El Consell apartará al actual jefe de seguridad de Presidencia por su actuación en la polémica 'caza del topo' que impulsó el Gobierno autonómico tras la filtración a la prensa de distintos documentos vinculados a los gastos autorizados por la secretaria autonómica de Coordinación, Esther Pastor. El Consell estima que el policía se extralimitó en su actuación y lo hizo sin conocimiento de ningún responsable político. Relacionada:www.meneame.net/story/penultimo-escandalo-presidencia-interrogatorio-a

Indignación en la Policía por el elevado número de recompensas a los mandos sin que cumplan uno solo de los requisitos.

Una veintena de personalidades –gran parte de ellos, ministros de Zapatero– pierde la protección en favor de varios altos cargos del Ejecutivo de Rajoy. El plan de reducción de escoltas tenía el objetivo de reasignar a los guardaespaldas a otro tipo de tareas policiales para contrarrestar la menor oferta pública de empleo.

El expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Carlos Dívar, que se mantuvo en el cargo hasta el 21 de junio de 2012, todavía goza de una escolta compuesta por 11 guardias civiles y 4 policías nacionales a pesar de haber tenido que dimitir por cargar viajes al Poder Judicial, sin que este tuviese constancia de los mismos, y fines de semana en el Caribe.

Cadena Ser asegura este lunes, que el expresidente del CGPJ, el dimitido Carlos Dívar, mantiene a día de hoy 15 escoltas y coche oficial. Un servicio similar a la protección de la que gozan los expresidentes de Gobierno. [Con un coste anual de 385.000 euros]

Ha ocurrido en un scrache silencioso que la plataforma ha efectuado a las puertas de El Teatro de la Paz de Albacete, y en el que se celebraba un mitin público del PP. El hecho se producía cuando, según los testigos, uno de los coches de la comitiva ha retrocedido mientras diversos miembros de la plataforma cruzaban por un paso de peatones y, presuntamente, se ha producido un intento de atropello, golpeando en una pierna a un joven.

Tras los recortes provocados por el fin de ETA, aún existen unos 3.000 agentes públicos en España que custodian la seguridad personal de políticos, jueces o personas amenazadas. Fraga mantuvo escolta hasta su fallecimiento; políticos imputados en casos de corrupción, como Camps o Matas, siguen teniéndolos a cargo del erario público. La decisión de retirar la escolta la toma en exclusiva el Ministerio del Interior, por lo que hay muchos casos en los que la atención se mantiene años después de abandonar las instituciones.

La princesa de Asturias quiso ir a cenar con sus amigas a un restaurante cercano a Cibeles a pesar del consejo de su equipo de seguridad, que temían las algaradas que luego asolaron el centro de Madrid. Es un ejemplo más de la pésima relación de Letizia con sus escoltas, a los que reprocha hasta que se corten el pelo