Iván Briongos Lobato nació en Barcelona hace 31 años. Vive en Palau Solitá y Plegamans -a 32 km de la Ciudad Condal-, sede de grandes empresas multinacionales. Se autodefine como un ejecutivo, experto en Network Marketing aunque no tiene estudios oficiales. En su perfil de Instagram suma 45.800 seguidores. Su eslogan es: "Vive sin límites". En la descripción asegura que su objetivo es "educar, inspirar e impactar". En parte lo ha conseguido. La Policía Nacional le detuvo el pasado mes de marzo en la denominada 'Operación Carcoma'.

Según los informes, Goodfellow le dio la noticia al personal en un correo electrónico, diciendo que su renuncia se debe en parte al plan de Apple de volver al trabajo en persona, que requería que los empleados trabajaran desde la oficina al menos un día a la semana antes del 11 de abril, al menos dos días a la semana antes del 2 de mayo y al menos tres días a la semana antes del 23 de mayo. "Creo firmemente que una mayor flexibilidad habría sido la mejor política para mi equipo", dijo Goodfellow en el correo electrónico.

El empresario Alberto Luceño, que junto a Luis Medina dio un pelotazo en los contratos de material sanitario para el Ayuntamiento de Madrid de seis millones de euros, falsificó la firma del director de Leno, la empresa malasia que suministró el material y de las que ambos fueron comisionistas, hasta en dos ocasiones. Así lo refiere el escrito de presentación de la querella contra Luceño y Medina de la Fiscalía Anticorrupción, fechado el pasado 4 de abril. Alberto Luceño está citado a declarar como investigado el próximo día 25 junto a Medina.

Iñigo cayó en una depresión y acabó denunciando a su centro, Sandra corregía TFM que su director cobraba, María ejerció de falsa autónoma y Celia ha llegado a proponer a la UE, sin éxito, que cree un órgano para velar contra estos abusos

Los jueces confirman la condena de dos años de cárcel de María Teresa Feito, exasesora de Educación del Gobierno regional que instó a una profesora, también condenada, a falsificar las actas del máster de la entonces presidenta regional

Amalia Calonge, la funcionaria de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) que modificó en 2014 las notas de dos asignaturas en el expediente académico de la expresidenta madrileña, Cristina Cifuentes, ha conseguido que la Justicia le revoque la sanción impuesta por el rector del centro al considerar que estos hechos estaban prescritos cuando se inició el expediente, aunque sí mantiene el castigo impuesto por un cambio de calificaciones realizado en 2016 a otro alumno.