La Constitución fijó la necesidad de limitar el uso de la informática para garantizar la intimidad, pero el organismo que vela por la protección de los datos personales no nació hasta 1993, y durante estos treinta años se han sucedido multas millonarias y sentencias históricas; este derecho fundamental se enfrenta ahora a un nuevo desafío: la inteligencia artificial. La Agencia Española de Protección de Datos, que celebra mañana un acto institucional para celebrar su trigésimo aniversario, cumple los 30 años sumida en la interinidad

El Instituto Vasco de Consumo, Kontsumobide, ha impuesto a Yelmo Cines una sanción de 30.001 euros por impedir a los usuarios el acceso a sus instalaciones con alimentos adquiridos en el exterior.

La cadena ha sido denunciada por la organización Facua en otras cuatro comunidades autónomas, incluida Madrid, donde el caso ha llegado hasta los tribunales. “Es una especie de monopolio que te obliga a consumir en el mismo espacio y además pagar hasta 20 veces más por un producto”, asegura el secretario general de Facua, Rubén Sánchez.

Celso Rodríguez Padrón es el Presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, un tribunal de clara tendencia conservadora que ha sido el principal azote del Ministerio de Igualdad con la ley solo sí es sí y que ahora se prevé que juegue un papel protagonista contra la ley de amnistía. Hace apenas unos días, tal y como cuenta Ana María Pascual en Público, la Sala de Gobierno del TSJM suscribió “un comunicado que recordaba «el absoluto respeto a la división de poderes» que exige el Estado de derecho en relación al acuerdo de Junts y PSOE

La señora lo encontró haciendo una limpieza en casa.

Endesa deberá abonar unos 570 millones de dólares (unos 530 millones de euros) debido a un laudo arbitral en contra dictado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) por la revisión del precio de un contrato de aprovisionamiento a largo plazo de gas natural licuado (GNL).

La cantante Shakira pone fin a su periplo judicial con Hacienda tras alcanzar un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La colombiana ha llegado a un acuerdo por el que admite el fraude fiscal y se compromete también a pagar una multa millonaria. A cambio, las acusaciones le reducen la pena de prisión que hará que la artista no tenga que entrar en la cárcel.

Las sanciones descienden un 12% en 2022 con una considerable reducción de las impuestas por falta de respeto a las fuerzas de seguridad.

El Ararteko (defensor del pueblo) ha recomendado al Ayuntamiento de Bilbao que deje sin efecto una sanción de tráfico al considerar que las notificaciones que hizo dentro del procedimiento sancionador no fueron correctamente practicadas ya que iban dirigidas a una menor de edad, a cuyo nombre puso su padre varios vehículos.