"El movimiento liberalizador de la propiedad urbana ha de atemperarse, no sólo al ritmo determinado por las circunstancias económicas del país, sino también a las exigencias ineludibles de la justicia social, que constituyen la médula y razón de ser de nuestro régimen político”. Quien así se expresa es la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, que congelaba las rentas de alquiler y hacía obligatoria la prórroga de los contratos. Sin duda, una ley mucho más atrevida que la Ley de Vivienda que se está tramitando en el Congreso, que no resulta tan
