El Tribunal Supremo ha confirmado el rechazo al derecho al olvido de Antonio Luis Baena Tocón, el alférez que ejerció como secretario judicial del Juzgado que instruyó la causa en la que se condenó a pena de muerte al poeta Miguel Hernández en 1940. En sentencia hecha pública ayer, martes 19 de marzo, el alto tribunal desestima el recurso presentado por el hijo del secretario judicial, fallecido en 1998, contra la sentencia de la Audiencia Nacional que avaló la negativa de Google y de la Agencia Española de Protección de Datos de suprimir 18 in

El hijo de Antonio Luis Baena Tocón pedía que se borraran 18 enlaces en los que aparecía su padre porque sostenía que contenían informaciones inexactas. La Audiencia Nacional rechazó la petición y ahora el Tribunal Supremo confirma la decisión. Dice el alto tribunal que las personas fallecidas también tienen derecho al olvido, pero que ese derecho hay que ponderarlo con otros que hay en juego como son "libertad de expresión e información, cumplimiento de una obligación legal y datos referidos a archivos o investigaciones científicas e histórica

El Tribunal Supremo considera que es la empresa, y no la Seguridad Social, la que debe hacerse cargo de la baja médica de un empleado que sufrió un accidente no laboral, aunque no tuviera dado de alta al trabajador. En una sentencia fechada el pasado 21 de febrero, la sala de lo social rechaza el recurso de una empresa contra un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de mayo de 2020. El caso se remonta a 2014, cuando una empleada, que desempeñaba labores de comercial desde junio de ese año, sufrió en septiembre...

Los jueces confirma las condenas impuestas a los agentes por delitos contra la integridad moral, sanciones que incluyen seis años más de inhabilitación, por actuar "contraviniendo de forma expresa los protocolos de actuación vigente"

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo rechazó la inadmisión a trámite del recurso de casación presentado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana contra la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que liberaba a la Xunta de contribuir económicamente a compensar a Audasa por los peajes en sombra de Rande y A Barcala.

El Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que el tiempo del desayuno, así como los 15 minutos de cortesía desde que empieza la jornada hasta que el trabajador ficha su llegada, deben ser considerados tiempo efectivo de trabajo. Los jueces estiman los recursos de los sindicatos contra la decisión de Caixabank de considerar que el registro de jornada debe ser el “fiel reflejo de la realidad” y que los minutos posteriores a la hora de entrada no podían ser considerados como efectivamente trabajados.

El Tribunal Constitucional ha decidido amparar a una conductora condenada por ir borracha al volante de su coche por las calles de Madrid. Por unanimidad, la sala entiende que la Policía Nacional vulneró sus derechos fundamentales cuando trasladaron a la mujer a una comisaría para que se le hiciera la prueba de alcoholemia, al no tener medios para hacerlo en el lugar donde fue identificada, sin que tuvieran ninguna cobertura legal para su detención.

Dos años de cárcel, en definitiva, para la madre vinculada a Infancia Libre que secuestró a su hija y la mantuvo alejada del padre y desescolarizada por espacio de año y ocho meses, entre octubre de 2017 y mayo de 2019, cuando la Policía la detuvo en La Cabrera, en la Sierra de Madrid, donde se escondía, llevando a su hija, de entonces 11 años, a una escuela pirata.

En España no es posible repartir de forma desigual la herencia entre los hijos. No es así el caso de Reino Unido y bien lo sabía Frederick Ward Snr, un abuelo defraudado por las pocas visitas que sus nietas le hacían. Después de que su hijo falleciera en 2015 la relación con los primogénitos de este se enfriaron. Los abogados aseguran que el anciano expresó su decepción por la escasa presencia de sus nietas, más sobre todo, cuando tuvo que ser hospitalizado hasta en tres ocasiones por una afección pulmonar.

El TSXG paralizó varios parques eólicos con el argumento de que no se habían respetado los plazos de consulta pública. Sin embargo, el Tribunal Supremo (TS) corrigió a los jueces gallegos el pasado mes de diciembre, en una maniobra que el sector recibió con júbilo al entender que podía desatascar el embudo judicial. Sin embargo, en un giro inesperado de los acontecimientos, el TSXG cambió de criterio para mantener las medidas cautelares. Sus magistrados se asieron en esta ocasión a los argumentos medioambientales para paralizar los proyectos.

No existen precedentes en la historia de los juicios con jurado celebrados en Ourense en los que un magistrado haya manifestado un criterio diferente al del tribunal popular. Los togados siempre han dictado sentencia tomando en consideración las conclusiones ciudadanas, pero por primera vez esto no ha sido así.

Este caso no es un hecho aislado tal y como declaró una de las víctimas: "Esto no es un hecho puntual, si eres mujer marroquí, estás sola y quieres trabajar en el campo murciano tienes que hacer lo que quiera el capataz".

La magistrada del Tribunal Supremo Ana Ferrer, como instructora de la causa, ha elevado una exposición razonada a la Sala Segunda en la que propone solicitar un suplicatorio al Senado para suspender la inmunidad y proceder penalmente contra el senador del PP José Manuel Baltar Blanco, al apreciar contra él indicios racionales de un presunto delito contra la seguridad vial, por conducir a 215 kilómetros en un tramo de velocidad limitada a 120 km.

El Gobierno regional convierte las infracciones cometidas por la empresa concesionaria del complejo turístico en motivo para enfrentarse al Ministerio para la Transición Ecológica y lo disfraza de pleito por las competencias sobre Costas.