“Debido a la gran negligencia y al interés de Iberdrola en la producción energética más barata como es la hidráulica, tres pueblos nos hemos quedado sin suministro de agua”. El alcalde de Belvís de Monroy, Marcos Pascasio, señalaba hace algunos días a Iberdrola como culpable de la falta de agua que vivió la localidad. “Ni los más viejos de lugar han conocido el embalse tan bajo”, explica el alcalde. Por convenio, Iberdrola no puede permitir que el agua baje de la cota 290, que es justo donde han dejado el nivel.

Un agente de bienes raíces negro estaba mostrando una casa a un hombre negro y a su hijo de 15 años en un suburbio de Michigan la semana pasada cuando miraron afuera y vieron a agentes de policía rodeando la propiedad con sus armas en la mano. "Sabía que una vez que rodearon la casa se estaban preparando para un enfrentamiento", dijo el padre, Roy Thorne, a Don Lemon de CNN el viernes. "Y entonces mi instinto me dijo que teníamos que salir de aquí, tenemos que llegar a donde puedan ver que no somos una amenaza". Un vecino había llamado a las…

A pesar de adeudar un millón de euros a Hacienda, tras ser condenado en firme, a Carlos Fabra y a su círculo más estrecho no les faltan bienes inmobiliarios en su cartera familiar. El expolítico del PP, además de su ex esposa, su hija y su exasesor y supuesto testaferro, poseen 41 fincas repartidas en toda España, según acredita un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional.

La iniciativa del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu y el Grupo Parlamentario Republicano ha sido respaldada por el PNV, Bildu, ERC, Junts per Cataluña y Unidas Podemos.

La Audiencia Provincial de La Coruña ha rechazado las medidas cautelares dictadas por por Marta Canales, la juez de primera instancia, por las que se entregan todos los bienes que estuviesen en el interior del Pazo de Meirás al Estado. Además, ha ordenado al Estado que indemnice a los Franco por haber privado del uso y disfrute de estos bienes desde el pasado mes de diciembre.

Isabel Díaz Ayuso ocultó en su declaración de bienes ante la Asamblea de Madrid el nombre de la empresa que le pertenece al 50%. Y al hacerlo –en la declaración inicial de 2019 y en la que acaba de publicarse esta semana como cierre de legislatura– infringió la propia normativa de la Cámara regional. Porque la norma emanada de la Asamblea de Madrid obliga expresamente a los diputados a indicar "el nombre de la sociedad o la entidad" con la que mantienen vínculos accionariales si esta no cotiza en Bolsa o en algún otro mercado organizado.

La identificación por parte del Gobierno de los 35.000 inmuebles que la Iglesia Católica habría inmatriculado a su nombre entre 1998 y 2015 comienza a tener repercusiones políticas. Unidas Podemos ha instado hoy a “recuperar para el dominio público los bienes” que la congregación apuntó a su nombre en los registros de la propiedad en virtud de la potestad que le daba la ley hipotecaria aprobada por el Ejecutivo de José María Aznar.

Las propiedades se diseminan por todo el territorio, aunque la concentración es llamativa en Galicia, algunas zonas de Castilla y León y Catalunya. En Galicia son 4.300 los bienes que se han puesto a nombre eclesiástico que no son ni templos ni sus dependencias, cosa que la sitúa como la comunidad con más inmatriculaciones de este tipo. En Castilla y León, garajes, viviendas, huertos o fincas suman 4.000 inmatriculaciones. Las provincias de Soria y Zamora concentran las localidades donde estos bienes son la mayoría de lo que la Iglesia

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha criticado en una nota que "se dio potestad a curas y obispos para realizar labores de notarios y poder inmatricularse las propiedades mancomunales. Algo inadmisible en un Estado laico". En este sentido ha asegurado que "tener la capacidad por parte de los religiosos para hacerse con nuestros frontones, con viñedos, garajes, pisos en la playa o castillos sólo tiene un nombre: expolio".

El Gobierno publicó esta semana el listado con los 34.961 bienes que fueron inmatriculados por la Iglesia entre 1998 y 2015, y entre los que se encuentran muchas de las grandes catedrales españolas. Mientras en España la Iglesia tiene la titularidad de estos templos de culto, que también son bienes de interés cultural y patrimonial, en media Europa ocurre justo al contrario: las catedrales de Notre Dame, de Lisboa o de Colonia, por citar algunos ejemplos, son propiedad del Estado aunque el uso religioso está cedido a la Iglesia.