Ambas partes han alcanzado un acuerdo para aceptar una condena menor de dos años a cambio de reconocer cinco delitos fiscales

El fondo ve improbable que prospere la denuncia de Hacienda ante la Fiscalía por presunto fraude en la venta del gigante sanitario, pero la pone ante los inversores como "ejemplo" de riesgo para todo el sector

La propaganda de Rodríguez oculta que cualquier acuerdo solo puede darse sobre la base del reconocimiento de los delitos. No se trata de una discrepancia con Hacienda sobre cantidades, como trata de hacer creer la presidenta y su equipo de comunicación, la denuncia de la Fiscalía y lo que ya ha reconocido el propio González Amador en ese correo son delitos penados con entre uno y seis años de cárcel. Dicho de otra manera: cualquier acuerdo de conformidad implicará la condena a la pareja de Ayuso, al menos por fraude fiscal.

"Hablamos de que la presidenta, que es quien recauda y gestiona los impuestos de la Comunidad de Madrid, está disfrutando de una vida pagada con el fraude fiscal y con una comisión de dos millones de euros, que se produjo en un momento en el que estábamos los demás españoles encerrados en casa", resalta Ignacio Escolar, que asegura que "no es legal y por eso ha sido trasladado a la Fiscalía y al juzgado".

Fraude fiscal y falsedad documental. Son los delitos que la Fiscalía de Madrid atribuye a Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, por haber eludido el pago de 350.951 euros a Hacienda a partir de un entramado de facturas falsas y empresas pantalla. Una operación que tendría como objetivo pagar menos impuestos ante el significativo incremento de la facturación que registró una de sus empresas durante la pandemia. Rel: www.meneame.net/story/pareja-ayuso-defraudo-350-951-euros-hacienda-tra

El director de delitos electorales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Richard Pilger, dimitió este lunes por la noche tras la orden del fiscal general, William Barr, de investigar el supuesto fraude en los comicios presidenciales. Pilger, además, lamentó que la orden de Barr "deroga una norma de 40 años de no interferencia (federal) en investigaciones de fraude electoral durante el periodo anterior al de certificación de las elecciones".

Los reyes eméritos, Juan Carlos I y Sofía de Grecia, han disfrutado en la última década de sueldos públicos que superan los tres millones de euros. El cobro de estas cantidades –cuya cuantía la Casa Real solo empezó a hacer pública a partir de 2011, tras el estallido del caso Nóos, la causa de corrupción que llevó a la cárcel a Iñaki Urdagarín– responde al mandato constitucional que establece que "el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma".

Es la norma, no la excepción: el primero que cae en España es siempre el que denuncia o persigue la corrupción. Y siguiendo esta larga tradición, el primer dimitido por el fraude fiscal de la pareja de Ayuso probablemente será el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Jaque mate, porque la imputación es el final de esta partida. El cerco contra el fiscal general del Estado coincide con otra cuestión: la entrada en vigor de la amnistía. Y la defensa que ha hecho Álvaro García Ortiz del cumplimiento de esa ley le pone en la picota

Los fiscales Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno se oponen a la instrucción que han recibido esta misma mañana para que se posicionaran a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención que pesa contra el expresident de la Generalitat.

La amnistía recrudece las tensiones en la Fiscalía. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha instado a los fiscales del procés a que se pronuncien a favor de aplicar la ley de amnistía para todos los delitos, incluida la malversación que afecta a Carles Puigdemont u Oriol Junqueras; así como de levantar la orden de detención contra el expresident, según el escrito al que ha tenido acceso elDiario.es.

Consuelo Madrigal, Fidel Cadena, Javier Zaragoza y Jaime Moreno han enviado al Fiscal General del Estado el informe definitivo contrario a aplicar la ley de amnistía a los líderes independentistas que impulsaron el referéndum ilegal del 1 de octubre. Los fiscales del Tribunal Supremo sostienen que el delito de malversación que pesa sobre los fugados Carles Puigdemont, Lluis Puig y Toni Comin y sobre los condenados Oriol Junqueras, Raul Romeva, Dolors Bassa y Jordi Turull encaja en las excepciones que contempla la ley.

