El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) seguirá adelante con la investigación abierta al juez Manuel Ruiz de Lara por haber llamado “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La Comisión Permanente, el principal órgano ejecutivo del Consejo, ha rechazado este miércoles la propuesta formulada por la autoridad disciplinaria, Ricardo Conde, quien concluyó que no había que expedientar al magistrado porque no había pruebas fehacientes de que los tuits fueron escritos por el propio Ruiz de Lara.

El juez Aguirre explica que realiza esta petición a la Audiencia Nacional por lo que “se desprende” de informaciones periodísticas. La providencia del juez ha causado sorpresa y desconcierto a fuentes jurídicas, toda vez que es en el sumario que instruye el juez Aguirre donde hasta ahora hay más datos sobre la presencia de diplomáticos y ciudadanos rusos en las fechas más candentes del procés en 2017, y como intentaron (y consiguieron) llegar hasta las dependencias de la Generalitat que dirigía Carles Puigdemont y reunirse con algunos exaltos c

Perdido. El titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, ha ordenado la "regeneración" de la resolución que dictó y en la cual daba por cerrada la investigación al director la oficina del president Puigdemont, Josep Lluís Alay, y a dos agentes de los Mossos d'Esquadra, porque el juzgado la ha perdido. Alay y los dos policías fueron encausados por haberles pedido que miraran en el sistema policial si estaba incluida su búsqueda y detención en 2020.

Amnistía Internacional no entiende como la Fiscalía no ha investigado la masacre en las residencias madrileñas, ya que es una vulneración de los DDHH y, ojo, el derecho a la vida.

La venganza del exjuez ha sido la querella que llevará a Sosa al banquillo por haber dado cuenta minuciosa de todas las trapisondas del venal togado. Por ejemplo, sobre las dolencias que alegaba para retrasar su ingreso en prisión. O cómo, estando de baja médica, intervino en la sentencia del caso Faycán –un escándalo de corrupción en Canarias en el que el PP fue condenado como responsable civil subsidiario–, emitiendo un voto particular favorable a la anulación de la causa. O cómo la baja médica no le impidió disfrutar un mes antes de unas...

El auto de incoación de diligencias previas se decretó el 16 de enero de 2019, tras presentar una denuncia en el juzgado EU a finales de 2018. Y según las defensas y también ha confirmado la otra parte, la prórroga no se solicitó hasta el 30 de julio de 2019, 14 días después de que expiraran los seis meses de investigación inicial, por lo que la prórroga estaría fuera de plazo. La Audiencia acepta la petición de anulación de los acusados por una irregularidad en el proceso y absuelve a los seis procesados por fraccionamiento de contratos.

Rosell es una de las 50 personas que forman la lista de candidatos que el CGPJ envió en 2018 a las Cortes Generales para que iniciaran el proceso de renovación. En su caso, estaba avalada por la asociación Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) como titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.