Como se recordará, la joven, que se había destacado como líder estudiantil en la isla de Gran Canaria, fue denunciada por un policía nacional tras su participación en una protesta que tuvo lugar frente al Rectorado de la ULPGC en 2012, que concluyó con una carga de los "antidisturbios" y varios heridos de diversa consideración. El magistrado ha desestimado las acusaciones del agente que, a través del abogado de la Confederación Española de Policía, pedía para la joven cuatro años de cárcel y 1.670 euros de multa por "gastos de ortodoncia".

La ONG reitera, tras las declaraciones de la consejera de Salud de Navarra que negaba estas prácticas, que este es el último caso detectado, en marzo de este año. Vera insistió esta semana en que “no se emiten facturas” y que, en caso de tratarse de una persona en situación irregular, “la prefactura se rompe”. La factura, tiene un membrete de la Unidad de Facturación del Complejo Hospitalario de Navarra. Su destinatario, un hijo de un inmigrante sin documentación que acudió al centro tras sufrir un ictus. El concepto a cobrar, 10.264 euros.