Richard, Josefina y sus tres hijas menores llevan más de seis años viviendo en un piso que ocuparon en Madrid al perder sus ingresos. Tras años de negociaciones sin éxito por un alquiler social, el BBVA vendió ese piso al fondo de inversión Cerberus, que pretende desalojarlos este miércoles. La ONU ha pedido en cuatro ocasiones que se paralice su desahucio. Rel: www.meneame.net/story/fondo-buitre-cerverus-pide-juez-ordene-presencia

Uno de los motivos por los que sigue creciendo el número de desahucios es la existencia de casos excluidos de las condiciones establecidas por el blindaje social. De este modo, personas que no están empadronadas o que entran en la categoría de vulnerables, pero no cuentan con nadie a cargo, entre otros, pueden encontrarse con el caso de que los jueces dictaminen que su vulnerabilidad no está acreditada.

Carmen es madrileña y tiene 46 años, un hijo de 14 y una nieta de 7, fruto de una relación que tuvo su otra hija siendo adolescente quien, tras marcharse de casa, la dejó a su cargo. Según explica, hubo un tiempo en el que estuvo trabajando en residencias de ancianos y prestando ayuda domiciliaria a personas mayores, pero hace años que se quedó sin trabajo. Ahora está cobrando una renta mínima vital de 650 euros mensuales. Carmen relata una vida imposible. Este verano, además, ella misma fue operada de un tumor de mama...

A Nuria "lider" de Rider por Derechos y su familia mañana van a intentar desahuciarles «Nuri y su familia llevan 34 años viviendo en su casa y desde hace 12 que sufren acoso por parte de la propiedad y ahora quieren desahuciarlas» explican desde el Sindicat de Llogateres . taxiproject.eu/manana-martes-16-vamos-a-parar-un-desahucio-lanuriesque

Según el Registro de la Propiedad, el nuevo magistrado del Constitucional posee 10 viviendas, 5 locales, 8 plazas de garaje y una finca urbana, y todo ello sin hipotecas, libre de cargas. Seis de esos bienes los recibió en herencia.

En su resolución, la magistrada expone los hechos ocurridos en el lanzamiento y reconoce el “error que dio lugar a la entrada en el domicilio” de Rosario, pero remarca que “ha quedado evidenciado que no hubo negligencia por parte de los actuantes”. “Aun si acogiera la tesis de la acusación que afirma que se ha incurrido en negligencia, los delitos denunciados no permiten su comisión imprudente", remarca el texto.

Finalmente, a las 11.30 horas de este lunes, 8 de noviembre, se ha ejecutado el desahucio de José Antonio y Samanda. Una familia con cuatro criaturas que se queda desamparada sin su vivienda. Hay que recordar que tienen hijos e hijas de 8, 6 y 3 años y un bebé de apenas ocho meses. La llegada de la Comisión Judicial ha sido sobre las 11.00 horas. A la llegada de esta comisión se vivieron momentos de tensión protagonizados por la policía, que ha desalojado por la fuerza a decenas de activistas que intentaban evitar el desahucio pacíficamente.

¿Quién es el responsable del desahucio por error de Rosario Bravo? Esto es lo que intenta averiguar una jueza de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) a raíz de la querella formulada por la familia de esta anciana de 97 años, que el pasado mes de febrero vio como los enseres de toda una vida desaparecían por un una equivocación en el lanzamiento de un piso. Logró recuperar el piso, pero no los objetos de su casa. Ante la titular del juzgado de instrucción 2 de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) han comparecido este jueves...

Una familia con dos menores a cargo que ocupaba un piso propiedad del Ayuntamiento de Barcelona ha sido desahuciada cuando la madre llevaba a los hijos a la escuela. Los hechos se han producido este jueves por la mañana en el número 9 de la calle de l'Om del barrio del Raval. Ni los afectados ni el colectivo vecinal en el que se habían implicado, el Sindicat d'Habitatge del Raval, no habían recibido ninguna notificación judicial previa. El motivo que explica esta situación es que el gobierno municipal había pedido el desalojo del piso al dete

Su situación es dramática porque el próximo 17 de noviembre tiene fijada una orden de desahucio del piso en el que lleva cuatro años viviendo en la zona de Manuel Azaña. «El dueño se lo quiere alquilar a otra persona», lamenta. La portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, añade que el contrato aún tiene un año de vigencia y se ha comprometido a hacer todo lo posible para evitar el desahucio. Además, acusa al propietario de "ser el responsable por no haberle dado una alternativa de pago a través del alquiler del IBAVI"

La futura ley de vivienda regulará los desahucios para ofrecer una alternativa habitacional a las familias vulnerables. Una de las medidas del texto legislativo que, al contrario que la regulación de alquileres o la subida del IBI a las viviendas vacías, no quedará en manos de las comunidades autónomas o los municipios la decisión sobre su aplicación. La previsión del Gobierno es llevar el proyecto de ley al Consejo de Ministros del próximo martes, aunque se prevé una tramitación parlamentaria larga. Es por este motivo ...

