El Gobierno prevé prorrogar hasta octubre las medidas especiales por la pandemia que permiten suspender desahucios de familias vulnerables. Tras un acuerdo entre el ala socialista del Gobierno y la de Unidas Podemos, el asunto irá previsiblemente al Consejo de Ministros del próximo martes, el último antes de que expire, el 28 de febrero, el denominado escudo social. Este incluye otras medidas en materia de vivienda, como las moratorias de pago de alquileres o la prórroga de contratos, que no se extenderán.

Un juzgado de Primera Instancia ha avalado el desahucio de una familia que ocupa una vivienda en Mairena del Aljarafe (Sevilla), rechazando la suspensión del lanzamiento porque la pareja que ocupa la vivienda con sus dos hijos menores no indica con claridad cuáles son sus circunstancias personales, económicas y familiares. Esas circunstancias están contenidas en un informe del Ayuntamiento de la localidad, organismo público al que le consta el expediente de esa familia y donde se aprecia situación de vulnerabilidad empeorada por el Covid-19.

La nueva licitación de la Unidad Antidesahucios, creada en 2015 y que ha atendido a más de 13.000 familias, pasará de 16 a 43 profesionales.

Intentar al máximo que no se llegue al desahucio, que la problemática que lo pueda provocar se haya superado antes de llegar a este punto. Con este objetivo, para ganar en capacidad de prevención y por tanto de prevención, el Ayuntamiento ha anunciado este lunes el refuerzo de su Unidad de antidesahucios que pasará a contar con 43 profesionales (ahora son 16).

Mónica tiene 44 años, una hija de 18 que vive con la abuela, dos mellizos de 13 y otro niño de 9 años. Vive con los tres menores de edad en un piso de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), del que la van a desalojar. No es la primera vez que se enfrenta a esta situación: en junio se consumó el lanzamiento de la vivienda que habitaba entonces. Pese a tener dinero para alquilar gracias a las ayudas públicas, asegura que las inmobilirias no le dan ninguna opción por no tener una nomina.

El vecino, de Medina Sidonia, rechazó la propuesta de Servicios Sociales de alojarse en un centro asistencial. "Él no quería quedarse en un albergue, ni siquiera en mi casa, no quería ser una carga", afirma su pareja.

La propietaria ya había reformado parte de la casa para irse a vivir con sus dos hijas menores y ahora tendrá que seguir viviendo con su expareja

Carmen y su hijo de 15 años han sido desahuciados finalmente este miércoles de la vivienda en la que residían desde hace más de cuatro años, ubicada en la calle Carmen Campos Panisse, junto a la Rotonda del Magisterio. Este desahucio ya se paralizó en noviembre de 2020 debido a la presión popular, cuando numerosos vecinos y políticos acudieron para evitar el lanzamiento.

El desahucio, calificado por muchos como 'inhumano', ha indignado a Mislata, Valencia Un fatal accidente dejó a Miguel con graves daños cerebrales y sus padres lo dejaron todo para cuidarle La vida de Miguel y sus padres cambió para siempre el pasado 24 de mayo cuando un fatal accidente dejó al niño, de solo dos años, con graves daños cerebrales, algo que provocó que desde entonces los progenitores se volcasen en su cuidado, dejando de trabajar.

Los hechos empezaron de forma casual el martes 18 de enero. Una patrulla acompañó a una comitiva judicial hasta una vivienda de Salburua para ejecutar un desahucio rutinario. Allí, el inquilino solicitó que se retrasara su salida y "trató de evitar sin éxito que la comitiva y los policías accedieran al interior". Dentro del piso había una habitación con llave dónde estaba el laboratorio de drogas.

La Asociación de Tropa y Marinería Española (ATME) ha denunciado el "desahucio" de estos profesionales de sus alojamientos en las unidades al entrar en vigor una instrucción del Ejército de Tierra que establece la limitación de tiempo máximo de permanencia a seis años, cuando exista personal en lista de espera.

Los Mossos d'Esquadra han desalojado este jueves por la mañana a los alrededor de 100 ocupantes de la nave industrial de la calle Progrés de Badalona. Hasta 16 furgonetas de la Brimo y otros 10 coches patrulla se han personado en el sitio. Los agentes de la policía catalana han intervenido alrededor de las 11:45 horas, después de montar un perímetro alrededor del inmueble. Esto ha provocado que algunos ocupantes del edificio se marcharan por el temor de ser identificados.

Una explosión de gas en una vivienda de dos pisos situada en el número 21 de la calle Alcón de Ponferrada provocó en la madrugada de este jueves el colapso de la cubierta y de la fachada de la segunda planta. Según fuentes del entorno, el único inquilino del inmueble ya ha confesado haber sido el causante de la deflagración y se encuentra en dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

La voladura intencionada de una vivienda que iba a ser desahuciada destroza un inmueble en Ponferrada. Los hechos han ocurrido de madrugada en la capital berciana y obligó a desalojar por unas horas a los vecinos de las casas colindantes

El Sindicato de Vivienda de Carabanchel prevé hasta tres desahucios en esta segunda semana de 2022. Uno de ellos, el de dos personas mayores, tiene fecha de desalojo este miércoles, no por impago, sino como resultado de un juicio plagado de irregularidades y sin opción a recurrir.

José Antonio y María, de 79 y 82 años, llevan más de cinco décadas como inquilinos de renta antigua en un piso de Carabanchel. Tras la muerte de la propietaria, uno de los herederos aprovechó un impago de varias cuotas de la comunidad para rescindir el contrato. "Fue un despiste, pero no quiere negociar y no tenemos a dónde ir", lamentan.

"¿Que qué haremos el 13 de enero? Nos iremos con nuestras cosas a ocupar otra nave, o otro sitio donde vivir. No es que nos guste vivir así, es que ni encontramos alquiler ni lo podemos pagar", asume D. un guineano de 40 años que vive en una nave ocupada de la calle de Progrés de Badalona, ocupada por más de 130 personas. El suyo es uno de los más de 20 desahucios, previstos este enero, que tiene notificados la plataforma Sant Roc Som Badalona en los barrios más desfavorecidos de la ciudad. Lamentan la falta de recursos y personal que ofrece el

Los afectados, que han estado acompañados por el sindicato de vivienda Azet, apuntan que se trata de «un desahucio que no aparecerá en las estadísticas oficiales», ya que desahuciar también es «cuando te suben el alquiler de forma que no puedas asumirlo, cuando la propiedad no te renueva un contrato de renta antigua o cuando se vende un bloque a un especulador, forzando a las familias que han vivido allí toda su vida a abandonar sus viviendas».

Este jueves se celebra en Guadalajara el juicio contra un activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), para quien la Fiscalía pide cuatro años y medio de cárcel por fotografiar un desahucio y publicar las imágenes en redes sociales. El activista, de nombre Diego, fotografió el desahucio de una madre de 17 años, un padre de 19 y un bebé de unos 5 meses y subió las imágenes a las redes sociales. Para protestar por este juicio, la Plataforma Antirrepresiva de Guadalajara ha convocado una concentración a las puertas de los Juzgado

En verano de 2017, el Servei Català de Trànsit lanza una campaña de concienciación llamada “Tots tenim família. A la carretera, víctimes 0 (Todos tenemos familia. En la carretera, víctimas 0)”.

"Vamos a seguir exponiendo a quien abusa". Estas han sido las primeras palabras que ha pronunciado Diego Herchhoren al salir de los tribunales de Guadalajara, donde se le juzga por publicar la fotografía de un desahucio en la que se veían los rostros de los miembros de la Comisión Judicial que estaba llevando a cabo el desalojo.