El juzgado de Instrucción número seis de Sevilla, comandado por la jueza Mercedes Alaya, ha procesado finalmente al expresidente del Real Betis Balompié Manuel Ruiz de Lopera y a las restantes siete personas imputadas en torno a la anterior gestión del club heliopolitano, entre ellas Luis Oliver, Ángel Guillermo Martín y Francisco Javier Páez, por la "descapitalización" de la entidad "en beneficio" de las sociedades instrumentales controladas por el propio Lopera.

La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha rechazado el recurso interpuesto por la exconsejera de Economía y Hacienda y exministra de Fomento Magdalena Álvarez.

La juez de los ERE, Mercedes Alaya, toma declaración mañana al expresidente y al ex director general del Grupo Barbadillo por el tiempo en que fueron consejeros del Matadero de Sierra Morena, cuyas ayudas están siendo investigadas.

¿Va a soltar el Caso de los ERE? ¿Elevará las piezas con aforados implicados (las del 'procedimiento específico' y la de la Sierra Norte)? Antes tendría que fraccionarlo ¿Seguirá investigando en exclusiva las sobrecomisiones, el papel de las mediadoras o el de los sindicatos en torno a las subvenciones sociolaborales? Después de más de tres años de investigación, de 166 imputados ( los últimos 15 hace menos de diez días), de 'preimputaciones' y de 'reimputaciones', conceptos inexistentes jurídicamente...

Hace una "motivación reforzada" de sus argumentos contra los ex directores generales de Presupuestos, a los que atribuye delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares que suspenda las declaraciones fijadas para el próximo martes 29 de abril del "tándem" formado por José Enrique Rosendo y José María Sayago, cuyo "entramado societario" en la Sierra Norte de Sevilla recibió 34.264.273,70 euros en subvenciones excepcionales, han informado fuentes del Ministerio Público.

Anula la imputación de Buenaventura Aguilera y Antonio Lozano por la falta de precisión en los hechos relatados por la magistrada.

La jueza imputa a otras 15 personas entre los que se encuentran, además del exdiputado popular, el exsecretario general de la Federación de Industrias Textil-Piel, Químicas y Afines de CCOO, José Luis Montesinos, y el actual secretario general de la federación provincial de Jaén de MCA-UGT, Manuel Morales Larrubia, así como a varios "intrusos"

Según declaración de J.A. González Baro, que compareció como imputado ante la juez Mercedes Alaya el pasado 18 de diciembre tras ser detenido en la segunda fase de la operación Madeja, su empresa asumió como algo natural el pago de las mordidas que le sugerían con más o menos descaro funcionarios con poder de decisión y partidos políticos, como IU. Su padre y verdadero dueño de la empresa, Rafael González Palomo, ya confesó ante la juez que entregó un sobre con 30.000 euros que -según le dijeron- era para el PSOE.

Confesión de uno de los cargos implicados en los ERE a la Juez Alaya.

El presidente del Tribunal Supremo ha enviado a los presidentes del Congreso y Senado los "autos de preimputación" en los que la juez Alaya ofrece acciones a varios aforados, entre ellos los expresidentes andaluces, Chaves y Griñán. La juez había pedido hoy al Supremo y al TSJA que la "auxilien" para notificar el auto de "preimputación" después de que las Mesas del Congreso y Senado acordaran devolver a la magistrada los requerimientos. La Fiscalía Anticorrupción ha recurrido para que la causa contra los aforados se remita al Tribunal Supremo.

La juez que investiga el caso de los ERE irregulares en Andalucía resalta en el auto la "imposibilidad de notificar en los domicilios" a los dos expresidentes de la Junta. La juez alude, en este sentido, a las noticias que "han aparecido en los medios de comunicación en las que se pone de manifiesto que tanto el Congreso de los Diputados como el Senado tienen intención de negarse a realizar las correspondientes notificaciones aludiendo a que este Juzgado debe dirigirse al Tribunal Supremo".

El presidente del Congreso de los Diputados, Jesús Posada, ha anunciado este martes que "devolvió" a la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, el oficio dirigido a los expresidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán y al exconsejero de Empleo andaluz José Antonio Viera, que considera no ha seguido el "procedimiento adecuado".

La jueza Mercedes Alaya ha remitido sendos escritos al Congreso y al Senado para pedir información sobre la situación de aforados del diputado y expresidente andaluz Manuel Chaves y su sucesor y actual senador Manuel Griñán relacionados ambos con la causa de los ERE en Andalucía, han informado fuentes parlamentarias.

La juez alude a que determinados informes y atestados aún por recibir y la "extraordinaria" interrelación entre las piezas no hacen conveniente desmembrar "por ahora" la causa ante hipotéticos "fallos contradictorios".

El letrado mayor del Parlamento andaluz, José Víboras (hermano de la consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Elena Víboras, del PSOE), ha instado a poner en conocimiento de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía los autos de la juez Mercedes Alaya en los que pide investigar la actuación de la Cámara andaluza respeto a las partidas del caso de los ERE fraudulentos.

El portavoz de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, José Antonio Castro, ha considerado que el escrito remitido por el presidente de la Cámara, Manuel Gracia, al Consejo General del Poder Judicial por la actuación de la juez que instruye el caso de los ERE, Mercedes Alaya, en lo que respecta a este órgano autonómico, "era una actuación necesaria", "desde IU nos gustaría ver esto desde la normalidad, poniendo a cada uno en su sitio, y delimitando de manera adecuada los poderes públicos".

El presidente del Parlamento andaluz, Manuel Gracia, ha elevado una queja ante el CGPJ por los dos autos emitidos por la juez que investiga el caso de los ERE, Mercedes Alaya, en los que pedía investigar el papel de la Cámara ante irregularidades por "posible afectación al ejercicio de las funciones de los parlamentarios, el respeto al principio de separación de poderes y a la propia inviolabilidad del Parlamento". La queja se justifica "en defensa de las funciones del Parlamento andaluz gravemente lesionadas por la actuación" de la juez Alaya.

Los fiscales del caso ERE parecen compartir con la jueza el relato de lo sucedido, pero no su inverosímil hipótesis de que todo fue ideado y sostenido durante diez años por Chaves y una veintena de sus altos cargos.