Hace ya más de un año y medio que 392 familias de diversos barrios de Pamplona recibieron varias cartas en las que el fondo buitre Testa Residencial les comunicaba que sus condiciones contractuales de alquiler “habían cambiado”. Los pisos, que habían estado sujetos a un régimen de protección oficial durante los pasados 20 años, habían pasado al mercado libre. Esto las colocaría en riesgo de desahucio.

Construyó y vendió 250 viviendas en la zona oeste de Madrid, pero la crisis de 2008 se ha llevado por delante el chalé de 540 metros cuadrados en el que ella vivía.

Seis años después de su aprobación, un estudio de la Alianza contra la Pobreza Energética e Ingeniería sin Fronteras pone cifras a la aplicación de la ley catalana, convertida en un ensayo general de una ley que garantice el derecho humano a la vivienda. Su implementación “no ha sido fácil” cuentan los autores del informe y “ha requerido de un gran esfuerzo, sobre todo de la administración local, la más cercana a la ciudadanía, para incorporar las obligaciones que se derivan de la ley”.

Los Mossos d'Esquadra han resuelto un incidente que el mes de junio hubiera podido acabar con tragedia. La policía y la comitiva judicial fue enviada, el pasado 10 de junio, a hacer un desahucio en una vivienda ocupada de la calle de la Ermita de Tossa, en Jorba, en la comarca de Anoia (Barcelona).

"En marzo de 2020 entraban 1.500 euros en el hogar de Rosa Elvira, a partir de 2 sueldos: el de su marido, en la construcción, y el suyo, de cocinera, ambos sin contrato. Con ellos pagaban los 750 euros de la renta de su piso con un único cuarto. En cuanto la familia, con 3 hijos y uno más en camino, comenzó a tener problemas de liquidez por la pandemia, la empresa casera contrató a desokupas. El matrimonio no pudo acogerse a un ERTE o a prestaciones de desempleo, al ser ambos trabajadores en negro. Se cayeron del sistema".

Además, pregunta al Presidente por qué no ha frenado él los desahucios y los alquileres abusivos. Firman la carta nada menos que 4 relatoras de la ONU: la que vela por el derecho a la libertad de opinión y expresión, la del derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, la de los defensores de derechos humanos, y el del derecho a la vivienda. El tiempo pone a cada uno en su lugar. En este caso, a la fiscalía y al lobby inmobiliario. Querían amedrentar al movimiento por la vivienda y les salió el tiro por la culata: pierden y quedan

Cinco madres cubanas con sus nueve hijos fueron desalojadas por la Policía de un edificio vacío en el municipio habanero de Playa, que habían tomado debido que no soportan más las pésimas condiciones del albergue donde viven en el municipio Habana del Este. "A las dos horas de habernos metido en los apartamentos vino la Policía y rompió la puerta. Los agentes nos amenazaron con meternos presas porque, según ellos, estábamos cometiendo delitos como allanamiento a la propiedad y desobediencia.

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas habituales se disparan un 253,2% en el segundo trimestre del año, según el INE.

La Corte Suprema levantó el jueves la prohibición de ejecutar desahucios durante la pandemia Covid-19, poniéndose del lado de los propietarios en contra de una moratoria que la administración impuso este mes a pesar de las dudas sobre su legalidad. Tres jueces liberales discreparon. La moratoria de desahucios afecta a millones de inquilinos , en gran parte para permitirles permanecer en sus hogares mientras los gobiernos estatales y locales luchan por desembolsar unos $47 mil millones de asistencia al alquiler proporcionada por el Congreso

Los lanzamientos han aumentado en los últimos meses a niveles de antes del confinamiento, cuando se detuvieron por la pandemia, a pesar de que el Gobierno ha ampliado el decreto provisional que los frenaba hasta octubre. Pero, ¿por qué sucede esto si hay un decreto que los paraliza? El Gobierno estableció, para limitar los lanzamientos, un baremo de vulnerabilidad: una serie de condiciones que tienen que ser cumplidas para que el desahucio no se lleve a cabo. Entre estos requisitos se encuentra estar en desempleo, que la facturación haya caído