La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha descartado este martes que el Gobierno vaya a reabrir del debate de sobre la prisión permanente revisable porque la sociedad "no merece" que se le genere incertidumbre y porque el Tribunal Constitucional "ya ha hablado". Llop se ha pronunciado así en la sesión de control al Gobierno en el Senado en respuesta al senador del PNV Imanol Landa, cuyo partido mantiene la exigencia de derogar una medida aprobada en 2015 con el único apoyo del PP y que fue recurrida ante el Constitucional.

Desde marzo de 2020, Enrique Arnaldo forma parte del Consejo de Administración del Centro de Asuntos Taurinos de la Comunidad de Madrid, un nombramiento que fue propuesto por la Consejería de Presidencia, por entonces dirigida por María Eugenia Carballedo, actual presidenta de la Asamblea de Madrid y que, además, contó con la firma de Isabel Díaz Ayuso porque ese cargo debe ser ratificado por su Consejo de Gobierno. Y así lo hizo el pasado 11 de marzo de 2020.

La formación ultraderechista instó en abril de 2020 al Gobierno a "suspender" los cambios de custodia de menores para que permanecieran "hasta el término del estado de alarma" con el progenitor con que estuvieran en ese momento. Reclamó también "delimitar los casos" en que se considerase autorizada la prestación del servicio de peluquería a domicilio. Diez días más tarde, impugnó el decreto con el argumento de que vulneraba el derecho a la libertad de circulación y la de residencia y volvió luego a recurrir el segundo estado de alarma.

Hasta que no sean ratificados por el Parlamento en noviembre no podrán participar en los plenos del tribunal de garantías

Enrique Arnaldo anunció al expresidente de Madrid cuando ya estaba imputado por su ático de Estepona que se estaba "moviendo" para que el nuevo jefe del ministerio público fuera "bueno", pero le contó algo más: que el cambio en la Audiencia Nacional

El secretario general del Congreso y letrado mayor de la institución, Carlos Gutiérrez Vicén, ha avalado este lunes por escrito la decisión adoptada el pasado viernes por la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, de ejecutar la sentencia contra el ya ex diputado de Unidas Podemos Alberto Rodríguez que comportaba la pérdida de su escaño, y lo ha hecho amparándose tanto en la aclaración realizada por el propio Tribunal Supremo como en la doctrina del Tribunal Constitucional.

No es un genovés cualquiera. Lleva años acumulando méritos para formar parte del Tribunal Constitucional. Trayectoria académica y profesional no le faltan. Es todo un referente en la sombra de los clanes judiciales y jurídicos que forman parte de la telaraña genovesa que tienen atrapadas a las máximas instituciones del Estado.

En la demanda de amparo, los recurrentes alegaron que la repetición del juicio ordenada por el Tribunal Supremo vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva desde la perspectiva de la garantía de interdicción del doble enjuiciamiento en relación con el principio de seguridad jurídica, en un supuesto en el que las penas en su día impuestas a los demandantes (prisión e inhabilitación especial) ya han sido cumplidas.

El Constitucional reabre una de las causas más conocidas de las protestas que se produjeron tras la sentencia del procés, en octubre de 2019. El tribunal ha revocado la decisión de un juez de Barcelona que archivó una querella por malos tratos interpuesta por un menor detenido contra agentes de la Policía Nacional. Según indica el auto, al que ha tenido acceso este diario, los magistrados consideran que no se ha respetado el derecho a la tutela judicial efectiva del demandante, Guillem S., conocido como "el chico de la sudadera naranja".

El BOE de hoy recoge una resolución de la Delegación del Gobierno en Illes Balears que archiva 243 procedimientos sancionadores abiertos contra personas que incumplieron las prohibiciones de movilidad establecidas en el primer estado de alarma. Responde así a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anuló el confinamiento del primer estado de alarma. En todos los casos, los procedimientos sancionadores se abrieron por desobediencia a la autoridad, una infracción grave de la Ley de Seguridad Ciudadana.

