El juez del caso Tsunami, Manuel García Castellón, ha rechazado el recurso de la Fiscalía contra su decisión de proponer al Tribunal Supremo que impute a Carles Puigdemont. En un auto, García Castellón niega que esté retorciendo los hechos para imputar a Puigdemont en pleno debate de la Ley de Amnistía y acusa al Ministerio Público de hacer dejación de sus funciones, como garante del cumplimiento de la legalidad que le otorga su estatuto. El recurso también impugnaba la imputación de la dirigente de ERC Marta Rovira y otras diez personas.

La ONG de defensa de los derechos humanos lamenta que el tenista mallorquín se sume "una operación más de blanqueo de imagen deportivo".

Un nuevo informe de la Cámara plantea muchas incógnitas sobre el encaje de la ley en la Carta Magna y dice que habría que reformarla para meter una medida de este calado

Los independentistas reclaman en sus enmiendas a la ley de olvido penal eliminar el párrafo que excluye los delitos calificados como terrorismo para que afecte a los CDR y el Tsunami Democràtic

La nueva ley del Gobierno británico exonerará a los subcarteros condenados injustamente por el escándalo de Correos y sentará un precedente en la historia jurídica británica. (EFE/Andy Rain

En el primer caso, en el que el juez decide aplicar la amnistía, no solo los efectos serían inmediatos y las causas judiciales quedarían sin efectos —sentenciadas o no—, sino que, una vez amnistiados por el tribunal en cuestión, la causa quedaría extinguida sin posibilidad de revisión incluso si finalmente el TC declarara inconstitucional la ley de amnistía.En el segundo caso, si el juez decide apelar a las instancias europeas y al TC, las causas judiciales en cuestión quedarían paralizadas a la espera de respuesta

Junts ha conseguido un cuantioso botín a cambio de facilitar in extremis la aprobación del decreto ómnibus. El partido de Puigdemont ha pactado con el PSOE suprimir el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Civil que podía paralizar la aplicación de la ley de amnistía en caso de que fuera elevada a la Justicia europea. Además, una reforma de la Ley de Sociedades de Capital para revertir el decreto que favoreció la marcha de empresas de Cataluña, la delegación integral de las competencias de inmigración y la publicación de las balanzas fiscales

El partido de Puigdemont quiere perseguir a las firmas con sede diferente a su centro operativo.

El real decreto ley aprobado la semana pasada recogía compromisos adquiridos con Bruselas para 2023 y que se habían quedado pendientes por el adelanto electoral. La aprobación de esa norma fue una de las condiciones impuestas por la Comisión Europea para desembolsar una partida de 10.000 millones de euros de fondos europeos con destino a España. Junts alega, entre otras cosas, que el contenido del decreto podría facilitar la suspensión de la aplicación de la ley de amnistía a los encausados por el procés una vez que esté aprobada.

La sanidad pública andaluza pasa por los peores momentos de su historia y es un tema regional. La amnistía es un proyecto en proceso legislativo y de ámbito nacional. Las listas de espera, los cierres de centros, el desvío de dinero público a la privada, las agresiones a facultativos, etc., preocupan, y mucho, a los andaluces y andaluzas. La amnistía y el conflicto catalán, no está en el orden de las prioridades urgentes de los ciudadanos de esta tierra, la sanidad sí.

María Marín (Podemos Murcia): Ojo a la brutal lista de amnistiados e indultados por el PP: un pederasta que violó a 11 niños, la cúpula de los GAL, un narcotraficante, los hijos de Pujol...

Lo importante de una amnistía es servir como válvula de escape a una situación de tensión social que no se puede resolver por otro medio. Políticamente, alguien puede considerar que no es adecuada. Desde el punto de vista del Derecho es perfectamente asumible y no pone en peligro la democracia.

El Pleno del Congreso ha aprobado este martes, cerca de las once de la noche, la toma en consideración de la proposición de Ley de Amnistía registrada por el PSOE tras sus acuerdos de investidura con ERC y Junts. La iniciativa ha superado este primer examen con apoyo de PSOE, Sumar y sus aliados nacionalistas e independentistas, mientras que el PP, Vox, Coalición Canaria y UPN han votado en contra. En concreto, se han contabilizado 178 votos a favor de continuar la tramitación de la ley, emitidos por diputados de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu