Hace un año de la entrada en vigor de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda con modificación del artículo 20 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1994 que señala que “Los gastos de gestión inmobiliaria y los de formalización del contrato serán a cargo del arrendador“. Ante las denuncias de cobros indebidos el ministerio no ha anunciado la apertura de ningún expediente sancionador a inmobiliarias infractoras que operen en más de una comunidad autónoma, sobre las que tiene competencias para multar.

La explosión del alquiler por habitaciones está cambiando las casas en España: por qué el salón de casa empieza a estar en peligro de extinción

Este jueves se iba a afrontar el debate de totalidad en el Pleno del Congreso con las enmiendas presentadas por Junts, ERC y Podemos, que serán apoyadas por Sumar, pero finalmente se retira

Uno de los principales temas que se trató en los salones del Cabogata Beach Hotel fue la competencia desleal que el sector hotelero entiende que está sufriendo a través de las viviendas de uso turístico. “Existe una doble vara de medir, la normativa para los hoteles es muy exigente, mientras que para las viviendas turísticas es laxa. Tienen muy pocos controles, muy pocas inspecciones”, denunciaba Sánchez-Fortún que ponía ejemplos que considera sangrantes: “En los hoteles, las inspecciones piden, entre otras muchas cosas, informes ergonómicos...

España se enfrenta a innumerables desafíos en el medio y largo plazo: baja productividad, elevada deuda pública, un mercado laboral disfuncional, unas pensiones con un futuro incierto... Sin embargo, la economía española ha demostrado que puede salir adelante incluso en las circunstancias más adversas. Un buen ejemplo de ello es la crisis del covid, que atacó directamente a los pilares que sostenían la economía española. Más de cuatro años después, se puede decir que la economía de España ha sido una de las que mejor se ha recuperado.

Los sindicatos piden baños exclusivos en todas las cabeceras de línea, porque de momento solo tienen 60 y han de utilizar los públicos, cuyas condiciones de salubridad son “indignas”. Han presentado una denuncia en los tribunales por incumplir la legislación de prevención de riesgos laborales.

“Se solicita que se implemente -a partir de las 00:00 horas del 21 de mayo del corriente el bloqueo de todas la redes y la página web de TVP, RN, las emisoras del interior, FM Clásica, FM Rock, FM Folclórica, y se proceda a la implementación del Escudo Nacional bajo la leyenda ”Página en reconstrucción“, dice una nota interna. Se incluye, además, la orden de “suspender todo tipo de transmisión y/o emisión en redes sociales de contenidos hasta que se establezcan los cambios de criterios”.

Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que la duración mínima de los contratos de alquiler sea de diez años y de doce cuando el propietario sea una persona jurídica, con el objetivo de garantizar la vivienda como un derecho. Entre las medidas que incorpora la propuesta figuran la congelación de los alquileres durante toda la legislatura.

El peso del sector turístico en nuestra economía es cada vez mayor. El pasado año, con el 12,8% del PIB, batió récords históricos, y este año se espera que supere el 13%. ¿Pero qué pasaría si de repente se pinchara esa jugosa burbuja del turismo? José Mansilla es antropólogo social y profesor de la UAB y lleva décadas investigando el fenómeno del turismo.

A los grupos hospitalarios como Quirón, HM o Vithas les sale rentable construir nuevos centros para "absorber la demanda" de pacientes que, ante las largas esperas en la pública, pagan un seguro de salud

Suena estúpido, ¿verdad? Pues esa ciudad no está tan lejos. A 10 kilómetros del centro del mundo mediático, concretamente: la Puerta del Sol. Los nuevos desarrollos del este y sur de Madrid, en los que se van a construir 120.000 viviendas, acogerán a unos 300.000 habitantes, la mayoría de ellos jóvenes cuyas necesidades de movilidad son mayoritariamente hacia fuera de estos barrios, ya que en ellos apenas hay suelo para oficinas o industrias, no hablemos ya de cultura, ocio y esparcimiento.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con condenado al Servicio Andaluz de Salud a indemnizar al paciente con 54.000 euros y advierte de que "para salir de la duda una prueba básica como la radiografía" era "elemental" en la primera asistencia

En 2010 Madrid destinaba 572.220 euros a conciertos sanitarios. En 2022 esta cantidad se eleva hasta 1.377.419 euros. Esto es, en 12 años la sanidad madrileña ha incrementado un 140% el gasto en privatizaciones sanitarias en el área hospitalaria, la principal protagonista de las conocidas como "colaboraciones público-privadas”.

Mónica García, ministra de Sanidad y antaño líder de las mareas blancas, asiste a la marcha este domingo. Lo hace convencida de que en Madrid las cosas son mejorables y que en gran parte es competencia del Gobierno regional hacerlo. Los convocantes denuncian que los centros de salud y hospitales siguen sin personal suficiente y que en la región los profesionales cuentan "con las peores condiciones salariales de España", además de criticar la "privatización" de la sanidad pública madrileña.

Se decidió prohibir todos los alquileres de menos de 30 días, y se apostó por una campaña de persecución contra los ilegales.

Si enciendes la televisión en EE.UU. es probable que traten de venderte un medicamento para las más diversas afecciones: obesidad, depresión, diabetes, disfunción eréctil, VIH o cáncer. Las farmacéuticas gastaron US$1.680 millones en publicidad en 2022 solo para los 10 medicamentos más anunciados, entre ellos el antidiabético adelgazante Ozempic y otros para pólipos nasales o artritis reumatoide. La publicidad directa al consumidor de productos que se venden bajo receta médica está prohibida en todo el mundo excepto en EE.UU. y Nueva Zelanda.

La Ley 15/97, camuflada como colaboración público-privada, ha abierto las puertas a la privatización y corrupción en la sanidad. En lugar de mejorar la eficiencia, ha enriquecido a políticos y empresas privadas a costa del bienestar público.