Los representantes del Ministerio Público ante el Supremo sostienen que concederles la medida de gracia es “contraria a las leyes”. Los fiscales han entregado un informe en el que reafirman su postura de no aplicar la medida de gracia a los encausados por malversación y advierten de que, si reciben la orden contraria, exigirán la convocatoria de una Junta de Fiscales de Sala.

Un jurado condenó a Hunter Biden por los tres cargos federales a los que se enfrentaba en un caso de armas, concluyendo que violó las leyes destinadas a impedir que los drogadictos posean armas de fuego. La condena marca la primera vez que un miembro de la familia inmediata de un presidente ha sido declarado culpable de un delito durante el mandato de su padre, aunque sus crímenes son anteriores al período de Joe Biden como presidente.

Álvaro García Ortiz recuerda al instructor de la causa contra los fiscales que él está aforado ante el Tribunal Supremo y que ya se ha hecho responsable de la nota de prensa desmintiendo el bulo de Miguel Ángel Rodríguez sobre el pacto entre la pareja de Ayuso y el fiscal del caso por fraude fiscal y falsificación de documentos de Alberto González Amador

La asociación denunció a la eléctrica ante la Fiscalía Anticorrupción tras conocer que la CNMC había multado a la empresa con más de seis millones de euros por realizar ofertas a precios excesivos entre marzo de 2019 y diciembre de 2020.

El Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote ha publicado los indicadores de criminalidad en la isla en el primer trimestre de 2024. Según los datos utilizados por la Oficina Estadística Europea, los delitos crecen un 7,4% respecto al mismo periodo del año pasado. Los casos de tráfico de drogas han aumentado un 75% mientras se disparan los delitos sexuales, contra la libertad e indemnidad sexual han crecido un 105,3% mientras las agresiones sexuales con penetración han crecido un 275% con respecto al mismo periodo del pasado año.

Alberto Pugilato fue condenado en 2021 a un año de cárcel por un delito de odio por las letras racistas de sus canciones. Alberto Pugilato se enfrentó a la justicia en 2021, cuando fue condenado a un año de cárcel por un delito de odio, como confirmó el Tribunal Supremo, por las letras racistas de sus canciones en un concierto celebrado en Sabadell en el año 2010. Unos mensajes que para el alto tribunal no estaban amparados por la libertad de expresión por contener “expresiones supremacistas de desprecio contra individuos de determinados grupo

La causa en la que estaba investigado el hermano de Begoña Villacís, Borja Villacís, en la Audiencia Nacional tiene todos los ingredientes de una investigación de serie. Él, que fue asesinado a tiros este martes en Madrid, no estaba en la parte alta de la organización criminal, si bien fuentes de la causa confirman que había sido detenido en 2021 y estaba imputado por dos delitos: tráfico de drogas y blanqueo de capitales.

Los testigos en las diversas causas penales contra el ex presidente han obtenido aumentos de sueldo, nuevos empleos y mucho más. Si algún beneficio estaba destinado a influir en el testimonio, eso podría ser un delito.

La Legislatura estatal de Luisiana (EE UU) ha aprobado este lunes un proyecto de ley que permitiría a los jueces ordenar la castración quirúrgica como parte de la condena a las personas convictas por ciertos delitos sexuales. La medida daría a los jueces la opción de sentenciar a alguien a castración quirúrgica después de ser condenado por ciertos delitos sexuales agravados, incluidos violación, incesto y abuso sexual, contra un niño menor de 13 años.

La posibilidad de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, dimita sobrevuela ya la Fiscalía. El jefe del Ministerio Público dejará su cargo si la denuncia por revelación de secretos que interpuso el novio de Isabel Díaz Ayuso termina llegando al Tribunal Supremo, según relatan distintas fuentes a El Independiente que no dudan que esto pasará porque ven una estrategia orquestada desde la derecha para terminar con García Ortiz y debilitar al Gobierno.