La empresa Azora no se dejó una ocasion para especular y sangrar a sus inquilinos. Les subia el alquiler un 40%; además les cobraba el IBI (Impuesto sobre bienes en propiedad, que debe pagar el propietario). Y por si todo esto fuera poco, se guardó 20 pisos de protección oficial en el mismo edificio y los ha mantenido vacíos sin entregar. Por todo ellos el Sindicat de Llogaters los denució al Ayuntamiento de Barcelona, que le ha propuesto para una sanción de entre 90.000 a 900.000 euros.
Traducción: bit.ly/SancionBuitre 
