La alfombra roja de los Premios Goya 2024 estuvo marcada por varios temas de actualidad. Además del #MeToo del cine español, las proclamas en defensa de Palestina y la huelga de agricultores que amenazaba con sabotear la gala, muchos de los invitados quisieron mostrar su rechazo a las declaraciones de Juan García- Gallardo (Vox) del pasado viernes. El vicepresidente de la Junta de Castilla y León se refirió a los cineastas como "señoritos" que quieren vivir de hacer "películas que no ve nadie".

"Mucho 'Se Acabó', lenguaje inclusivo, groserías cero transgresoras en 2024, memoria histórica, ataques a Milei y ningún problema real de España", ha defendido.

Un tipo que cobra del erario y del que no se conocen competencias reales dando clases de señoritos y subvenciones a los demás y pretendiendo enfrentarnos a trabajadores de distintos sectores. Cuando quiera nos medimos las vidas laborales, currante.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha asegurado este jueves sobre el caso Alves que el procedimiento "sigue adelante" y que cuando haya sentencia, valorarán. "Es un tema que está 'sub iudice', el procedimiento sigue adelante y, por lo tanto, nuestro respeto al procedimiento. Cuando haya sentencia, valoraremos", ha señalado la ministra en declaraciones a los medios a su llegada al Desayuno Informativo de Europa Press en el que interviene la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz..

Distintos miembros de los partidos políticos de la Comunidad acudieron a la plaza de las Cortes de Castilla y León mientras los agricultores y ganaderos se manifestaban ante el parlamentos autonómico. Uno de ellos fue el vicepresidente de la Junta y líder de VOX, Juan García-Gallardo. Un encuentro en el que varios manifestantes le interpelaron y le criticaron. "A hacerse la foto no. A aprovecharte de nosotros no. Mucha jeta, os importamos una mierda", se critica uno de los manifestantes a escasa distancia del vicepresidente autonómico.

Severo varapalo al intento de Dani Alves de que el tribunal le reduzca la pena en caso de condena. Dos psicólogas, propuestas por la defensa de Alves, han tenido que admitir este miércoles que el jugador “sabía lo que estaba sucediendo” la noche de los hechos pese a haber consumido varias bebidas alcohólicas. Las preguntas de la fiscal Elisabeth Jiménez y la abogada de la víctima, Ester García, han sido claves para que el alegato de la alcoholemia haya quedado dañado.

La defensa también considera vulnerado el derecho a un juez imparcial porque cree que la jueza que instruyó la causa estuvo "contaminada por los medios de comunicación".

Los últimos autos del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, sobre la plataforma independentista Tsunami Democrátic han salpicado de lleno la tramitación de la ley de amnistía y sus enmiendas.

La declaración de la víctima, que quedará registrada como prueba, se hará pixelada y con la voz distorsionada para evitar que se la pueda reconocer si más adelante se filtra el vídeo. La denunciante reclama una sentencia que lo condene a 12 años de prisión, mientras que la Fiscalía ha exigido una pena de nueve años de cárcel

La ampliación de los motivos de entrega se validó sin responder a una posible prescripción del delito de fraude en Eslovaquia. La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional afea "la rechazable técnica del 'corta y pega'" en una resolución del Juzgado Central de Instrucción número 6, del que es titular Manuel García-Castellón, y que permitió ampliar los motivos de entrega a Eslovaquia de un reclamado por fraude. Se da la razón a su defensa porque, además, la resolución no respondió sobre una posible prescripción del delito en el país de origen.

Considera que el juez Manuel García-Castellón pidió al Supremo imputar a Puigdemont sin investigar lo suficiente. Además, insiste en que no hay terrorismo y acusa al instructor de confundir esta causa con la de los CDR.

Lo que está haciendo el juez García Castellón, que no es más que un cargo más del PP y que está denunciado por Podemos por prevaricación contra nuestro partido, es dictadura judicial. Este señor piensa que él tiene derecho a mandar más que el Parlamento. En un discurso muy duro contra este magistrado, tras emitir resoluciones en la causa de Tsumani Democràtic donde aprecia terrorismo en incidentes durante el 'procés' en pleno debate parlamentario sobre la amnistía, Belarra ha proclamado que hay "jueces absolutistas" que están maniobrando contra

El fiscal del caso Tsunami Democràtic, el conservador Miguel Ángel Carballo, ha criticado con contundencia la instrucción del juez Manuel García-Castellón. En un escrito el representante del ministerio público habla de "flagrantes contradicciones", "falta de argumentos" y una exposición "totalmente injustificada e inmotivada", entre otras críticas.La Fiscalía insiste en que los hechos de Tsunami son desórdenes públicos y en que no hay indicios contra el expresidente Carles Puigdemont.

La ministra de Sanidad ha anticipado que también están trabajando en el plan antitabaco para este año.

"Lamento ser cansino, pero más lo son ellos; amén del sainete y por lo que nos afecta, hemos vuelto a escuchar inaceptables descalificaciones de miembros de la carrera judicial", apunta este miércoles el presidente del Consejo General del Poder Judicial en un comunicado. "Que nos dejen en paz", suplica más tarde.

El juez Manuel García Castellón ha rectificado su decisión de dar por concluida la investigación por actos de bienvenida a presos de ETA que tomó hace tres meses. A petición de una asociación que preside un diputado del PP en la Asamblea de Madrid, y a la que se adhirió la acusación popular que ejerce el propio Partido Popular, García Castellón ordena ahora nuevas diligencias de acuerdo al contenido de un chat de Telegram de Sortu, el partido central de la coalición EH Bildu, socio parlamentario del Gobierno.

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, archivó por falta de pruebas la investigación sobre una posible conexión rusa con Tsunami Democràtic, que sí observa en el caso Voloh el juez de Barcelona, Joaquín Aguirre.García-Castellón investigó durante meses la posible financiación desde el Kremlin, así como apoyo paramilitar, como la supuesta promesa de 10.000 efectivos rusos para respaldar la independencia.

El empresario Javier Pérez Dolset ha mandado un escrito al juez del caso Villarejo, Manuel García Castellón, solicitando que cite como imputados al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, procesado por la operación Kitchen; y a los directivos del Grupo Planeta, Mauricio Casals, presidente de La Razón; José Crehueras, presidente de Atresmedia; y a Antonio García Ferreras, director de La Sexta, entre otros, por su presunta colaboración en operaciones de descrédito o de espionaje como la Operación Cataluña. El documento presentado por Pérez