El Gobierno insiste en que no prorrogará el estado de alarma a partir del 9 de mayo y tampoco contempla aprobar un plan B jurídico basado en legislación ordinaria, como ha reclamado el PP. La portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, afirmó este martes que las comunidades tienen todas las herramientas necesarias para contener la pandemia aunque, al tiempo, reconoció que sólo se pueden limitar derechos fundamentales (como la movilidad o el derecho de reunión) con carácter general bajo el paraguas del estado de alarma.

Si de algo ha servido esta pandemia, ha sido para ser testigos de cómo conceptos jurídicos que todos los juristas creíamos asentados y asumidos, tanto por los ciudadanos como por el Poder, han sido cuestionados de la forma más brutal. Muchos han sido los ejemplos que podríamos nombrar ahora. Para empezar, el encierro total al que nos vimos sometidos varios meses desde mediados de marzo del año pasado, cuando la COVID nos golpeó como nunca un virus lo había hecho en el último siglo.

Según los juristas se regresaría a la situación anterior y por lo tanto las comunidades autónomas sólo pueden adoptar "medidas ordinarias" en materia de sanidad. No obstante, indican que para situaciones graves pueden llegar a limitar derechos fundamentales, pero sólo en casos muy definidos e individualizados valiéndose de la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986.

Una vez decaiga el estado de alarma, las medidas ya no se adoptarán partiendo de las disposiciones del Real Decreto Ley (y, por tanto, del criterio directo del Gobierno), sino que será el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el órgano encargado de aplicar las restricciones que considere necesarias para abordar la situación epidemiológica. Dejarán de estar en vigor, automáticamente, las medidas obligatorias que se establecieron en el actual estado de alarma, y que afectan fundamentalmente a movilidad,ocio, y actividad nocturna

Pedro Sánchez, ha asegurado hoy que una vez vencido el plazo del estado de alarma, el 9 de mayo, el Gobierno no prevé prorrogarlo. "Lo que queremos es que el 9 de mayo sea punto y final", ha sostenido. Asimismo, Sánchez ha precisado este martes el calendario de vacunación en España para los próximos meses. Sánchez ha explicado que el compromiso de vacunar al 70% de la población "al final del verano", es decir, 33 millones de personas, se cumplirá a finales de agosto "con la planificación más prudente y conservadora".

Cada vez se encuentra más próximo el 9 de mayo, una fecha en la que previsiblemente finalizarán el estado de alarma vigente y las medidas de protección hacia los inquilinos vulnerables derivadas de esta figura. A partir de entonces, una vez que se recupere el marco normativo tradicional, los grandes caseros de España prevén que se inicien los trámites para efectuar entre 30.000 y 40.000 desahucios por impago del alquiler.