Los indicios de actividad delictiva por parte de dirigentes con altísima responsabilidad en la organización del partido, tanto en el Estado como en diversas Comunidades Autónomas, Municipios y Diputaciones Provinciales, son tan numerosos que resulta obligado que el Ministerio Fiscal ponga en marcha una investigación, a fin de concluir si hay motivos o no para instar del órgano judicial competente, que, en nuestra opinión, sería la Audiencia Nacional, su disolución o la suspensión de su actividad.
