La comisión ciudadana por la verdad sobre las residencias de Madrid ha expuesto un informe contundente que ilumina las sombrías decisiones del Gobierno regional, dirigido por Isabel Díaz Ayuso, durante la pandemia de COVID-19. Con una meticulosa investigación respaldada por testimonios de afectados, personal de residencias, y expertos, la comisión desvela cómo las acciones y omisiones del gobierno pudieron haber costado la vida de más de 4.000 residentes mayores que, de haberse gestionado adecuadamente, podrían haberse salvado.

El Ayuntamiento de Madrid había dado el permiso por escrito a una charla sobre las muertes en residencias en pandemia, pero a tres días del acto lo canceló sin exponer un motivo claro. María Jesús Valero, de Marea de Residencias, Javier Cordón, de Verdad y Justicia, y el periodista Manuel Rico eran los ponentes de la charla 'Residencias, así se dejó morir a nuestros mayores'.

En concreto se señala que a los residentes se les "denegó el deber de socorro". El tribunal, dirigido e integrado por personas de reconocido prestigio como el magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, denuncia "criterios discriminatorios para las derivaciones a centros hospitalarios", como la falta de seguro privado o que padecían algún tipo de deterioro cognitivo o discapacidad física. El demoledor informe ha avivado las críticas.

El propietario de los terrenos del campo santo se jubila y lleva 4 años avisando de que va a cerrar, pero el consistorio, que en un principio le ofreció 400.000 euros ya solo le ofrece 70.000, una cantidad por la que el dueño no está dispuesto a vender. Una de las vecinas, ha asegurado que el cementerio ha dejado de ser un negocio porque han aumentado mucho las incineraciones en el pueblo. "Vendía los nichos como si fueran de oro". En ningún momento se ha encargado del mantenimiento del cementerio, a pesar de que los vecinos lo pagaban.

Montse recuerda lo que ocurrió aquellos fatídicos meses de marzo y abril de 2020. Mientras España se cerraba para controlar el coronavirus, ella luchaba para saber cómo se encontraba su madre, Francisca, interna en una residencia a sus 87 años y alzheimer avanzado. Francisca murió el 11 de abril. “Yo todavía el duelo no lo he vivido, no he llorado prácticamente por mi madre. No he cerrado ese capítulo porque a mí nadie me ha dado explicaciones". “Mi madre sufrió al morir. Murió como si sacas a un pez del agua y le vas dejando ahí".

El Ayuntamiento de Gijón está dando los primeros pasos para la necesaria modificación parcial del PGO con idea de agilizar «al máximo» la licencia

La inesperada reunión entre el ex primer ministro británico y Nicolás Maduro abordó la guerra en Ucrania y las elecciones libres en Venezuela.

El Gobierno andaluz financiará los contratos a dedo y sin publicidad con la sanidad privada con fondos que, en buena parte, se detraen del propio Servicio Andaluz de Salud (SAS).

El PP de la Comunidad de Madrid ha reaccionado a un mensaje del periodista Manuel Rico, que desveló en infoLibre en junio de 2020 la existencia de este protocolo, sobre la noticia de que los conservadores y Vox se unieron para tumbar en la Asamblea la comisión de de estudio sobre las residencias de mayores durante la pandemia. "Qué políticos más raros: están orgullosísimos de la gestión que hicieron, pero no quieren que se conozca", tuiteó el lunes por la noche el periodista.

El 22,8% de los partos en los hospitales privados son instrumentales, frente al 14,7% de los públicos. Una diferencia que también se observa en la tasa media de cesáreas realizadas, que llega al 34,48% en los centros privados.

La actual consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, fue la persona encargada de firmar el contrato del hermano de la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para traer mascarillas en lo peor de la pandemia a través de la empresa de un amigo de la familia, tal y como ha podido saber ElPlural.com. Un contrato no exento de polémica y que fue firmado por Dávila cuando ésta ocupaba el cargo de viceconsejera de Asistencia Sanitaria, puesto que ostentó entre septiembre de 2019 y octubre de 2020.

El celador, ya detenido, trabajaba en una residencia de San Sebastián de los Reyes, Madrid, y sus víctimas tenían 90 y 100 años. La residente de 100 años fue la primera en denunciar la agresión y fue entonces cuando tan solo se actuó cambiando al presunto agresor de planta. Poco después, otra residente de 90 realizó otra denuncia por el mismo motivo, y el centro puso en alerta a la Policía de lo que estaba ocurriendo. Los agentes no descartan que todavía se puedan conocer más víctimas y por ello repasan toda su vida laboral.

Una intervención de Carmen López, de Marea de Residencias, en la Comisión de Asuntos Sociales, ha desatado la tensión. “Vienen a intentar retorcer el dolor”, ha llegado a decir una diputada del PP a la mujer, que vio morir a su madre en 2020

ElPlural.com ha tenido acceso a conversaciones entre Laura Grela Rego quien, junto a su hermana Marta, ha llevado por primera vez la gestión de las residencias de la Comunidad de Madrid a la Audiencia Nacional. Todos los detalles quedan explicados por este medio en otro artículo. Lo que el lector puede ver y escuchar en las presentes líneas es el diálogo entre la hija y una doctora del centro de mayores Orpea, en Villanueva de la Cañada. En él, los protocolos de la vergüenza -firmados los días 20, 24, 24 y 25 de marzo- que impidieron el trasl..