Dos testimonios recogidos por EL PAÍS de personas detenidas durante el régimen de excepción del presidente Bukele en El Salvador coinciden con las denuncias de organismos de derechos humanos

En marzo del año pasado, El Salvador vivió tres jornadas en las que las pandillas asesinaron a 87 personas. El 26 de marzo Bukele pidió a la Asamblea el régimen de excepción. Se permitía asi, detener personas 15 días solo por sospecha, sin presentarlo ante un juez, y sin derecho a la defensa. Limitar el derecho de reunión y asociación, y poder intervenir las comunicaciones sin autorización judicial. Un año despues muchos barrios son oasis de paz, aunque existen críticas sobre un incremento de violaciones de los derechos humanos.

Ya comenzó el traslado de miles de delincuentes a la cárcel más grande de Latinoamérica, que se encuentra en El Salvador. Los reos fueron sacados de otros centros penitenciarios y trasladados con fuertes medidas de seguridad, como helicópteros y personal armado, para evitar fugas. La nueva cárcel es una fortaleza construida en tiempo récord, con varios perímetros de seguridad para prevenir disturbios e incidentes. Los reclusos dormirán en camas de lámina sin colchones ni almohadas.

El primer grupo de 2.000 presuntos pandilleros de El Salvador ha sido trasladado a la megacárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele a principios del mes de febrero. El enorme edificio está en el centro de la autodeclarada guerra contra el crimen de la administración salvadoreña. Decenas de miles de presuntos pandilleros han sido detenidos en el país después de que se declarase el estado de emergencia debido al aumento de los asesinatos y otros delitos violentos.

Los familiares de los detenidos bajo el Régimen de Excepción denunciaron que les exigen 170 dólares al mes para brindarle alimentos y productos básicos a los detenidos.Los negocios en las prisiones están bajo el control de un hombre de confianza del Presidente sancionado por Estados Unidos. Los familiares de los presos están obligados a comprar paquetes alimenticios y de insumos básicos, uno al mes por USD 170. No tienen otra opción; no puede llevar nada de fuera: o pagan o sus parientes no comen, no tienen acceso a papel higiénico o vestimenta

Un contrato privado donde la mujer se comprometía a «parir, criar y educar a futuras esclavas sexuales». Esta es una de las pruebas que localizó la Guardia Civil en el domicilio de Joan Salvador Sorribes i Hervás, exconcejal de Compromís en Alfafar acusado de abusos sexuales a una menor que tenían acogida. El procesado y su mujer, reconocieron la existencia de dicho contrato, aunque Sorribes lo calificó de «pura literatura». Para tratar de justificar el material pedófilo en su ordenador el exedil asegura que era para un estudio periodístico

La campaña de detenciones masivas de Nayib Bukele ha puesto a 60.000 personas tras las rejas y desarticulado a las pandillas, pero algunos temen que esta paz a corto plazo traiga problemas de largo recorrido