos de extorsión y cohecho, por pedir a un empresario un reloj de alta gama a cambio de no entorpecer su actividad como transportista.

La Audiencia Nacional ha desestimado un recurso contra la continuidad de la biofábrica de Ence en Pontevedra, rechazando todos los argumentos del colectivo ecologista recurrente, entre ellos que la actividad de la planta perjudique al medio ambiente. La Justicia todavía tiene que pronunciarse sobre la validez de la prórroga por 60 años concedida a la instalación; el fallo podría retrasarse por el coronavirus.

Los padres de un menor han sido condenados por la Audiencia Provincial de Pontevedra a pagar una multa de 540 euros por permitir que su hijo de 12 años faltara un total de 320 veces a clase

La cláusula suelo, la condición por la que el cliente asume la práctica totalidad de los gastos derivados de la operación, la de vencimiento anticipado y la de intereses de demora. Hasta cuatro cláusulas usadas habitualmente en la tramitación de hipotecas han sido declaradas nulas por la Audiencia Provincial de Pontevedra por considerarlas abusivas. La sentencia abre la puerta a la impugnación de todos aquellos contratos actuales en las que se contengan estipulaciones similares.

El Gobierno argentino de Javier Milei enfrenta una causa judicial por el acopio de alimentos que eran destinados a comedores comunitarios, donde la demanda crece diariamente por el aumento de la pobreza. Este martes, durante una audiencia, el dirigente social y abogado denunciante Juan Grabois se trenzó en insultos con la subsecretaria de Legal del Ministerio de Capital Humano Leila Gianni, una de las funcionarias responsables por la retención de mercadería a punto de vencerse en dos depósitos del Estado.

El tribunal concluye que "no existe prueba o indicio alguno" de que diese "orden" o "sugerencia" de adjudicar contratos a la empresa Orange Market.

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha acordado este miércoles dar vía libre al magistrado Juan Carlos Peinado para investigar la actuación de la mujer del presidente del Gobierno Begoña Gómez

La Audiencia Nacional ha condenado a Paradores a pagar una indemnización de 7.501 euros a cada uno de los sindicatos demandantes, CSIF, FESMC-UGT y CCOO, (22.503 euros en total) por vulnerar el derecho a la libertad sindical en la negociación del nuevo convenio, al no entregar los datos desglosados de la masa salarial correspondiente a los años 2021 y 2022. Por su parte, Paradores señaló a Europa Press que confía en poder alcanzar “lo antes posible” un acuerdo para la firma de un nuevo convenio colectivo con los sindicatos.

El alto tribunal considera que la acusación de la Fiscalía no se ve corroborada por las pruebas practicadas en el juicio y que permitan demostrar que el blanqueo de capitales procede de operacion que es de blanqueo tráfico de drogas.

La Sala de Apelación considera que el tribunal que enjuició al comisario, castigado con 19 años de cárcel por tres proyectos de espionaje, no tuvo en cuenta toda la prueba contra él.

La Audiencia Nacional ha rechazado entregar a El Salvador al exmiembro de una mara porque, de hacerlo, se pondría en "grave riesgo su vida e integridad física a la vista de la situación actual" que atraviesa el país, en estado de excepción desde hace más de dos años.Uno de los motivos del recorte de derechos es precisamente la lucha contra pandillas y maras del país. El objeto de la reclamación es, precisamente, la pertenencia a esas organizaciones criminales (terroristas), la mara "Dieciocho Revolucionarios, aunque en este caso era colaborador

El expresidente deberá abonar 65.000 euros de fianza por el beso y las coacciones a Hermoso y otros 65.000 de forma conjunta con el ex seleccionador, Albert Luque y Rubén Rivera

Se coló en su casa, la llamó más de medio centenar de veces en un mes, pero eso no significa que la estuviese acosando. Al menos es lo que estima el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, que ha anulado la sentencia que condenó a un hombre a 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad porque las 57 llamadas que hizo en un mes a su expareja y las dos visitas a su domicilio no constituyen pruebas bastantes para dar por acreditado el delito de acoso.