En los 43 años de historia del tribunal, de los 71 nombramientos sólo 10 han sido mujeres. Este miércoles, el Pleno decide si María Luisa Balaguer se convierte en la segunda presidenta.

Los siete magistrados del bloque progresista, ahora mayoritario del Tribunal Constitucional (TC), no han logrado llegar a un acuerdo en su reunión interna de este martes para consensuar un único candidato a la presidencia del tribunal, por lo que finalmente tanto Cándido Conde-Pumpido como María Luisa Balaguer competirán por este puesto en el pleno previsto para el miércoles, mientras que el magistrado conservador Ricardo Enríquez se postula para la Vicepresidencia, según las fuentes de la corte de garantías consultadas por Europa Press.

En su discurso de despedida como presidente y magistrado del tribunal de garantías, González Trevijano ha querido recordar en presencia de miembros del Gobierno, de los presidentes del Senado, Congreso, Supremo y CGPJ que «el procedimiento de designación no implica un mecanismo de representación». Porque «el magistrado no representa a nadie. Ni al órgano por el que fue elegido ni a la fuerza parlamentaria que impulsó su proposición. Está a solas con su conciencia y solo de ella depende».

El próximo lunes, a las doce y media, ha sido la fecha elegida para que los cuatro nuevos magistrados del Tribunal Constitucional, la progresista María Luisa Segoviano, y el conservador César Tolosa; así como los dos candidatos del Gobierno, el magistrado de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y la que fuera asesora de Moncloa, Laura Díez, tomen posesión de sus cargos en el Tribunal de Garantías. La toma de posesión se produce varios días después de la jura de sus cargos ante el Rey Felipe VI.

El portavoz adjunto de Unidas Podemos en el Congreso, Enrique Santiago, confía en que el Tribunal Constitucional renovado, “menos politizado” y con mayoría de juristas “rigurosos” ayudará sin duda a que las leyes aprobadas por el Congreso tengan apenas “objeciones”.

Un Tribunal Supremo al borde del colapso por la ley que impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos en funciones, el propio gobierno de los jueces entrando en su cuarto año con mandato caducado y el Constitucional estrenando mayoría progresista son tres de las claves jurídicas de este nuevo año.

El vicepresidente del Tribunal Constitucional (TC) y magistrado del ala progresista Juan Antonio Xiol señala en un voto particular que la decisión de paralizar una tramitación parlamentaria en las Cortes Generales “supone poner en riesgo el equilibrio de los poderes constituidos diseñado por la Constitución”.

Auto y votos particulares del Pleno del Tribunal Constitucional que rechaza la petición del Senado de levantar la suspensión cautelar, acordada por Auto de 19 de diciembre de 2022, en relación con las enmiendas de reforma de la LOTC y la LOPJ

El líder del PP ha aprovechado su balance de fin de año para amenazar con próximas actuaciones de su partido contra los dos magistrados que el Ejecutivo ha propuesto para el Tribunal Constitucional, los juristas y excargos del Gobierno Laura Díez Bueso y Juan Carlos Campo, a pesar de que el tribunal de garantías les ha dado el plácet por unanimidad. Feijóo tacha estos dos nombramientos de “escandalosamente partidistas” y ha advertido de que el PP “se reserva todos los derechos para defender la independencia de las instituciones”.

El pleno del Tribunal Constitucional ha verificado este jueves por unanimidad que los cuatro juristas propuestos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial cumplen los requisitos exigidos por la Constitución, informan fuentes del tribunal encargado de interpretar la norma fundamental.

Delegación del Gobierno ha denegado el permiso solicitado por organizaciones constitucionalistas para manifestarse el 21 de enero de 2023 en la Plaza de Colón (Madrid). Según el órgano que lidera Mercedes González, el motivo es que otra persona ha convocado otra concentración en la misma fecha y el mismo lugar, pero las asociaciones organizadoras sospechan que se trata de una maniobra para evitar que ejerzan sus derechos y denuncian un «abuso de derecho y fraude de ley».

El auto del Tribunal Constitucional por el que se prohibió al Senado, el pasado 19 de diciembre, continuar la tramitación legislativa de las dos enmiendas dentro de la reforma del Código Penal para desbloquear la renovación del propio tribunal de garantías establece que si las Cortes "rebasan los márgenes de la Constitución", el tribunal tiene "la irrenunciable responsabilidad" de "limitar la capacidad de actuación del legislador".

Con la elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de César Tolosa y María Luisa Segoviano como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) cambia el equilibrio de fuerzas en la corte de garantías, con siete jueces de sensibilidad progresista y cuatro conservadores, y con una vacante aún pendiente, que le corresponde nombrar al Senado.

Poner fin a la presencia indigna de Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez en el Tribunal Constitucional, era una cuestión de pura supervivencia del sistema democrático... La complicidad entre los miembros del CGPJ designados por el PP y de estos dos magistrados constitucionales también designados por él, ha dado origen a una crisis constitucional literalmente inimaginable. El asalto a las Cortes Generales en el ejercicio de la potestad legislativa es algo que no solamente no se ha producido nunca en ninguna democracia parlamentaria...

Los vocales progresistas ceden y aceptan que los dos nuevos magistrados sean a propuesta de los vocales conservadores que bloqueaban el acuerdo

El discurso de anoche del Rey fue vacío de contenido teniendo en cuenta la crisis institucional que hay en el país. Recordemos que tiene la función de arbitrar el funcionamiento normal de las instituciones…

Entrevista a Joaquín Urías. Es profesor de Derecho Constitucional y exletrado del Tribunal Constitucional. "Tenemos un problema muy grande porque hay dos magistrados que no solo han vencido su mandato, sino que no permiten entrar a sus sustitutos para que tomen posesión". "El problema de España es que los partidos no quieren elegir a magistrados de izquierdas o derechas, sino magistrados que obedezcan a los intereses tácticos de sus formaciones."

El TC se ha situado por encima de la ley e incluso de la propia Constitución, y se ha convertido en un órgano que decide por criterios políticos y de interés.

Con su fallo sobre el Estatut, el TC se autoatribuyó la facultad de “definir” la fórmula de integración de Catalunya en España. Ahora interfiere en la potestad legislativa de las Cortes.

Joaquim Bosch ha lamentado que se hayan normalizado situaciones de este tipo “hasta unos extremos muy peligrosos”. “Esto no tiene precedentes en nuestro país ni en ninguno europeo. No recuerdo ningún Constitucional que haya ordenado parar la tramitación de una ley”. Ha lamentado que un órgano “que tiene como función principal velar por las leyes haya decidido que paraliza su renovación”.