La Audiencia Nacional ha comenzado a levantar en cascada los vetos para contratar con las administraciones públicas que la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) impuso a las principales empresas del sector de la construcción hace unos meses al concluir que habían alterado durante 25 años miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras.

Una vez pasada la excepcionalidad sanitaria derivada de la pandemia, ¿existe alguna norma que permita a las administraciones públicas imponer una cita previa obligatoria como lo están haciendo? No; y no solamente no la hay, sino que las que hay dicen lo contrario. Partiendo de la norma suprema, la Constitución, esta obliga a la Administración a servir con objetividad a los intereses generales. Y como ha recordado el Tribunal Supremo, «el interés general o público pertenece y beneficia a los ciudadanos, no a la Administración como organización.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que el Consejo de Ministros del próximo 7 de febrero aprobará la retirada de la obligatoriedad de las mascarillas en el transporte público, pero se mantendrá en todos los centros sanitarios.

La comisión permanente del órgano consultivo ha aprobado por unanimidad el dictamen sobre el plan del Tajo, que se aprobará en el próximo Consejo de Ministros El organismo presidido por Magdalena Valerio también avala los planes hidrológicos que contemplan aumentar los caudales ecológicos del Tajo

Que un tribunal, por muy elevado que sea, impida el debate de una ley en unas Cortes democráticas tendría repercusión en la Unión Europea y los magistrados que lo defiendan quedarán señalados de por vida. Es por ello que ambos quieran tener garantías de que su carrera profesional no se verá afectada sino al contrario, quedarán “blindados” de cara a futuro.