El pasado septiembre, fuentes de la Consejería de Educación aseguraron que el futuro de los profesores de refuerzo, más allá de diciembre, dependería “de la evolución de la pandemia”. El consejero Enrique Ossorio cambia ahora ligeramente el argumentario.

En la mayoría de las llamadas telefónicas seleccionadas por la Fiscalía , Ortiz se dedicaba a concertar encuentros con Castedo o con Díaz Alperi con la intención de que le explicasen algunas cosas, o que atendiesen algunas de sus peticiones relacionadas con actuaciones urbanísticas desarrolladas por sus empresas. La sala también pudo escuchar cómo prácticamente en todos esos contactos telefónicos, se trataba de concertar reuniones en lugares en los que se contase con cierta privacidad, sin que pudiesen ser vistos por terceros.

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha considerado que había que "adoptar medidas" ante el incremento de contagios de Covid-19 en Navarra, si bien ha afirmado que, por su parte, opina que, en vez de cerrar bares y restaurantes, "es mejor seguir facilitando la hostelería durante un horario, que ya estaba muy limitado y, luego, controlar más el uso de la vía pública".

Enrique López, el juez que usó el PP para bloquear el CGPJ hace 20 años, recusado en Gürtel por cobrar de FAES, a quien Rajoy colocó a dedo en el Tribunal Constitucional y ahora reciclado en consejero de Ayuso, dice que no hay que “politizar la Justicia”.

El hashtag de #Proudboys, que los miembros del grupo de extrema derecha han estado usando, se ha puesto de moda después de que la comunidad gay inundara Twitter con fotos de sus seres queridos y familias y con memes. Los Proud Boys aparecieron en los titulares recientemente celebrando la respuesta del Presidente Trump en el debate de la semana pasada, cuando se le pidió que condenara a los supremacistas blancos. El Presidente usó su tiempo asignado para culpar a lo que llamó "antifa y la izquierda" de la violencia.

El responsable de la Sanidad madrileña no descarta el cierre de la ciudad si las medidas de contención que se ponen en marcha el lunes no dan sus frutos. «Si no funcionan, valoraríamos limitar el movimiento a otras zonas básicas de salud o tomaremos decisiones de carácter más general para toda la comunidad autónoma», ha explicado a ABC. «El cierre de la ciudad se debe hablar con naturalidad», aunque las decisiones se tomarán según evolucione la situación epidemiológica y la tensión de los hospitales.

El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, adelanta en un vídeo (sin pronunciar la palabra confinamiento) las medidas que el viernes se detallarán

(...) El feminismo es una religión cuyo extremo poder reside en el instinto de protección del óvulo por encima del espermatozoide desechable. Es como si surgiera una religión que vanagloriara el azúcar y en las misas en vez de hostias se repartieran emanems o chorros de leche condesada y las cruces estuvieran formadas por dos Palotes de fresa. Su éxito estaría más que asegurado, aunque lo que en principio era bueno (glucosa, energía rápida para sobrevivir) se convertiría en algo malísimo (obesidad mórbida, diabetes, muerte).

En los veinte días posteriores a la aprobación del Protocolo que restringía el traslado a los hospitales, 5.343 mayores murieron en sus residencias sin recibir atención hospitalaria, lo que equivale al 84% de los fallecidos en ese periodo. El Gobierno Ayuso no ejecutó ninguna de las tres alternativas que tenía ante el colapso de la red pública de hospitales: ni trasladó a los mayores enfermos al Ifema, ni usó la red hospitalaria privada para atenderlos, ni medicalizó las residencias.

En su declaración de bienes y rentas en la Cámara baja solo aparece un apartamento en Madrid que adquirió en diciembre de 2001

Enrique Ponce, 'el niño boomer', será el encargado de torearlo pero la reina Letizia será banderillera.

El abuelo de Juan Carlos, Alfonso XIII, huyó mientras se proclamaba la Segunda República; y su hijo, Juan de Borbón, tardó 32 años en volver a pisar España.

Ser comunista es una profesión de riesgo en España. El líder del Partido Comunista de España (PCE) y miembro de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha acudido a una inocente (o no tanto) visita al enorme chalet del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. A la salida, Santiago se ha encontrado a decenas de vecinos de la zona increpándole. Le llaman de todo. Incluso “comunista”, como si se tratara de un insulto para el líder del partido comunista.

La Fiscalía ha defendido la validez de toda la instrucción frente a los intentos de desacreditarla formulados hasta ahora por las defensas de los nueve procesados: los exalcaldes del PP, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo; el empresario Enrique Ortiz; los abogados Javier Gutiérrez y José Luis Castedo; el constructor Ramón Salvador; así como Santiago Bernáldez, Pablo Rico y Virgilio Ortiz, asociados a las empresas de Ortiz.

Además de a Villarejo, el instructor envía a juicio en esta causa a otras 13 personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación secretos y falsedad documento mercantil, así como a la mercantil Herrero y Asociados como persona jurídica, entre ellas el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO) Enrique García Castaño, y a su mujer Gema Alcalá, que se enfrentan a 52 y 50 años de cárcel, respectivamente.

“Hay que hacerlo porque nos beneficia todos”. La semana pasada el príncipe Enrique habló de racismo endémico e institucionalizado afirmando sentirse mal al ver que el mundo no era el lugar que los jóvenes se merecen.

Anticorrupción aduce que el promotor, su hermano y otro acusado vinculado a sus empresas ya ratificaron su conformidad por lo que es "impecable" si no se alega un vicio en el consentimiento. La Fiscalía expone que esos escritos de renuncia "no son acordes a derecho" y sostiene que "la conformidad prestada" ya ratificada ante el letrado de la Administración de Justicia "es irrevocable, no condicionada a ningún otro trámite y no estando prevista legalmente ninguna otra ratificación".

Vuelco en el caso del PGOU de Alicante a falta de 7 días de que comience el juicio. El principal investigado, el empresario Enrique Ortiz, se ha desentendido del acuerdo firmado con fiscalía y acusaciones para eludir la cárcel (le reclamaban ocho años y se quedaría en dos) a cambio de pagar más de 1,6 millones de euros en multa y responsabilidad civil a cambio de confesar los intentos de amaño del PGOU durante los gobiernos locales de Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, del PP.

El consejero de Justicia, Interior y Víctimas de la Comunidad de Madrid, Enrique López, ha reprochado al Gobierno central que en los últimos meses no haya impulsado una "reforma legal" para permitir a las autonomías adoptar "medidas adecuadas" ante un rebrote, como podría ser decretar un confinamiento.

La Audiencia Provincial de Cáceres ha confirmado de forma íntegra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal de Plasencia por la que se condenaba a tres años y tres meses de prisión al acusado de atropellar y provocar la muerte de un ciclista de la localidad de Barrado (Cáceres) cuando este conducía su vehículo bajo el efecto de sustancias estupefacientes.