Se mantendrá un minuto de silencio en memoria de aquellos a quienes "se les negó su derecho a una atención sanitaria" por la decisión de la Administración de no derivarlos desde sus residencias".Para Marea de Residencias, "la inexistencia de un marco legal de carácter estatal, la ausencia de una ley de residencias que garantice una vida digna a las personas institucionalizadas, las privatizaciones efectuadas durante décadas y la venta de los derechos sociales al sector empresarial" han abocado a la "tragedia humana conocida por todos"

La Audiencia Provincial, en un auto del pasado 25 de octubre al que ha tenido acceso Radio Madrid, le dice al Juzgado de Instrucción número 50 que tiene que investigar si la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso y dos de sus consejeros durante la pandemia, el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia e Interior, Enrique López, tienen alguna responsabilidad penal en el fallecimiento de siete mayores que murieron en la residencia Amavir Ciudad Lineal de la capital sin ser derivados al hospital Ramón y Cajal.

Se investiga el fallecimiento de siete mayores en una residencia de Ciudad Lineal (Madrid) durante la pandemia de covid-19.

Recuerda Rico que las comunidades de Madrid, Cataluña, Castilla y León y Castilla - La Mancha aglutinaron más del 75% de los fallecidos durante la primera ola. En la provincia de Alicante, por ejemplo, en la residencia DomusVi de Alcoy fallecieron 74 personas, situándose entre los centros con mayor número de muertes. En el caso de Alcoy, de hecho, habrá un juicio el próximo año para dilucidar qué ocurrió en esa residencia durante la primera ola del coronavirus. Recuerda Rico que era un centro con reiterados incumplimientos antes de la llegada

La residencias de tiempo libre en Andalucía eran, al menos hasta ahora, “lugares de vacaciones pensados para que las personas trabajadoras y sus familias puedan tener un lugar de vacaciones de calidad a precios económicos” pero la Junta de Andalucía ha decidido desahacerse de ellas por el “agujero económico” que supone a las arcas públicas.

El Consello de la Xunta de este jueves aprobó la convocatoria inmediata de un concurso público para la gestión privada de las dos primeras residencias de mayores construidas por la Fundación Amancio Ortega en las siete ciudades gallegas y donadas a la Xunta, las de Santiago y Lugo. El Gobierno gallego está dispuesto a pagar hasta 10,9 millones de euros en dos años para que una entidad privada de iniciativa social sin ánimo de lucro se haga cargo de la gestión de esos dos centros en lugar de asumirla directamente con personal de la propia Xunta.

El juzgado que investiga la muerte de un anciano en una residencia de la localidad madrileña de Torrelodones ha escuchado el testimonio de una facultativa que ha dicho, claramente, que el afectado falleció en una residencia pero que ella reclamó hasta en tres ocasiones que fuera derivada a un hospital, algo que rechazaron los geriatras en aplicación de los protocolos que había establecido la Comunidad de Madrid.

La Fundación Amancio Ortega ha dado un paso significativo en el ámbito de la asistencia social en Galicia con la entrega de la primera de las residencias públicas.La sorpresa llegó con el anuncio del señor Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, sobre la gestión privada de estas residencias. Esta decisión ha generado un debate considerable, ya que la expectativa inicial era que estas instalaciones, aunque construidas por una entidad privada, mantendrían una gestión pública.

Los residentes pagan en función de su grado de dependencia que va desde 1.178 euros los autónomos a 1.383 los de grado III. Los de grado I pagan 1.239 y los de grado II, 1.363 euros. Lo que Mensajeros de la Paz les comunicó es que todos ellos, con independencia de si son autónomos o dependientes de cualquier grado, pasarán a pagar 1.900 euros. Este diario trató de ponerse en contacto con responsables de Mensajeros de la Paz y, aunque no lo consiguió, sí tuvo acceso a una comunicación de dicha ONG a los familiares .

El suceso requirió la intervención policial pero el autor de los disparos sigue aún en la residencia y mantiene el arma en su poder ya que la dirección no ha podido incautarla.

El consistorio continúa con el recurso de casación después de que el alto tribunal admitiese a trámite la causa abierta por el anterior ayuntamiento socialista Fuentes cercanas al alcalde sostienen que no va a interferir en las decisiones de la asesoría jurídica El recurso es otro frente judicial para la Puerta del Sol en los tribunales por las residencias después de que este mismo mes un juzgado de Collado Villalba haya reabierto una causa dirigida contra la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los exconsejeros En

Doce trabajadores del geriátrico están siendo investigados. La cronología de los hechos se inició a medianoche cuando la mujer, que debía encontrarse durmiendo en su habitación, desapareció. Al parecer, los empleados la estuvieron buscando hasta bien entrada la madrugada, momento en el que la hallaron ya sin vida en el aparcamiento de la residencia. Los indicios obtenidos han permitido averiguar que, con la supuesta intención de ocultar a la familia esta circunstancia, trasladaron el cadáver hasta su habitación y lo asearon.

Es una iniciativa audiovisual realizada por varios colectivos sociales que afea la vulneración de derechos en estos centros y que se ha proyectado en el Festival de Cine Comprometido de Guadalajara, FESCIGU

Abre una "investigación interna" tras haber negado “rotundamente” que se advierta previamente a las residencias de mayores de las fechas de las visitas, tal y como denunció en agosto la Asociación Galega de Inspectores e Inspectoras de Servicios Sociais (Agiss) El BNG y el PSdeG exigieron una "investigación inmediata" tras la denuncia de Agiss Ahora, la Federación Galega de Asociación de Familiares e Usuarias das Residencias e da Dependencia asegura que se ha abierto un expediente sancionador a los inspectores.

Lo que ocurre es lo de siempre en la administración de justicia. Que por mucho empeño que pongan unos cuantos jueces para hacer un trabajo riguroso, sus superiores siempre estarán vigilantes para que la cosa no llegue a mayores. Y eso ya está pasando. Los fiscales empezaron con casi 500 denuncias y, al final, sólo han logrado recuperar 19. Las demás se han quedado por el camino. Las instancias judiciales se han encargado de archivar la casi totalidad de ellas. Y es que a la justicia no le conviene remover la mierda a pesar de que lo que está en

Carlos Iglesias de la Cueva, hermano del famoso cantante Julio Iglesias, se ha negado este martes a declarar ante ninguna de las partes en el primer día del juicio que se celebrar en la Audiencia Provincial de Madrid contra él presuntamente defraudar 19 millones a Hacienda en el ejercicio fiscal de 2001 al no haber supuestamente incluido en el Impuesto de Sociedades la venta de varios terrenos en Madrid al alegar que tenía la residencia fiscal en Panamá.

Carlos Mur, director general de coordinación sociosanitaria de la Comunidad de Madrid durante los primeros meses de la pandemia, ha abandonado los juzgados de la capital sin hacer declaraciones y entre gritos de “¡Asesino!” de varias decenas de familiares de ancianos fallecidos en residencias durante la primera ola de 2020. Como testigo, ante el juez que investiga estos fallecimientos en varios centros de Madrid, Mur ha descargado en los propios facultativos la decisión de derivar o no a ancianos a hospitales.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha afirmado hoy que la causa que investiga su responsabilidad en la muerte de una persona en una residencia de Torrelodones durante la pandemia "no tiene más recorrido", y espera su "archivo definitivo".