El Tribunal Constitucional ha anunciado este miércoles que avala la prisión permanente revisable. El pleno del Alto Tribunal ha respaldado la medida que aprobó el Gobierno del Partido Popular y ha tumbado los recursos que interpuso la entonces oposición (PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD, PNV y el Grupo Mixto). Según ha avanzado El Mundo, la tesis favorable a la medida, planteada por la magistrada Encarnación Roca, ha salido adelante por siete votos a favor y tres en contra.

La medida ha obtenido el aval del TC con siete votos a favor y tres en contra

El tribunal desestima los recursos del expresidente catalán y los exconsellers Antoni Comín, Clara Ponsatí y Lluís Puig

El Tribunal Constitucional ha decidido anular la suspensión de la actividad del Congreso y el Senado decretada en las primeras semanas del estado de alarma en 2020. Los jueces han decidido apoyar el recurso de Vox con seis votos a favor y cuatro en contra. El partido ultraderechista recurrió la medida después de pedir por carta a la presidenta de la cámara baja, Meritxell Batet, que anulase la agenda del Congreso.

El Tribunal Constitucional estudiará desde este martes en el pleno el recurso de amparo presentado por el expresident de la Generalitat Carles Puigdemont contra el auto del Tribunal Supremo que confirmaba la resolución del juez instructor del procés, Pablo Llarena, de mantener la situación de rebeldía del expresident y de los exconsellers en el exilio. En el mismo auto, el Supremo también ratificaba la aplicación del artículo 384 bis de la ley de enjuiciamiento criminal (LECrim)

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado inconstitucional parte del Real Decreto-ley de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo, aprobado en 2017 por el Gobierno de Mariano Rajoy. El Pleno del TC ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de cincuenta diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú […]

Los populares consideran que la ley impugnada vulnera varios preceptos de la Constitución como el derecho a la vida.

La mayoría conservadora sostiene que se vulneró el derecho al control parlamentario del Gobierno entre marzo y abril de 2020.

El Tribunal Constitucional ha dictado una importantísima sentencia en la que establece que la imposibilidad de impugnar individualmente la existencia de las causas motivadoras de un despido colectivo cuando el periodo de consultas haya finalizado con acuerdo supone una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva.

La sentencia del TC que tachó de inconstitucional el confinamiento bajo el paraguas jurídico del estado de alarma ha alterado el destino de miles de boletines que serán anulados. Los despachos de abogados ya han comenzado a sentir este "aluvión", según lo definen, de reclamaciones de ciudadanos que fueron multados. Desde el 14 de marzo hasta el 21 de junio, el Estado impuso 1.142.127 propuestas de sanción, aunque no todas fueron por saltarse el confinamiento, que son las que ahora podrían ser anuladas.

El magistrado del Tribunal Constitucional Juan Antonio Xiol, perteneciente al sector progresista de este órgano, señala en su voto discrepante con la sentencia que declaró inconstitucionales varios artículos del decreto de estado de alarma de marzo de 2020 que la postura mayoritaria de este órgano, al señalar que hubiera sido preciso declarar estado de excepción, "supone dejar al Gobierno inerme ante situaciones de emergencia que tuvieran una duración superior a 60 días, que es el tiempo máximo en el que puede aplicarse este instrumento jurídic

La sentencia que considera inconstitucional el estado de alarma decretado por el Gobierno en marzo de 2020 para combatir la crisis sanitaria prescindió de varios párrafos de la ponencia inicial que se mostraban comprensivos con la voluntad del Gobierno para salvar vidas, si bien eso no afectaba al sentido final del fallo del Tribunal Constitucional.

Para darnos cuenta del disparate del fallo, basta con imaginarnos el terremoto político que se hubiera producido de haber optado en aquel momento el Gobierno por el estado de excepción. Lo menos que se habría dicho de Pedro Sánchez sería que actuaba como un dictador (socialista, comunista, chavista, venezolano, bolivariano, castrista, ateo, filo etarra, ilegítimo, okupa y enemigo de España, términos todos estos que, en una u otra ocasión se han escuchado desde la bancada extremista).

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, discrepa de la opinión mayoritaria del tribunal sobre la inconstitucionalidad.