La Comunidad de Madrid pretende volver a sacar a concurso el servicio de laboratorio de varios hospitales públicos de la región diez años después de la primera externalización, cuando Esperanza Aguirre ocupaba la Puerta del Sol y Juan José Güemes, la Consejería de Sanidad. En el lado contrario, varios sindicatos muestran su preocupación por los trabajadores y dudan del éxito de la fórmula de dejar en manos privadas un servicio que, entienden, puede -y debe- prestar el Gobierno de Ángel Garrido

Alcoa aduce que el 40% del coste total de producción de sus plantas lo dedica al consumo energético. Aunque no cuenta que, desde su desembarco en España —en 1998, durante la primera presidencia de Aznar—, tras la compra de la empresa de participación pública Inespal por unos 400 millones de dólares, disfrutaron de los beneficios de la llamada tarifa G4 hasta el año 2008, plan que abarataba los costes energéticos a empresas con elevados niveles de consumo.

La situación de la Sanidad pública española resulta preocupante tras los últimos años de recortes acometidos por los gobiernos del PP, pero sobre todos los problemas planea una amenaza que inquieta especialmente a los expertos: la privatización de buena parte del servicio, una tendencia que se inició a finales de los años ochenta y que tiene que ver con el concepto neoliberal de la sanidad como negocio...

El gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por el PP durante más de 20 años, siempre ha apostado por la educación concertada, y en vistas de los recientes estudios electorales, lo seguirá haciendo. El exconsejero de Educación de la comunidad, Luis Peral, ha confirmado en la Asamblea que los municipios madrileños que han recibido estas instalaciones han aumentado su intención de voto sobre el partido.

España sigue teniendo deberes desde Europa. La visita de la 'troika', que se produjo los días 4 y 5 de octubre, concluye que el sector bancario ha mejorado su fortaleza y que el crecimiento económico supera la media de la eurozona. Sin embargo, los expertos de la Comisión Europea, en colaboración con personal del Banco Central Europeo (BCE), reclaman completar la privatización de Bankia y ajustes fiscales para reducir los niveles de deuda pública.

Los datos de tráfico en Madrid están, desde abril, en manos de Google, a raíz de un convenio firmado entre el Ayuntamiento de la ciudad y la empresa de visualización de datos Carto DB. El acuerdo expresa la colaboración por parte del Ayuntamiento y Carto DB en el proyecto Waze Connected Citizens Program, que, según explica el convenio, tiene como objetivo la visualización y análisis histórico de los datos de tráfico, que estarán en poder de Waze y cuya visualización se hará en la plataforma Carto.

Los laboratorios de análisis clínicos de los llamados ‘hospitales de Aguirre’ en Madrid están sumidos en la incertidumbre ante los planes de la Comunidad de Madrid. La plantilla de los análisis clínicos alerta de la situación laboral y asistencial que sufre. Garrido “se desentiende” y apuesta por seguir privatizando.Desde que se adjudicó el contrato, la Comunidad se ha desentendido,no se ha preocupado por los pliegos iniciales”. Esta trabajadora pone sobre la mesa la situación: “No se cumple el número de técnicos en plantilla,ni la presencia..

La Marea Blanca vuelve a salir a la calle. Lo hace por 71ª vez en la última década. Su objetivo, recuperar el modelo de Sanidad Pública que había en España antes de la llegada de Mariano Rajoy a La Moncloa. Los y las profesionales de la Sanidad Pública exigen la derogación de todas las leyes “que han invadido nuestro patrimonio, eliminado nuestros valores y provocado una tremenda desigualdad usando nuestro dinero”. Estas son “derogaciones fundamentales porque propician la intromisión y parasitación de la especulación en forma de empresa.

Hay nuevas formas de explotación del trabajo; lo que hay mucho, por ejemplo, es el estrés

Sí, consejera, soy un iluso al creer que un partido socialista sería el polo opuesto a la derecha cuando se trata de garantizar un servicio asistencial público y de calidad. Por lo menos en este tema, en nada se diferencian de aquellos que venden “reales a cuatro pesetas”. Ustedes han abdicado de sus responsabilidades pues están deslegitimando el artículo 31.1.20 del estatuto de autonomía de Castilla la Mancha, aprobado por Ley Orgánica 9/1982, de 10 de agosto, que confiere a la JCCM la competencia en exclusiva en asistencia social

El aumento del tráfico de casi dos dígitos, y la necesidad de 'pagar la factura de las pensiones' eleva el optimismo del Gobierno.

