Doce trabajadores del geriátrico están siendo investigados. La cronología de los hechos se inició a medianoche cuando la mujer, que debía encontrarse durmiendo en su habitación, desapareció. Al parecer, los empleados la estuvieron buscando hasta bien entrada la madrugada, momento en el que la hallaron ya sin vida en el aparcamiento de la residencia. Los indicios obtenidos han permitido averiguar que, con la supuesta intención de ocultar a la familia esta circunstancia, trasladaron el cadáver hasta su habitación y lo asearon.

Es una iniciativa audiovisual realizada por varios colectivos sociales que afea la vulneración de derechos en estos centros y que se ha proyectado en el Festival de Cine Comprometido de Guadalajara, FESCIGU

Abre una "investigación interna" tras haber negado “rotundamente” que se advierta previamente a las residencias de mayores de las fechas de las visitas, tal y como denunció en agosto la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servicios Sociais (Agiss) El BNG y el PSdeG exigieron una "investigación inmediata" tras la denuncia de Agiss Ahora, la Federación Galega de Asociación de Familiares e Usuarias das Residencias e da Dependencia asegura que se ha abierto un expediente sancionador a los inspectores.

Lo que ocurre es lo de siempre en la administración de justicia. Que por mucho empeño que pongan unos cuantos jueces para hacer un trabajo riguroso, sus superiores siempre estarán vigilantes para que la cosa no llegue a mayores. Y eso ya está pasando. Los fiscales empezaron con casi 500 denuncias y, al final, sólo han logrado recuperar 19. Las demás se han quedado por el camino. Las instancias judiciales se han encargado de archivar la casi totalidad de ellas. Y es que a la justicia no le conviene remover la mierda a pesar de que lo que está en

Carlos Iglesias de la Cueva, hermano del famoso cantante Julio Iglesias, se ha negado este martes a declarar ante ninguna de las partes en el primer día del juicio que se celebrar en la Audiencia Provincial de Madrid contra él presuntamente defraudar 19 millones a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2001 al no haber supuestamente incluido en el Impuesto de Sociedades la venta de varios terrenos en Madrid al alegar que tenía la residencia fiscal en Panamá.

Carlos Mur, director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia, ha abandonado los juzgados de la capital sin hacer declaraciones y entre gritos de “¡Asesino!” de varias decenas de familiares de ancianos fallecidos en residencias durante la primera ola de 2020. Como testigo, ante el juez que investiga estos fallecimientos en varios centros de Madrid, Mur ha descargado en los propios facultativos la decisión de derivar o no a ancianos a hospitales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado hoy que la causa que investiga su responsabilidad en la muerte de una persona en una residencia de Torrelodones durante la pandemia "no tiene más recorrido", y espera su "archivo definitivo".

La advertencia de Netanyahu es un imposible para la población de Gaza, que se encuentra totalmente sitiada por las fuerzas israelíes desde hace décadas.

Se ha firmado en el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) el convenio de residencias de Bizkaia que afecta a más de 5.000 trabajadoras. El salario de la gerocultora pasará de los 1.460 euros mensuales a los 1.800 euros, una subida salarial mensual de 340 euros un 23,22%

El pasado octubre, más de 800 personas se inscribieron en el plan de renta básica, pero no todas recibieron el mismo estipendio. Hay tres grupos: Uno recibe 1.000 dólares al mes durante un año; otro recibe 6.500 dólares por adelantado y a partir de ahí 500 dólares al mes; y otro recibe sólo 50 dólares al mes. [...] Cuando comenzó la iniciativa, alrededor del 6% de las personas del grupo de 1.000 dólares al mes declararon que dormían a la intemperie; la cifra se redujo a cero seis meses después.

La Xunta de Galicia justifica la apertura de una investigación a los inspectores que denunciaron que cargos de la Consellería avisaban a las residencias antes de las visitas de inspección. Más allá de la posible represalia a los denunciantes, ¿realmente la Xunta pone sobre aviso a las residencias antes de que sus propios inspectores acudan, en teoría por sorpresa, para revisar si los ancianos están bien cuidados? La Xunta, cuando saltó la denuncia en agosto, lo negó.

La Xunta de Galicia ha abierto un expediente sancionador a los inspectores de residencias que el pasado mes de agosto denunciaron que altos cargos de la Consellería de Política Social “boicoteaban” su trabajo dando chivatazos anunciado a las empresas gestoras de los geriátricos cuándo se producirían sus visitas. “Esta misma semana están siendo llamados a declarar individualmente”, denuncian desde REDE, quien ha tachado de “caza de brujas” este procedimiento.

El consejero de Derechos Sociales de Cataluña, Carles Campuzano, se ha escudado en el supuesto déficit fiscal de la región para contestar a las denuncias de recortes en pañales para mayores que ayer lanzó la Asociación de Directores de residencias (Ascad). A preguntas del PP, el conseller de ERC ha evitado hablar de forma clara de una polémica que ya ha tenido recorrido, ya que los responsables de los centros tildan de "ataque a la dignidad" de los dependientes a los que atienden. Con todo, ha asegurado que con el cupo vasco los servicios socia

En 2021, publicó el libro Vergüenza, el escándalo de las residencias y recibió el premio de la Asociación de la Prensa de Madrid al Periodista Especializado y el José Couso de libertad de prensa. Desde entonces, se ha volcado en esclarecer lo ocurrido durante la primera ola de la covid en las residencias y apoyar a las familias de las víctimas. De hecho, a su cargo se hizo público el documento que prueba que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso fijó "criterios de exclusión" para no trasladar a enfermos desde los geriátricos a los hospitales.

De este modo, Alía pudo presenciar en primera persona lo que supusieron los protocolos de no derivación que aprobó el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y que impidieron el traslado de los mayores y personas con discapacidad desde las residencias de la Comunidad de Madrid a los hospitales. 9.468 mayores fallecieron esos meses en las residencias, de los cuales 7.291, casi el 80%, lo hicieron sin ser trasladadas a un centro médico.