El Ayuntamiento busca la fórmula para frenar un complejo de 575 habitaciones para 1.000 residentes, proyectado en una parcela rodeada de pisos en la que ahora sobreviven unas viejas fábricas que los vecinos quieren proteger. Cinco días después de que el Ayuntamiento ordenase paralizar el derribo de las naves que aún se mantienen en pie, las excavadoras entraron al recinto para demolerlas. Lo lograron parcialmente, pues la alerta de los vecinos movilizó a la Policía Local y el consistorio estudia acciones legales ante un derribo no autorizado.