Las empresas estatales representan al 62% de la potencia eléctrica instalada en toda la OCDE y poseen más de la mitad de las plantas proyectadas o en construcción. Sin embargo, la agresiva privatización del sector ha dejado a España a la cola del ránking: la propiedad pública apenas genera un 5% de la energía eléctrica de la energía eléctrica producida en el país,en un indicador que solo empeora Portugal. El informe concluye que “la propiedad estatal tiene un efecto positivo en la inversión en la energía renovable en los países de la OCDE..

Un análisis sobre las conexiones entre el sector público y los grandes grupos financieros, que han conseguido que se privatice y legisle a medida de sus intereses económicos. Los vínculos entre los gestores de los planes privados de pensiones y los políticos .La estrategia del neoliberalismo es bastante clara: alcanzar la hegemonía y el prestigio intelectual para que su voz sea la única en ser escuchada. Mediante la financiación de estudios y análisis subvencionados, el movimiento neoliberal se va apropiando del discurso oficial y “experto”..

Seguramente estaré iniciando otro de esos artículos míos que pasan sin pena ni gloria. En primer lugar por ser extemporáneo. Hablar de másteres, salvo que sea para ofrecer los de las universidades privadas, llega tarde. Tras un mes de escándalo, el tema ha durado hasta hoy miércoles 25 de Abril solo porque la afectada se negaba a dimitir, cosa que acaba de hacer, pero carece ya del menor interés periodísticos. En bares y tontódromos (redes sociales) mañana se estará a otra cosa, la que dicten los medios del capital en cada ocasión.

La Unión Europea prepara un reglamento, de obligado cumplimiento para los países miembros, con el que pretende generalizar los planes privados de pensiones. Se trata de un enorme y apetitoso bocado para el capital financiero (bancos, aseguradoras…) y sus cómplices -gobiernos y sindicatos oficiales- que, al calor de los recortes de las pensiones públicas que imponen con el falaz argumento de que son ‘insostenibles’.

La Consejería de Sanidad otorgará la construcción y explotación del servicio de restauración del complejo sanitario a una empresa privada durante 15 años por 31,5 millones de euros.Según El Movimiento Asambleario de Trabajadores de Sanidad (MATS), esta decisión traerá consigo sobrecostes para las arcas públicas, bajará la calidad de los servicios prestados y acarreará la reducción y precarización de la plantilla;apuntan a la implementación del sistema de línea fría en las nuevas cocinas. Un sistema que, según el sindicato,ya ha recibido queja

Los diferentes pasos que se han dado hacia la privatización han acabado en múltiples ocasiones en grandes sobrecostes frente a lo presupuestado. Varios cargos públicos han fichado después por empresas concesionarias: es el caso de Manuel Lamela y Juan José Güemes, exconsejeros madrileños que privatizaron hospitales y servicios. La Asamblea de Madrid acordó en octubre instar al Gobierno regional a pedir una auditoría que analice los sobrecostes de los contratos de los hospitales.

En un primer momento, el PP adjudicó la gestión del alumbrado público a la empresa Nailux, la cual renunció a prestar este servicio a finales de 2016, sin cumplir con lo establecido en contrato.

Sanidad abrió una investigación tras recibir quejas de la Plataforma de Afectados por la paralización de la dispensación de los medicamentos no conveniados con Sanidad. Una paciente denunció que llevaba meses sin recibir el tratamiento y otros fueron derivados a hospitales públicos de Gandia o Xàtiva.

Algunos ayuntamientos privatizan un derecho universal como es la gestión del agua.

De acuerdo con los datos oficiales, el pago a cuenta de la cápita por paciente, a la que se sumaba o restaba posteriormente la liquidación anual resultante de otro tipo gastos de la concesionaria y de la Administración, asciende desde abril de 2003 a la actualidad a 2.104,9 millones de euros. Una cifra provisional, dado que la Generalitat reclama 105 millones a su favor de la liquidación pendiente de los años 2013, 2014 y 2015 y todavía está por hacer la liquidación de 2016, 2017 y los tres primeros meses de 2018.